El ministro de Defensa, Luis Petri, vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Esta vez, por un intento de desprenderse de 13.000 hectáreas estratégicas del Ejército en La Calera, Córdoba, un área de altísimo valor inmobiliario rodeada de barrios privados y proyectos de lujo.
La maniobra, que nunca fue formalizada, ya generó un fuerte pedido de explicaciones en el Congreso y reavivó las sospechas sobre el rumbo de su gestión.
El diputado del PRO, Oscar Agost Carreño, presentó un pedido formal para que Petri dé cuenta de la operación. Según advirtió, el plan despierta serias dudas por tratarse de un posible negocio privado a costa del patrimonio estatal. El interrogante es inevitable: ¿qué gana el Estado desprendiéndose de tierras militares estratégicas en una zona tan codiciada? Para muchos, la respuesta es clara: se trataría de una nueva privatización encubierta, bajo el eufemismo de “optimización de recursos”.
EXPLICACIONES YA‼️
— Oscar Agost Carreño (@oagost) September 12, 2025
Desde ámbitos militares nos llegó una alerta grave sobre la posible venta o cesión de 13.000 hectáreas en el camino a La Calera. Se habla de negociaciones bajo la mesa, como canjes impositivos o de deuda, sin definición clara de Defensa ni del Ministerio… pic.twitter.com/Te1KGyVMrZ
El caso de La Calera encaja a la perfección con el manual del gobierno de Javier Milei, dispuesto a rematar activos estatales sin medir costos políticos ni patrimoniales. Pero la polémica llega en el peor momento para Petri, quien ya enfrenta un escenario crítico dentro y fuera de su ministerio.
La obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) se encuentra al borde del colapso financiero, con denuncias internas que responsabilizan directamente a su conducción. A esto se suma una investigación judicial sobre contrataciones con la droguería Suizo-Argentina, que pone bajo sospecha a la cartera de Defensa por posibles hechos de corrupción. Y como si fuera poco, Petri sostiene una doble agenda: la de ministro y la de candidato a diputado por Mendoza, un cruce de intereses que mina su credibilidad.
La venta de las 13.000 hectáreas promete convertirse en un nuevo campo de batalla político. Varios bloques legislativos ya advirtieron sobre el riesgo de desprenderse de bienes estratégicos de las Fuerzas Armadas para favorecer negocios privados. Lo que está en juego no es solo el patrimonio militar, sino también la transparencia de un ministerio que acumula denuncias y parece más enfocado en maniobras políticas que en defender los recursos del Estado.
En este escenario, la figura de Luis Petri se tambalea entre sospechas de corrupción, mala gestión y oportunismo electoral. Lo que debería ser una conducción firme al servicio del interés nacional se convierte, cada vez más, en un símbolo de crisis y desconfianza en el gobierno de Javier Milei.
Fuente: Primereando Las Noticias
