El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) vuelve a quedar en el centro de la polémica por las demoras en modificar la metodología con la que mide la inflación. Pese a los anuncios oficiales sobre la necesidad de “modernizar” el índice, la actualización quedó postergada sin plazos claros, lo que genera dudas sobre la transparencia de los datos y sobre la verdadera dimensión de la suba de precios que sufren los argentinos.
El retraso no es menor: economistas advierten que la canasta de referencia con la que se mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya está desfasada respecto del consumo real de los hogares. Con tecnologías, servicios y patrones de gasto que cambiaron radicalmente en los últimos años, seguir usando parámetros viejos implica maquillar la inflación y ofrecer una radiografía incompleta de la economía.
Desde el Gobierno intentan justificar la demora con argumentos técnicos y presupuestarios, pero lo cierto es que detrás subyace un problema político. El Ejecutivo teme que un cambio metodológico exponga una inflación mayor a la que hoy reporta el INDEC y que eso dinamite el relato de que el plan de ajuste está funcionando. Así, la postergación se convierte en una decisión funcional al oficialismo, aunque implique un retroceso en términos de calidad estadística.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue atada a cifras oficiales que no reflejan con precisión el impacto de la inflación en la vida cotidiana. La demora en la actualización del IPC erosiona la credibilidad del INDEC y alimenta las sospechas de manipulación. En un país marcado por la desconfianza hacia las estadísticas públicas, la falta de transparencia no hace más que profundizar la distancia entre lo que dice el Gobierno y lo que sienten los consumidores cada vez que van al supermercado.
Fuente: Primereando Las Noticias
