El concejal Sergio Piguillem, columnista de actualidad en el programa “Estamos Mal Pero Vamos Bien” (lunes a viernes de 10 a 12 hs. por Multimedio Mordisquito en YouTube), analizó en una entrevista reciente el complejo debate sobre la regulación de las aplicaciones de transporte en la ciudad de Córdoba. Piguillem, perteneciente al bloque de la UCR, ofreció una mirada detallada del proceso, que lleva ya tres meses y medio, destacando avances y retrocesos en la discusión.
Inicialmente, se presentaron cuatro proyectos: uno del oficialismo y tres de la oposición (UCR, concejala Jessica Yapur y concejal Gabriel Huespe). Un despacho mayoritario, votado solo por el oficialismo, incorporó modificaciones propuestas por la oposición, pero dejó puntos cruciales sin resolver. El oficialismo, sorprendentemente, devolvió el despacho a comisión, lo que, según Piguillem, permitió incorporar las perspectivas de choferes de apps, empresas (Didi, Cabify y Uber), y el sistema Gtaxi de Rosario.
Se logró un avance significativo al definir la naturaleza jurídica del sistema. Inicialmente, el oficialismo lo consideraba transporte público, mientras que la oposición, apoyada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, lo definió como un sistema privado de interés público. Este punto fue finalmente consensuado, incorporando los artículos 1 y 2 del proyecto de la UCR.
En cuanto a los requisitos, se acordó que las empresas de aplicaciones deban tener domicilio en Córdoba, inscripciones en Arca, DGR y la tasa municipal, y exigir certificados de antecedentes penales a los choferes (nacional y provincial). Piguillem señaló la burocracia en la obtención del certificado provincial, con una validez de solo tres meses, y abogó por una simplificación para agilizar el proceso.
La antigüedad de los vehículos es otro punto conflictivo. Mientras el oficialismo y la oposición proponen un límite de 10 años, las empresas argumentan que el parque automotor de Córdoba supera los 14 años. Piguillem defendió el límite de 10 años por razones de seguridad, reconociendo que muchos choferes con vehículos más antiguos se verían afectados, y sugirió la necesidad de créditos blandos para facilitar la renovación del parque automotor. Se mencionó que Uber, por ejemplo, permite vehículos de hasta 20 años de antigüedad.
La inspección técnica vehicular (ITV) también genera debate. El oficialismo propone una ITV cada cuatro meses, mientras que la oposición, considerando la naturaleza privada del servicio, propone una periodicidad anual, igual a la de los vehículos particulares. Se llegó a un consenso sobre un ploteo mínimo para la identificación de los vehículos. En cuanto a las tarifas, se acordó un piso mínimo equivalente al precio de un boleto de colectivo, permitiendo una tarifa dinámica según la oferta y la demanda.
El punto más crítico es el cupo. El proyecto oficialista propone un vehículo por cada 379 habitantes (aproximadamente 4000 vehículos), una medida rechazada por la oposición y las empresas, argumentando que reduciría la oferta, aumentaría los precios y dejaría sin cobertura a los barrios más vulnerables. Piguillem enfatizó que la imposición de un cupo desvirtuaría el sistema, generando una competencia limitada y concentrando los servicios en zonas de mayor rentabilidad.
Finalmente, Piguillem abogó por un debate integral del sistema de transporte, incluyendo taxis, remises y el transporte público de colectivos, considerando que la alta demanda de las aplicaciones se debe a las deficiencias del sistema actual. Propuso discutir las tres ordenanzas conjuntamente para lograr un equilibrio entre todos los actores. Se mencionó la posibilidad de manifestaciones de taxistas y remiseros, y se hizo un llamado a la protesta pacífica y al diálogo. La entrevista concluyó con la expectativa de una votación en el Concejo Deliberante el jueves, y la incertidumbre sobre la postura de las empresas ante la posible imposición de un cupo.
