Luego de los reclamos de los vecinos de Villa del Parque para salvar un histórico chalet barrial, un fallo judicial decidió ponerle un freno a la demolición de la propiedad de Campana y José Pedro Varela por irregularidades en la autorización que otorgó el gobierno porteño.
Basta de Demoler, Buenos Aires Perdida y Conciencia Urbana Comuna 11 (a la que pertenece Villa del Parque) celebraron la decisión jurídica sobre el inmueble de Campana 3406 y resaltaron que el argumento del fallo se basa en la desprotección legal del inmueble decidida “a dedo por la Subsecretaría de Gestión Urbana”.
Las organizaciones explicaron que la casona era parte del Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad, por lo que “contaba con protección de Nivel Cautelar según el Código Urbanístico porteño, debido a su valor arquitectónico e histórico”. De esta forma, legalmente estaba imposibilitada la demolición del edificio. “Sin embargo, la Subsecretaría de Gestión Urbana del GCBA desafectó la casona de esta protección” mediante una resolución que autorizaba que se tirara abajo.
Las entidades vecinales advirtieron que se había tomado esa resolución por un pedido “presentado fuera de plazo por la empresa propietaria, Distrito DVT Real Estate SA”. Parte de los cuestionamientos recayeron en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), que había decidido desafectar el domicilio identitario de Villa del Parque de su protección correspondiente. Frente a esta decisión se posicionaron la Comisión Nacional de Monumentos y la Comisión de la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de CABA, entre otros espacios.
En el mismo sentido actuó Jonatan Baldiviezo, abogado y responsable del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, quien presentó la acción de amparo que denunciaba la violación del procedimiento legal y la falta de participación ciudadana para decidir. De esta forma, las organizaciones coincidieron en que así se abrió “un debate crucial sobre el derecho ciudadano a participar en decisiones urbanísticas”.
La alegría del barrio
Yamila Rambaldi, una integrante de Basta de Demoler que administra la cuenta Buenos Aires Perdida, celebró la decisión. “Estamos extasiados, felices, muy contentos todos los grupos vecinales”, afirmó a Página 12.
Rambaldi también destacó que la rápida coordinación fue “lo que posibilitó también que no lo hubieran demolido en el momento en el que salió el amparo”, aunque lamentó que de estos casos “no te enterás hasta que ponen un cartel de venta” y reclamó que este tema “tendría que haber pasado antes por los vecinos”.
La activista de Basta de Demoler también mencionó que “una de las razones por las cuales se da lugar al amparo es que una vez que el inmueble pasaba al catálogo preventivo (lo que ocurrió en 2014), había 60 días para que el dueño quisiera sacarlo”, algo que no sucedió porque el inmueble fue comprado en 2021, los nuevos dueños ilegalmente pidieron sacarlo y recién se levantó la protección en 2023, nueve años más tarde. Además, Rambaldi cuestionó que “los vecinos no tenemos ni participación, y se tuvo en cuenta eso también, junto a todas las irregularidades” del proceso.
La administradora de Buenos Aires Perdida asegura que el del chalet no es el único ejemplo que reúne estas irregularidades. “Hay muchos casos como el de esta casa que estaban en el catálogo preventivo y que después la sacan, de los cuales no nos enteramos”, cuestiona Rambaldi, por lo que considera al de Campana 3406 como “un caso testigo” y como “un logro vecinal”. Por último la activista de Basta de Demoler pidió que este caso “siente un precedente” y que el CAAP sea compuesto, al menos en parte, por asociaciones vecinales.
Guillermo Pizarro, integrante de Conciencia Urbana Comuna 11, también coincidió en que “la noticia se tomó muy bien, se tomó como un triunfo, sobre todo porque no se suele dar seguido. Fue como un empujón”. De todas formas, advirtió que “veremos si queda fijo”, dado que esta decisión de la Justicia porteña no clausura el debate en esta situación.
El activista y vecino de Villa del Parque catalogó como “muy burdo” que sea el mismo comprador del domicilio quien pidiera que se demoliera, aunque lamentó que muchos otros domicilios no tienen la misma protección que este chalet. En ese sentido, llamó a “luchar por la madre de las batallas, que es el Código Urbanístico”.
Además, Pizarro explicó que los agrupados en Conciencia Urbana que más cerca vivían del lugar de los hechos tenían la tarea de reclamar en la esquina para visibilizar esta problemática desde el abrazo ocurrido el jueves 5 de junio. “La verdad que los vecinos se quedaban a ver y a leer”, afirmó.
Liliana Pagliano, también de Conciencia Urbana Comuna 11, destacó que según el fallo Distrito DVT Real Estate SA “tiene 15 días para presentar alguna defensa al respecto de esta medida precautelar”. Una vez que se realice la presentación, es decir, con las partes notificadas, el tribunal podrá comenzar con las audiencias y demás pasos para tomar una resolución definitiva.
Entre otras irregularidades, el fallo destaca que el GCBA incumplió su obligación de “remitir el proyecto de ley para el tratamiento legislativo de la protección patrimonial del inmueble”. Por otro lado, el tribunal advirtió que la desafectación “no respetó el derecho a la participación ciudadana”, violando normas constitucionales, la Constitución de la Ciudad y tratados internacionales.
Fuente: CABA
