Por decisión de la jueza federal de San Martín Alicia Vence, el Gobierno de Javier Milei no podrá hacer modificaciones al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) sin avisarle al Poder Judicial.
La decisión de la magistrada tiene origen en una presentación que realizó Abuelas de Plaza de Mayo después de que la administración libertaria interviniera el organismo donde se almacenan las muestras genéticas para identificar a los bebés que fueron robados durante la última dictadura, detalló Página12.
E 23 de mayo pasado, en un avance contra las políticas de Derechos Humanos, el Gobierno nacional oficializó la transformación del BNDG en un organismo “desconcentrado” para que funcione bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, de acuerdo al Decreto 351/2025 publicado en el Boletín Oficial.
Se trata del organismo donde confluyen la ciencia, la memoria y la defensa de los derechos humanos: tres pilares que durante las últimas décadas gozaron de legitimidad social y política.
Fue creado en 1987 durante la presidencia de Raúl Alfonsín y por iniciativa de Abuelas, actualmente el BNDG se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, advirtió la organización mediante una presentación que hizo ante el juzgado de Vence, donde se investigan los crímenes cometidos en la jurisdicción de Campo de Mayo –la principal guarnición militar del país y donde funcionaron, al menos, cinco centros clandestinos de detención. Se calcula que allí estuvieron secuestradas, al menos, 30 mujeres embarazadas.
Existen al menos tres razones por las cuales el futuro del BNDG está en riesgo: el desfinanciamiento, la falta de autoridades y en tercer lugar, a través del decreto 351, el Gobierno lo convirtió en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, lo cual, para la organización de derechos humanos, habilitó una intervención de facto del BNDG y le hizo perder autonomía. A su vez, uno de los grandes temores es el futuro de las muestras que proveyeron las familias que buscan a los bebés robados durante la dictadura.
Para Abuelas el decreto 351 habilitó una intervención de facto del BNDG. Le hizo perder autonomía. Además, existe un gran temor por lo que pudiera pasar con las muestras que proveyeron las familias que buscan a los bebés robados durante la dictadura.
En ese marco, es que la organización de DD.HH. pidió además, que se declarara la nulidad e inconstitucionalidad del decreto 351 y la jueza Vence decidió que ese planteo se tramite ante el fuero contencioso administrativo federal de la Ciudad de Buenos Aires, que es el terreno al cual el Gobierno pretende llevar todas las contiendas.
Fuente: La NUEVA mAÑANA
