Luego del anuncio con bombos y platillos en 2024, sin avances concretos tras casi un año, el Gobierno nacional designó por decreto a los integrantes del “Consejo de Mayo” sin la intervención de las provincias, sindicatos y sectores empresarios.
A través del Decreto 382/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei formalizó la nueva integración del organismo encargado de impulsar las leyes derivadas del Pacto de Mayo, luego de más de 300 días de parálisis institucional.
La medida, refrendada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, modifica el artículo 5° del decreto original (617/2024) para establecer un nuevo mecanismo de designación, ante la falta de propuestas de los sectores que debían nominar a sus representantes. En los hechos, el Ejecutivo tomó el control del proceso para destrabar el funcionamiento del Consejo, que estaba completamente inactivo.
En ese marco, según el nuevo decreto, el Consejo estará presidido por el titular de la Jefatura de Gabinete, Guillermo Francos, y contará con seis consejeros designados de la siguiente manera:
Por las provincias firmantes del Pacto de Mayo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Alfredo Cornejo.
Por el Senado de la Nación: Carolina Losada.
Por la Cámara de Diputados: Cristian Ritondo.
Por las organizaciones sindicales de tercer grado: Gerardo Martínez (UOCRA).
Por las entidades empresarias de tercer orden: Martín Rappallini (UIPBA).
Por el Poder Ejecutivo Nacional: sin precisar aún el nombre públicamente.
Además, se crea la Secretaría Técnica del Consejo, que estará a cargo de María Cecilia Domínguez Diacoluca, designada con carácter “ad honorem”. Su función será organizar las reuniones, coordinar a los consejeros y asistir al presidente del órgano.
El Consejo de Mayo fue creado por iniciativa del Gobierno en julio de 2024 como una herramienta institucional para dar forma legislativa al Pacto de Mayo, el acuerdo impulsado por Milei con el objetivo de redefinir las bases de la economía y la organización política del país.
Se trata de un órgano consultivo y propositivo, encargado de debatir y promover proyectos de ley y actos administrativos alineados con los compromisos firmados por el Gobierno y algunos gobernadores. Sin embargo, desde su creación, el organismo nunca llegó a funcionar: ni las provincias, ni el Congreso, ni los gremios ni las cámaras empresarias presentaron a sus representantes, lo que paralizó su puesta en marcha.
En ese marco, es que el Ejecutivo optó por nombrar directamente a los consejeros, para acelerar el proceso legislativo que exige el plan de reformas oficialista.
Fuente: La Nueva Mañana
