Familiares de detenidos y desaparecidos durante la represión de los años 70 se presentaron ante la Justicia Federal de Córdoba para solicitar ser admitidos como querellantes en una causa, que se tramita en el Juzgado Federal N°3 de esta ciudad, a la que normalmente se refiere como la causa de los “Enterramientos Clandestinos”.
En realidad, es una causa judicialmente caratulada “Pérez Esquivel Adolfo, Martínez María Elba s/Presentación” que se tramita en el Juzgado a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja desde que en setiembre de 2021 la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba resolvió un incidente de competencia planteado por el entonces Juez Federal Ricardo Bustos Fierro.
El temor de los familiares
Independientemente de las demoras y dilaciones provocados por incidentes judiciales, la principal preocupación es que la continuidad de esta causa, en la que deben implementarse medidas técnicas complejas que permitan dar con restos de las personas desaparecidas, está puesta en jaque por la falta de fondos que todo el proceso requiere.
Quién debería garantizar los recursos para la continuidad, es el Consejo de la Magistratura, un órgano que, además de tener sus presupuestos congelados, está paralizado por el virtual “empate” entre las fuerzas que pugnan por su control.
Este es el contexto que movilizó a los familiares a presentarse, con el patrocinio del especialista Pablo Ramiro Fresneda, para ser considerados en la causa y de este modo, con acceso al expediente, velar por su continuidad, aportando al proceso de esclarecimiento.
Los argumentos de los familiares
«Los crímenes de desaparición forzada de personas no cesan, desde la detención y/o secuestro hasta la aparición de sus cuerpos», señalaron en un comunicado los familiares encabezados por Graciela Geuna, una militante que sobrevivió a su cautiverio en el excentro clandestino de detención de La Perla, cuyo testimonio es fundamental en muchas causas judiciales
Mencionaron también la existencia de legislación internacional, a la que Argentina adhiere, que avala la solicitud de constituirse en querellantes. Remarcaron que «la Organización de las Naciones Unidas establece nuestro derecho a participar de la búsqueda de nuestros desaparecidos».
Agregan que “constituirnos como querellantes nos permitirá participar en la investigación de esta causa aportando pruebas, testimonios, peritos, líneas de investigación y también habilitará el trabajo de especialistas expertos en la materia que podrán contribuir en la búsqueda. En este sentido, Naciones Unidas establece también que las autoridades tienen que diseñar estrategias que incluyan a las víctimas, sus familiares y las organizaciones que los representan”.
“Queremos recuperar los cuerpos de nuestros familiares a 50 años del golpe cívico-militar. Queremos sepultarlos y así también ayudar a la reparación de quienes fueron afectados por la violencia ejercida por el Terrorismo de Estado, es decir, el conjunto de la sociedad”, cierra el comunicado con el que convocaron a acompañar la presentación.
Los antecedentes específicos de esta causa
Desde 1975 hasta el final de la última dictadura cívico-militar en 1983, la desaparición forzada de personas fue seguida de diferentes modalidades para deshacerse de los cuerpos de las víctimas.
Hubo “Vuelos de la Muerte”, bloques de hormigón en los pies de personas que eran arrojadas al lago San Roque y también enterramientos simples y planos.
Algunos cuerpos fueron arrojados a fosas comunes en cementerios oficiales, tal el caso del Cementerio San Vicente en Córdoba.
Otros cuerpos fueron incinerados en las inmediaciones de La Perla, como quedó probado con los hallazgos del equipo de antropología forense (EAAF), que en 2015 logró la identificación positiva de los restos de cuatro estudiantes de Medicina desaparecidos y asesinados en 1975, incinerados en los hornos de La Ochoa, cerca de donde funcionó el Centro de Tortura.
Los ocultamientos de La Perla
Pero las búsquedas no se enfrentaron solo al obstáculo de silencio pertinaz de los acusados, que sabían el destino que habían dado a los cuerpos de las personas asesinadas. También hubo intentos de ocultamientos.
En el caso particular de muchas de las víctimas de La Perla pudo saberse, por investigaciones que se desarrollaron en paralelo a la Megacausa La Perla, que antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 1979 en que se inspeccionaron sitios que ya entonces habían sido internacionalmente denunciados, las autoridades resolvieron remover cuerpos de un enterramiento clandestino que había en La Perla y colocaron esos restos en barriles de 200 litros que fueron trasladados a otro destino.
El testimonio lo suministraron el Teniente Coronel Bruno Laborda, que murió de cáncer antes de llegar a juicio y otros militares.
Según narran fuentes ligadas a la causa, se supo entonces que, con participación del Batallón de Ingenieros de la Rioja, con maquinaria pesada y cintas transportadoras, se habrían removido de La Perla los restos de los desaparecidos allí enterrados, habrían sido colocados en barriles de 200 litros y, según los primeros testimonios, se habrían enterrado en las salinas, en el límite entre Córdoba y La Rioja.
Averiguaciones posteriores llevaron a la conclusión que el sitio del enterramiento habría sido el Polígono de Tiro de Serrezuela en donde, incluso, algunos años más tarde, se hallaron restos de al menos dos o tres de estos tambores.
Expuestos por muchos años a la intemperie, los estudios realizados dieron resultados negativos.
Fotos satelitales que se consiguieron permitieron corroborar que en el sitio del polígono se podían apreciar las huellas del enterramiento.
Es claro que los mismos, no habrían podido hacerse en las propias salinas, en dónde hay agua a muy poca profundidad, sino que debieron ser realizados en las estribaciones de las salinas, en donde el relieve ofrece puntos de mayor altura.
La complejidad geográfica y las dificultades de acceso exigían entonces costosas tareas para avanzar con los estudios. Había que conseguir más imágenes satelitales y muchos otros recursos de prueba e investigación necesarios.
De hecho, un Unimog designado como apoyo a la tarea del EAAF se empantanó y con él, la continuidad de la investigación.
Aunque sea el lugar más plausible para los enterramientos, sin recursos, esa causa no avanzará más.
Y muchos familiares que podrían conocer el destino de sus seres queridos, seguirán aguardando justicia.
Este es el cuadro de situación, que impulsa a los familiares a solicitar ser incluidos en la causa.
Como siempre ha sido, buscan Justicia.
Fuente: Cba24n
