Según las cifras oficiales, la Ciudad de Buenos Aires lidera el ranking de delitos con 2.267 robos cada 100.000 habitantes, muy por encima de la provincia de Buenos Aires, que con 706 robos cada 100.000 habitantes se encuentra en el puesto número 13 a nivel nacional.
A pesar de la insistente campaña del gobierno nacional y ciertos medios de comunicación que buscan instalar a la provincia de Buenos Aires como el epicentro de la inseguridad en el país, los datos oficiales del propio Ministerio de Seguridad de la Nación muestran una realidad muy distinta: la Ciudad de Buenos Aires es el distrito con mayor cantidad de robos a nivel nacional.
Según las cifras oficiales, la Ciudad de Buenos Aires lidera el ranking de delitos con 2.267 robos cada 100.000 habitantes, muy por encima de la provincia de Buenos Aires, que con 706 robos cada 100.000 habitantes se encuentra en el puesto número 13 a nivel nacional. Córdoba (1.787) y Mendoza (1.564) también presentan índices delictivos mucho más altos que la provincia gobernada por Axel Kicillof.
Qué raro.. si en la nación + y TN siempre hablan del conurbano… pic.twitter.com/8tCTliaHh6
— Cristian Cimminelli (@cristiancim) March 3, 2025
Sin embargo, en pleno año electoral, Javier Milei y su gobierno han elegido la seguridad como campo de batalla para confrontar con Kicillof, instalando un discurso que choca de lleno con la realidad que muestran las estadísticas. Si bien existen zonas con mayor conflictividad en el conurbano, los números reflejan que el problema de la inseguridad no es exclusivo de la provincia de Buenos Aires y que, de hecho, la Ciudad de Buenos Aires es el distrito con la mayor cantidad de robos del país.
Un discurso alejado de los hechos
Mientras el gobierno de Milei y la administración de la Ciudad de Buenos Aires insisten en responsabilizar a la provincia por la crisis de seguridad, la tasa promedio de robos a nivel nacional se ubicó en 1.000 delitos cada 100.000 habitantes durante el último año, y la provincia de Buenos Aires está por debajo de ese promedio.
La brecha entre el relato oficial y los datos concretos deja en evidencia una estrategia política más que un análisis real del problema. En lugar de abordar la seguridad con soluciones interdisciplinarias, se apela a la manipulación del discurso público para atacar a la oposición.
Las cifras oficiales son claras, pero la pregunta sigue abierta: ¿Por qué el gobierno insiste en ocultarlas?
