El gobierno de Javier Milei busca que el Congreso le otorgue al ministro de Economía, Luis Caputo, facultades especiales para cerrar un nuevo acuerdo con el FMI sin que los legisladores conozcan los montos ni las condiciones de la renegociación de la nueva deuda.
Presionado por la caída sostenida en las reservas, el gobierno de Javier Milei busca que el Congreso anule la Ley Guzmán y le otorgue al ministro de Economía, Luis Caputo, facultades especiales para cerrar un nuevo acuerdo con el FMI sin que los legisladores conozcan los montos ni las condiciones de la renegociación de la deuda. De esta manera, Caputo –responsable del mayor endeudamiento en la historia argentina y de la posterior fuga de capitales durante la gestión de Mauricio Macri– pretende que el Congreso le firme un cheque en blanco para profundizar el brutal endeudamiento externo que permita sostener la artificialidad del tipo de cambio.
La Casa Rosada pretende que el Parlamento apruebe únicamente un marco general del acuerdo, sin precisar tasas, montos ni plazos, lo que implica una delegación de poderes extraordinarios que permitiría a Caputo avanzar sin control legislativo. La iniciativa, que aún no fue conversada con los bloques aliados, generó inquietud en sectores políticos que ven en esta maniobra una nueva estrategia para eludir el debate democrático y consolidar un modelo económico que ya ha llevado al país a una situación crítica, con la destrucción de reservas del Banco Central y la fragilidad de un tipo de cambio artificialmente sostenido.
A pesar de la falta de transparencia, algunos legisladores oficialistas han manifestado su apoyo a la renegociación impulsada por Caputo, recordando que en 2022 votaron a favor del acuerdo del gobierno anterior para evitar un default. Sin embargo, otras bancadas han mostrado reparos ante una medida que busca vaciar de contenido el rol del Congreso en el control del endeudamiento.
Deuda eterna: ¿De cuanto es el crédito que busca Caputo?
Según estimaciones del banco suizo UBS, el organismo podría prestarle a Argentina hasta 20.000 millones de dólares. Sin embargo, de ese monto, solo 8.000 millones corresponderían a nuevos fondos, mientras que el resto se utilizaría para pagar la deuda ya existente con el propio Fondo, perpetuando así el círculo vicioso de dependencia financiera.
Los analistas del UBS estiman que el FMI otorgará más fondos de los necesarios para cubrir los pagos de capital, lo que implicaría un acuerdo mínimo de 12.000 millones de dólares. Un monto superior podría alcanzar los 20.000 millones, aunque solo una fracción de esos recursos llegaría efectivamente como “dinero fresco” para las reservas del Banco Central. Además, según el informe de UBS, al menos el 30% del nuevo paquete de financiamiento estaría disponible este año, lo que deja en evidencia la urgencia del gobierno por conseguir oxígeno financiero ante la crisis de su programa económico.
En esencia, el gobierno de Milei pretende que el Poder Legislativo apruebe un acuerdo a ciegas, renunciando a su facultad de supervisar decisiones clave para el futuro económico del país. La anulación de la Ley Guzmán marcaría un retroceso en la institucionalidad y allanaría el camino para que el Ejecutivo continúe con su política de ajuste y endeudamiento sin restricciones, en un contexto donde la presión del FMI, los efectos del ajuste y la falta de dólares para mantener un tipo de cambio ficticio ponen en jaque la viabilidad del modelo libertario.
Fuente: Primereando Las Noticias
