El juez federal electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, procesó a los responsables económicos de la campaña de Cambiemos en 2017 por rendir aportes falsos de personas que negaron haber realizado esos pagos. La investigación determinó que al menos 316 aportes irregulares sumaron $1.962.325 de aquel año, equivalentes a $122 millones actualizados según el IPC del INDEC.
La causa abarca las elecciones primarias y generales de 2017, donde Esteban Bullrich y Gladys González fueron candidatos a senadores nacionales y Graciela Ocaña encabezó la lista de diputados. En esa elección, Cambiemos, respaldado por el entonces presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, venció a la lista encabezada por Cristina Fernández de Kirchner.
Los procesados son Julián Vilche, Mauricio Redigonda, Carla Chabán y Alfredo Irigoin, responsables económicos de la campaña. Fueron acusados de falsedad ideológica de documento público y omisión dolosa de acreditación del origen de los fondos de campaña. Además, Ramos Padilla ordenó embargos de entre 30 y 50 millones de pesos sobre sus bienes.
La investigación reveló que el 37% de los aportes analizados eran falsos, con montos que iban desde $700 hasta $22.000. Además, el 90% de los fondos fue manejado en efectivo, una práctica prohibida desde 2019. El juez destacó que la maniobra involucró a personas vulnerables, beneficiarios de programas sociales o ciudadanos sin capacidad económica para aportar.
“Jamás aportaría plata a nadie porque estoy sola con mis tres hijas y apenas llego a fin de mes”, declaró una de las supuestas aportantes. Otra mujer, que cobraba $4.800 del Programa Hogar, fue registrada con un aporte de $2.000.
Ramos Padilla remarcó que no se trató de un error, sino de una maniobra deliberada para ocultar el origen de los fondos. Asimismo, señaló que aún se desconoce la procedencia de gran parte del dinero utilizado en la campaña, por lo que ordenó continuar con la investigación.
El magistrado también rechazó un planteo de los procesados que pedía suspender la causa hasta que la Corte Suprema resolviera el control electoral. Argumentó que acceder a esa solicitud significaría otorgarles privilegios de inmunidad inadmisibles.
Fuente: Primerando las noticias
