El Gobierno bonaerense rechaza la privatización del agua: “Ya sucedió y salió mal”

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“El agua y el saneamiento no son un negocio” escribió Kicillof en su cuenta de la red social X.

El anuncio de la posible privatización del 90% de las acciones de AySA, realizado por su titular Alejo Maxit, generó un fuerte rechazo por parte del gobierno bonaerense, que advirtió sobre las graves implicancias de esta medida para el acceso al agua potable y el saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tanto el gobernador Axel Kicillof como su equipo de gobierno subrayaron que este intento representa un retroceso que recuerda los fracasos de la privatización de los años noventa.

Kicillof expresó su oposición a la iniciativa a través de sus redes sociales, destacando la importancia del rol estatal en garantizar servicios básicos. “El agua y el saneamiento no son un negocio. Sin un Estado que invierta y sostenga la obra pública, sería imposible transformar el sistema sanitario en los 135 municipios bonaerenses”, afirmó. Como ejemplo, mencionó las obras recientes realizadas en el hospital Iriarte de Quilmes, que demuestran cómo la inversión pública puede mejorar la infraestructura en sectores esenciales.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Gabriel Katopodis, también criticó duramente el modelo propuesto, que se inspira en la experiencia de privatización aplicada en San Pablo, Brasil. Katopodis recordó que, durante la privatización de los años noventa, la falta de obras y el abandono de las redes de agua y cloacas resultaron en un deterioro significativo del servicio. “El gobierno de Javier Milei condena al Gran Buenos Aires y a las regiones más desfavorecidas a no cerrar las brechas de acceso al agua y al saneamiento”, sentenció.

Los logros alcanzados tras la reestatización de AySA en 2006 refuerzan el argumento contra la privatización. Según datos oficiales, la cobertura de agua potable en el AMBA creció del 76% al 85%, mientras que la de cloacas pasó del 57% al 72%. Además, durante la gestión de Malena Galmarini, se realizaron más de 4.000 kilómetros de nuevas redes de agua y 1.300 kilómetros de cloacas, beneficiando a millones de vecinos. Sin embargo, el reciente anuncio de Maxit y las decisiones del gobierno de Milei, como el cierre del ENOHSA, ponen en riesgo estos avances y generan incertidumbre sobre el futuro del servicio.

El debate revive los cuestionamientos al rol del Estado en sectores estratégicos como el acceso al agua potable y al saneamiento, especialmente en un contexto donde los municipios más vulnerables del AMBA dependen de una gestión eficiente y equitativa. Desde la provincia de Buenos Aires, las autoridades reiteran que la privatización no es el camino para garantizar estos derechos básicos y advierten sobre el impacto que esta medida podría tener en las comunidades más necesitadas.

Fuente: Primereando Las Noticias

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