El intendente macrista de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, sugirió que “le plantan” indigentes y delincuentes que no son de su ciudad.
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, desató una nueva polémica al celebrar públicamente el desalojo de personas en situación de calle en Mar del Plata. A través de un video en sus redes sociales, mostró un operativo policial donde agentes interrumpen a una pareja de indigentes, advirtiéndoles que “se terminó el diálogo”. Con el lema “Se terminó”, Montenegro no solo validó la acción, sino que reforzó un discurso de criminalización hacia los sectores más vulnerables.
Desde distintos sectores políticos y sociales, surgieron críticas contundentes hacia esta postura. La dirigente de izquierda Myriam Bregman calificó de “basura” al intendente y denunció la violencia institucional como una herramienta sistemática contra los más pobres: “Todos matones contra los más débiles”. Nicolás Del Caño, también referente de la izquierda, lo tildó de “cobarde” y le reprochó la criminalización de la pobreza, una problemática que tiene raíces en las políticas que él mismo sostiene.
Montenegro, lejos de retroceder, intensificó su discurso al acusar a Juan Grabois y a organizaciones sociales de “enviar delincuentes” a la ciudad, buscando adjudicar a estos sectores una supuesta estrategia de desestabilización. En lugar de abordar el aumento de la indigencia en un distrito donde más de 360 mil personas viven por debajo de la línea de pobreza, el intendente recurrió a una narrativa securitista y deshumanizadora, asociando la marginalidad con la criminalidad.
Un patrón reiterado de odio y desprecio a los más necesitados
Este caso no es aislado, sino parte de un patrón creciente en sectores del PRO y libertarios que buscan instalar la securitización de la pobreza como una política de Estado. En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, jefe de Gobierno, comparó recientemente a las personas en situación de calle con “basura” y minimizó su problemática al sugerir que los cajeros automáticos son sus “monoambientes”. Además, impulsó campañas de desalojo y hasta llegó a pedir que la ciudadanía deje de brindar ayuda solidaria: “No les den de comer”, enfatizó su ministro de Seguridad, Diego Kravetz, quien también amenazó con expulsar a estas personas de la ciudad.
¿Sacarle a una persona en situación de calle lo poco que tiene? Se ve que nunca te faltó nada, monigote. Sos una basura.
— Federico Fagioli (@Fede_FagioliOK) November 22, 2024
Para esto necesitamos tener ley provincial para personas en situación de calle. Para que los hijos de puta como Montenegro no se sigan creyendo impunes. https://t.co/LmFTxAKHB9
En un marco nacional, el presidente Javier Milei refuerza este paradigma de exclusión con declaraciones que naturalizan la desigualdad extrema. Al defender su postura de no intervención frente a la creciente crisis económica, afirmó: “Si la gente se muere de hambre, de alguna manera decidirá algo para no morirse”, eludiendo cualquier responsabilidad del Estado ante la precarización de la vida.
La securitización de la pobreza como herramienta política
Estas actitudes reflejan una estrategia política que busca trasladar el foco de la crisis económica y social hacia los sectores más vulnerables, reforzando discursos de odio y estigmatización. En lugar de atender las raíces estructurales de la desigualdad, estas políticas priorizan la represión y la criminalización de quienes sufren las consecuencias más duras del modelo económico actual.
Mientras las cifras de pobreza y marginalidad alcanzan niveles alarmantes en Argentina, la respuesta de estos sectores políticos evidencia una desconexión total con la realidad de miles de personas a quienes prácticamente le niegan su condición humana. La insensibilidad ante la precarización de la vida no solo expone un desprecio por los derechos básicos, sino que profundiza un clima de polarización y violencia simbólica contra quienes menos tienen.
Fuente: Primereando Las Noticias
