Tras los incendios que afectaron a miles de personas y causaron una tragedia provincial en agosto y septiembre, el Congreso declaró la emergencia ambiental, económica y habitacional por el plazo de 180 días y este viernes, bajo la Ley 27.782, la normativa fue publicada en el Boletín Oficial.

El documento asegura que la declaración se realiza con el fin de “adoptar todas las medidas conducentes a combatir los incendios en la provincia de Córdoba para restaurar y restablecer las zonas afectadas y prevenir nuevos focos”.

A su vez, el Poder Ejecutivo informó que, en paralelo con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, destinará una fondos para intervenir y asistir inmediatamente a las localidades, con el objetivo de garantizar la reconstrucción de infraestructura y recuperación de las actividades económicas afectadas.

Además, se instó a tomar medidas para preservar y restablecer las condiciones de vida de los habitantes, las relaciones de producción y empleo, y la recuperación de la biodiversidad en las zonas afectadas. En este contexto, serán prioridad las obras públicas urgentes que actúen como reparación o construcción de viviendas. En tanto, el Gobierno también otorgará ayuda financiera para el apoyo directo a las economías regionales y a los habitantes de las zonas alcanzadas por los incendios.

Las acciones comunicadas por el Poder Ejecutivo se realizarán como un trabajo mancomunado con el Gobierno de la Provincia de Córdoba y con los municipales de las localidades damnificadas, respetando el protocolo del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

“Las prioridades y metodologías de distribución de los recursos asignados serán definidas conforme a la urgencia de las necesidades, con enfoque en el bienestar de las personas damnificadas y la restauración del medio ambiente y la biodiversidad afectada”, explicaron en la ley.

Cómo será la ayuda financiera 

• Líneas de créditos con tasas bonificadas destinadas tanto a la reparación de viviendas como al desarrollo actividades económicas claves para las economías regionales. Se apostará a la recuperación de empleos y el funcionamiento de los sectores productivos.
• Facilitar la sostenibilidad financiera de los emprendimientos locales, para así llevar adelante su reactivación económica mediante la suspensión y renovación de las obligaciones bancarias y deudas pendientes al inicio de la emergencia. El foco será brindar un alivio “inmediato” a los productores y trabajadores afectados por las pérdidas.
• Suspensión por hasta 90 días de juicios y procedimientos administrativos de cobro de acreencias vencidas antes de la emergencia, garantizando que las familias, emprendedores y productores puedan concentrar sus esfuerzos en la reconstrucción de sus medios de vida sin el riesgo de sanciones financieras.

Fuente: La Nueva Mañana