Revés judicial para la reforma laboral de Milei: Tucumán declaró inconstitucional el pago de indemnizaciones en cuotas

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Un juez laboral de Tucumán declaró inconstitucional el artículo de la reforma laboral que permite a las MiPyMEs pagar indemnizaciones judiciales en hasta 12 cuotas. La sentencia ordenó a una empresa del rubro calzado abonar $8.265.686,74 en un solo pago a una trabajadora despedida. El magistrado consideró que el mecanismo vulnera derechos constitucionales, beneficia a los empleadores que incumplen sus obligaciones y perjudica a quienes deben recurrir a la Justicia para cobrar.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo cuestionamiento en los tribunales. El Juzgado del Trabajo de la Iª Nominación de Tucumán declaró inconstitucional el mecanismo que habilita a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) a cancelar en cuotas las indemnizaciones y otras condenas judiciales. La resolución fue dictada por el juez Carlos Frascarolo, quien ordenó a una empresa del rubro de calzado pagar en un solo desembolso más de $8,2 millones a una exempleada despedida. El fallo representa un nuevo antecedente judicial en la discusión sobre los alcances de la Ley de Modernización Laboral y la protección de los créditos de los trabajadores.

El caso se originó a partir de una demanda laboral en la que una trabajadora había obtenido una sentencia favorable que reconocía su derecho a cobrar una indemnización de $8.265.686,74. Sin embargo, cuando llegó el momento de ejecutar el pago, la empresa condenada solicitó autorización para cancelar la deuda en 12 cuotas mensuales y consecutivas. Para justificar el pedido, la firma invocó su condición de MiPyME y argumentó que atravesaba dificultades económico-financieras vinculadas con la situación del sector del calzado. La trabajadora rechazó la propuesta y solicitó que se declarara inconstitucional la disposición legal que permitía ese mecanismo de pago.

La norma cuestionada es el artículo 56 de la Ley 27.802, que incorporó modificaciones al artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ese apartado habilita a las micro, pequeñas y medianas empresas a cancelar en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas las condenas judiciales laborales. El argumento oficial detrás de esta disposición es facilitar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas de menor tamaño y evitar que una deuda judicial pueda comprometer su continuidad económica. Sin embargo, el juez tucumano entendió que su aplicación no puede convertirse en una herramienta que permita trasladar al trabajador las consecuencias financieras del incumplimiento patronal.

Uno de los principales fundamentos de la sentencia está relacionado con el derecho de propiedad reconocido en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Para Frascarolo, una vez que existe una sentencia firme que reconoce una indemnización, ese crédito pasa a integrar el patrimonio de la persona trabajadora. Por lo tanto, permitir que el empleador decida unilateralmente postergar el pago durante un año implica privar al trabajador de la disponibilidad de un dinero que ya le pertenece por derecho. El magistrado consideró que el mecanismo resulta especialmente perjudicial porque obliga a quien ya atravesó un proceso judicial a continuar esperando para recibir una compensación reconocida por los tribunales.

Otro de los ejes centrales del fallo fue la vulneración del principio protectorio del derecho laboral, establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El magistrado recordó que las indemnizaciones tienen carácter alimentario, porque representan una compensación económica fundamental para quien perdió su fuente de ingresos. En ese sentido, sostuvo que obligar a una trabajadora a financiar involuntariamente a su antiguo empleador constituye una situación incompatible con las garantías que deben proteger a quienes se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad dentro de una relación laboral. El juez también advirtió que la disposición puede generar un incentivo para que las empresas incumplan sus obligaciones, ya que podrían obtener facilidades de pago precisamente después de haber sido condenadas judicialmente.

La sentencia también cuestionó la desigualdad que genera el mecanismo entre empleadores que cumplen sus obligaciones y aquellos que no lo hacen. Según el razonamiento del magistrado, una empresa que paga voluntariamente una indemnización debe hacerlo conforme a los plazos legales, mientras que otra que incumple y obliga al trabajador a iniciar un juicio podría terminar obteniendo el beneficio de cancelar la deuda en cuotas. Para Frascarolo, esa diferencia representa un tratamiento injustificado y discriminatorio que contradice el principio de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional. El fallo remarcó que no resulta razonable que quien incumple sus obligaciones termine recibiendo un beneficio que no tiene quien cumple correctamente con ellas.

Otro elemento determinante fue la situación patrimonial de la empresa condenada. Si bien la firma argumentó que atravesaba dificultades financieras, el análisis de sus balances mostró que contaba con activos superiores a los $1.261 millones, un patrimonio neto de más de $625 millones y disponibilidades líquidas cercanas a los $173 millones. Para el juez, esos números no permitían acreditar que el pago inmediato de los $8,2 millones pusiera en peligro la continuidad de la actividad comercial o los puestos de trabajo. También consideró que la trabajadora ya había esperado 19 meses para obtener el reconocimiento judicial de su derecho, por lo que extender otros 12 meses el cobro de la indemnización profundizaría injustificadamente el perjuicio sufrido.

La resolución representa un nuevo antecedente en la discusión judicial sobre la reforma laboral aprobada por el Gobierno nacional. Distintos artículos de la Ley 27.802 comenzaron a ser cuestionados en tribunales por sus posibles contradicciones con garantías constitucionales vinculadas con la protección del trabajo, la igualdad y los derechos patrimoniales. En este caso, es importante señalar que se trata de una declaración de inconstitucionalidad dictada en un expediente concreto: no significa que la disposición haya quedado automáticamente anulada para todas las empresas y todos los trabajadores del país. Sin embargo, el pronunciamiento establece un argumento judicial relevante frente a la aplicación del pago fraccionado de indemnizaciones.

El fallo de Tucumán vuelve a poner sobre la mesa una de las discusiones centrales de la reforma laboral: hasta dónde pueden modificarse las condiciones de protección de los trabajadores bajo el argumento de facilitar el funcionamiento de las empresas. Mientras el Gobierno defiende las modificaciones como herramientas para promover el empleo y otorgar previsibilidad al sector privado, los cuestionamientos judiciales advierten sobre el riesgo de debilitar derechos reconocidos constitucionalmente. En este caso, la Justicia fue contundente: una empresa no puede utilizar una disposición de la reforma para obligar a una trabajadora despedida a esperar un año más por una indemnización que ya obtuvo mediante una sentencia. La resolución constituye un nuevo revés judicial para uno de los mecanismos incorporados por la administración de Milei y fortalece el debate sobre los límites constitucionales de su política laboral.

Fuente: InfoGremiales

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