Diputados de Unión por la Patria y de la Bancada Ciudadana de Ecuador firmaron una declaración conjunta contra el lawfare y repudiaron la detención de la excandidata presidencial Luisa González. En un encuentro realizado en Buenos Aires, con la participación virtual del expresidente Rafael Correa, propusieron crear una red interparlamentaria para enfrentar la persecución política en la región.
Legisladores argentinos y ecuatorianos participaron del Encuentro Legislativo por la Unión de los Pueblos Latinoamericanos, realizado en el Salón del Bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. La reunión reunió a representantes de ambos países para debatir sobre la situación política regional y denunciar lo que consideran una utilización del sistema judicial para debilitar y neutralizar a dirigentes populares. Como resultado del encuentro, firmaron un pronunciamiento conjunto contra el lawfare y las persecuciones políticas en América Latina.
Uno de los principales ejes del documento fue el repudio a la detención de Luisa González, excandidata presidencial ecuatoriana y referente del correísmo. González fue detenida el 22 de octubre en el marco de una investigación por presunta financiación irregular de sus campañas electorales. El caso generó preocupación entre los dirigentes de Revolución Ciudadana, que denunciaron un contexto de hostigamiento político. A la situación se sumó la suspensión de ese movimiento, que quedó inhabilitado para participar en las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre.
La participación de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, fue uno de los momentos centrales del encuentro. A través de una videoconferencia, cuestionó la utilización de las causas judiciales contra referentes progresistas y sostuvo que la judicialización de la política funciona como una herramienta para neutralizar liderazgos populares. En su intervención mencionó los casos de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Evo Morales en Bolivia, y vinculó estas situaciones con una estrategia de alcance regional.
Correa también describió el mecanismo que, según su interpretación, permite construir una persecución judicial: primero se selecciona a una figura política, luego se buscan elementos para llevar sus acciones al terreno penal y finalmente se desarrolla una ofensiva mediática que deteriora su imagen pública. El exmandatario afirmó que este fenómeno se agravó con el crecimiento de las redes sociales y sostuvo que existe respaldo de sectores de poder internacionales. Sus declaraciones forman parte de una denuncia política que atraviesa buena parte del debate regional sobre la relación entre justicia, medios y poder.
La diputada argentina Kelly Olmos, anfitriona del encuentro, afirmó que la persecución contra dirigentes de partidos populares no puede considerarse un hecho aislado. Según planteó, el uso del sistema judicial como mecanismo de disciplinamiento debilita las democracias y limita la representación de los sectores que expresan demandas de justicia social. En la misma línea, el diputado Jorge Taiana advirtió sobre la subordinación de sectores del Poder Judicial a intereses políticos y económicos y llamó a construir una respuesta amplia frente a las restricciones que, a su entender, afectan a los liderazgos populares.
Desde Ecuador, el asambleísta Ricardo Patiño cuestionó la suspensión de Revolución Ciudadana y denunció irregularidades en el procedimiento que dejó al movimiento fuera de la competencia electoral. Según explicó, la medida se apoyó en una investigación vinculada a presuntas operaciones de lavado de activos y sostuvo que se utilizó una interpretación de la legislación para impedir la participación de la principal fuerza opositora del país. Patiño también señaló que otros espacios políticos a los que recurrieron para buscar alternativas electorales terminaron suspendidos, lo que obligó a sus candidatos a buscar respaldo en otras organizaciones.
Por su parte, Gabriela Rivadeneira, presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, describió un proceso de deterioro institucional en Ecuador y cuestionó la normalización de las detenciones de dirigentes políticos. En su intervención reclamó la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, Luisa González, Jorge Glas y Milagro Sala. El caso de Glas también fue mencionado durante el encuentro: el exvicepresidente ecuatoriano permanece detenido y recientemente denunció haber sido golpeado por militares en la cárcel, según consignó Página/12.
El encuentro concluyó con el compromiso de avanzar en la creación de una red interparlamentaria de cooperación destinada a fortalecer las democracias y denunciar situaciones de persecución política en América Latina. El documento firmado por los participantes sostiene que las diferencias ideológicas no deben convertirse en motivo de criminalización y plantea que las instituciones judiciales no pueden ser utilizadas para impedir la competencia política. La iniciativa busca articular a legisladores de distintos países frente a un escenario regional atravesado por fuertes disputas políticas y judiciales.
La declaración expresa una posición política compartida por los sectores participantes y vuelve a colocar el debate sobre el lawfare en el centro de la agenda latinoamericana. Para sus impulsores, la utilización de procesos judiciales contra dirigentes opositores constituye una amenaza para el pluralismo y la representación democrática. La propuesta de una red regional abre ahora el desafío de transformar ese pronunciamiento en una herramienta concreta de cooperación y seguimiento institucional, en una región donde las disputas por el poder también se desarrollan en los tribunales y en el terreno electoral.
Fuente: Página/12



