Generación Zoe: la Justicia confirmó el procesamiento de Cositorto por 1.095 estafas y reabrió la investigación contra otros implicados

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La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó el procesamiento de Leonardo Cositorto como presunto jefe de una asociación ilícita vinculada a Generación Zoe. La causa investiga un esquema de captación de fondos mediante promesas de elevados rendimientos económicos que habría funcionado entre 2019 y abril de 2022. El perjuicio estimado supera los 16 millones de dólares, además de millones de pesos y miles de euros. También fueron revocados sobreseimientos y se ordenó profundizar la investigación sobre posibles maniobras de lavado de activos.

La situación judicial de Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, sumó un nuevo capítulo luego de que la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmara su procesamiento por 1.095 hechos de estafa y su presunta responsabilidad como jefe de una asociación ilícita. La resolución, firmada por los jueces Pablo Yadarola, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, representa un avance en una de las investigaciones por presuntas maniobras financieras fraudulentas de mayor alcance en los últimos años. El expediente analiza el funcionamiento de una estructura que habría captado dinero de particulares mediante promesas de rentabilidades extraordinarias, utilizando diferentes productos de inversión y una organización con presencia en distintas provincias argentinas y en el exterior.

De acuerdo con la hipótesis judicial, la organización habría funcionado al menos entre 2019 y abril de 2022 bajo el nombre de Organización Zoe. Durante ese período, la empresa se presentó públicamente como una plataforma de educación financiera, desarrollo personal y oportunidades de inversión. Sus propuestas incluían cursos de coaching, trading y liderazgo, además de alternativas vinculadas con criptomonedas, tokens, proyectos inmobiliarios, membresías y supuestas inversiones respaldadas por oro. La investigación sostiene que, detrás de esa estructura comercial, existía un esquema piramidal destinado a captar fondos de nuevos aportantes mediante la promesa de elevados retornos económicos que no podían sostenerse con una actividad productiva genuina.

Uno de los elementos centrales del expediente es la magnitud del perjuicio económico atribuido a las maniobras investigadas. Según las estimaciones incorporadas a la causa, las operaciones habrían provocado pérdidas superiores a los 16 millones de dólares, más de 4 millones de pesos y aproximadamente 6.500 euros. A esas cifras se suman bienes registrables cuyo valor todavía no pudo determinarse. Los aportes de los inversores se habrían realizado mediante distintas modalidades, entre ellas dinero en efectivo, transferencias bancarias y activos digitales. La diversidad de instrumentos utilizados y la cantidad de personas involucradas obligan a reconstruir un circuito financiero complejo, que constituye uno de los principales desafíos de la investigación judicial.

La resolución también describe una estructura organizada con distintos niveles de responsabilidad y división de funciones. Según los magistrados, Cositorto habría ocupado el lugar central en la conducción de la organización, mientras que otros integrantes habrían desempeñado tareas de coordinación, administración, captación de inversores y manejo de fondos. La empresa utilizaba una imagen de solvencia y expansión para generar confianza entre sus potenciales clientes, apoyándose en oficinas comerciales, eventos públicos, actividades de capacitación y una fuerte exposición de sus principales referentes. Para los investigadores, esa construcción de credibilidad habría sido un componente fundamental para atraer nuevos aportantes y sostener el funcionamiento del sistema.

Otro aspecto relevante del fallo es la decisión de revocar 23 sobreseimientos que habían sido dictados anteriormente por la jueza María Alejandra Alliaud. Los camaristas consideraron que las pruebas reunidas todavía no permitían desvincular definitivamente a esas personas de la estructura investigada. En lugar de mantener los sobreseimientos, dispusieron que continúe la investigación y señalaron que es necesario profundizar el análisis sobre las funciones que cada uno habría desempeñado y su posible participación en la captación de fondos. La medida no significa que esos imputados hayan sido declarados culpables ni que todos hayan recibido un procesamiento: se trata de una decisión que mantiene abierta la investigación respecto de sus posibles responsabilidades.

La Cámara Federal también ordenó avanzar sobre la posible existencia de maniobras de lavado de activos relacionadas con el dinero captado por Generación Zoe. En este tramo, la resolución alcanza a 12 personas cuya situación judicial deberá continuar siendo examinada. Los magistrados consideraron necesario reconstruir el recorrido de los fondos, analizar transferencias bancarias, movimientos de billeteras virtuales y operaciones patrimoniales, además de determinar si determinados bienes fueron adquiridos con recursos provenientes de las maniobras investigadas. La pesquisa busca establecer si existieron mecanismos destinados a ocultar el origen del dinero o darle apariencia de legalidad. Esta línea resulta fundamental no solamente para determinar eventuales responsabilidades penales, sino también para identificar y recuperar activos que eventualmente puedan destinarse a reparar a los damnificados.

La dimensión internacional de Generación Zoe también forma parte de las preocupaciones judiciales. Según la investigación, la organización desarrolló actividades mediante oficinas y estructuras comerciales en distintos países, entre ellos Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Bolivia, México y Guatemala. Esa expansión habría permitido ampliar el alcance de las operaciones y captar aportantes en diferentes mercados. La Cámara consideró necesario profundizar el análisis de las actividades realizadas fuera del territorio argentino y reconstruir las posibles conexiones entre las distintas sedes. La existencia de operaciones internacionales agrega complejidad a la causa, debido a que exige examinar movimientos de dinero entre jurisdicciones y establecer qué mecanismos se utilizaron para administrar los fondos captados.

El nuevo pronunciamiento judicial se suma a las condenas que Cositorto recibió en otras jurisdicciones argentinas. En julio de 2025 fue condenado a once años de prisión en Salta por estafas reiteradas y asociación ilícita, mientras que en Corrientes recibió una pena de doce años en febrero de ese mismo año. Esas sentencias corresponden a expedientes diferentes del que ahora resolvió la Cámara Federal porteña. Por eso, la confirmación del procesamiento no debe confundirse con una nueva condena: significa que los magistrados consideraron que existen elementos suficientes para sostener la imputación en esta etapa del proceso. La investigación sobre Generación Zoe continúa abierta y deberá avanzar tanto sobre la responsabilidad de los principales acusados como sobre el destino de los recursos económicos que aportaron las personas afectadas.

Con ayuda de La Nueva Mañana

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