Centrales sindicales, organizaciones sociales, estudiantes y sectores opositores protagonizaron una jornada de movilización en las principales ciudades colombianas contra el proyecto de reforma tributaria impulsado por el presidente Abelardo de la Espriella. Las protestas apuntaron contra el ajuste económico, los recortes estatales y las medidas que, según los manifestantes, trasladan el costo de la crisis a los trabajadores y los sectores populares. Gustavo Petro y el Pacto Histórico respaldaron la convocatoria, mientras el Gobierno advirtió que no permitirá bloqueos de rutas ni actos de violencia.
Colombia atravesó el jueves 19 de noviembre una nueva jornada de fuerte conflictividad política y social, con miles de personas movilizadas en distintas ciudades del país contra el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Se trató del primer paro nacional de gran alcance desde su llegada al poder, el pasado 7 de agosto, y tuvo como principal consigna el rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico que impulsa el Ejecutivo y que actualmente se encuentra en debate en el Congreso. La convocatoria reunió a centrales sindicales, organizaciones sociales, estudiantes y dirigentes de la oposición, que denunciaron que las medidas económicas propuestas profundizan las desigualdades y perjudican especialmente a los sectores trabajadores.
Las movilizaciones tuvieron como principales escenarios a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, además de otras localidades del territorio colombiano. En la capital, las columnas de manifestantes recorrieron importantes arterias hasta concentrarse en la Plaza de Bolívar, uno de los puntos centrales de la actividad política del país. La jornada fue impulsada por el Pacto Histórico, el espacio político que lidera la oposición al nuevo Gobierno, junto con organizaciones sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). También participaron movimientos estudiantiles y agrupaciones sociales que cuestionan el rumbo económico y las decisiones institucionales de la administración conservadora.
El principal motivo de la protesta fue el rechazo a la reforma económica presentada por De la Espriella, que el Gobierno justifica como una herramienta necesaria para reducir el déficit fiscal, controlar el endeudamiento y ordenar las cuentas públicas. Sin embargo, desde la oposición advierten que el proyecto contempla una combinación de recortes presupuestarios, modificaciones impositivas y cambios en las contribuciones sociales que podrían afectar los ingresos de amplios sectores de la población. Entre los puntos más cuestionados aparecen la ampliación de la base de contribuyentes del impuesto a la renta, el incremento de los aportes a salud para determinados sectores medios y las reducciones tributarias previstas para algunos sectores empresariales y patrimoniales.
Uno de los aspectos más cuestionados por los manifestantes es que la reforma, según denuncian, distribuye de manera desigual el esfuerzo fiscal. Aunque el Gobierno retiró algunos de los puntos más polémicos, como la aplicación del IVA a los alimentos de la canasta familiar, la oposición sostiene que permanecen disposiciones que perjudican a los trabajadores y las clases medias. Entre ellas se encuentra la reducción del piso salarial a partir del cual se comienza a pagar el impuesto a la renta, que pasaría de aproximadamente 1.419 a 985 dólares mensuales, además de mayores aportes al sistema de salud para quienes perciben ingresos superiores a dos salarios mínimos. Al mismo tiempo, los críticos cuestionan las rebajas impositivas contempladas para los sectores de mayores patrimonios y determinadas empresas.
El expresidente Gustavo Petro fue uno de los principales impulsores de la convocatoria y llamó a la ciudadanía a ocupar las calles para defender los ingresos familiares, el empleo y los derechos sociales. Desde su salida del Gobierno, en agosto de este año, Petro mantiene un papel central en la conducción política del Pacto Histórico y se consolidó como una de las principales figuras opositoras a De la Espriella. Durante la jornada participó de una concentración en Cali, donde cuestionó las medidas económicas de su sucesor y advirtió sobre las consecuencias que podrían tener para los sectores populares. Su presencia también convirtió la movilización en una demostración de fuerza política de la izquierda colombiana frente a la nueva administración.
Desde las organizaciones sindicales, el rechazo fue particularmente contundente. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) convocaron a sus afiliados y a diferentes organizaciones sociales a sumarse al paro. Los dirigentes cuestionaron el proyecto de ajuste fiscal y advirtieron que la reducción del Estado podría traducirse en pérdida de puestos de trabajo, debilitamiento de los servicios públicos y mayores dificultades para acceder a derechos fundamentales. También expresaron preocupación por las políticas educativas y sanitarias del Ejecutivo, así como por las iniciativas que consideran restrictivas de la protesta social. Para los sindicatos, el conflicto no se limita a una discusión tributaria, sino que representa una disputa sobre el modelo económico y social que pretende implementar el nuevo Gobierno.
La respuesta presidencial estuvo marcada por una advertencia sobre los límites de las manifestaciones. De la Espriella aseguró que respetaba el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero afirmó que no permitiría bloqueos de rutas ni situaciones que calificó como terrorismo urbano. El mandatario siguió parte de la jornada desde un Puesto de Mando Unificado y defendió la necesidad de avanzar con la Ley de Rescate Económico, argumentando que recibió una situación fiscal crítica de la administración anterior. En paralelo, su Gobierno dispuso un importante operativo de seguridad y pidió a las dependencias públicas garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales de sus trabajadores.
Aunque gran parte de las movilizaciones se desarrolló pacíficamente, también se registraron episodios de tensión y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En Bucaramanga hubo intervenciones policiales para despejar sectores de la carrera 27, mientras que en el departamento del Cauca se reportaron incidentes vinculados con bloqueos en la vía Panamericana. Estas situaciones reavivaron las críticas de los sectores opositores sobre el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad y las nuevas disposiciones del Gobierno para intervenir durante las protestas. La jornada también generó interrupciones temporales del tránsito y complicaciones en la circulación de algunas ciudades.
Además del cuestionamiento económico, las organizaciones convocantes incorporaron otros reclamos relacionados con las políticas de seguridad, los derechos humanos, la educación pública y los derechos reproductivos. También expresaron preocupación por la relación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, las restricciones a las manifestaciones y las denuncias de vulneraciones de derechos fundamentales. El senador opositor Iván Cepeda sostuvo que la reforma económica representa una amenaza para los sectores vulnerables y las clases medias, y planteó que la movilización también constituye una defensa de la democracia y de los derechos sociales. De esta manera, el paro se transformó en una expresión más amplia de rechazo al rumbo político de la nueva administración.
La protesta del 19 de noviembre también representa una prueba de fuerza para la oposición colombiana, que busca consolidar su capacidad de movilización frente a un Gobierno que asumió hace apenas tres meses. La convocatoria fue la segunda gran jornada de protestas contra De la Espriella desde su llegada a la Presidencia, después de las manifestaciones del 14 de octubre. En ese contexto, el protagonismo de Petro, la participación de las centrales obreras y la presencia de organizaciones estudiantiles muestran que el conflicto político colombiano comienza a trasladarse con fuerza a las calles. Mientras el Ejecutivo intenta avanzar con su programa de ajuste fiscal, la oposición busca frenar las reformas y demostrar que existe una resistencia social organizada frente a las medidas presidenciales. Filo News+2
Fuente: Filo News



