Ante la llegada del Super Niño, ATE reclama mejores salarios y más recursos para los brigadistas que combaten incendios

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El sindicato exigió al Gobierno nacional una respuesta urgente frente al deterioro de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores estatales dedicados al manejo del fuego y las emergencias climáticas. Advirtió que el presupuesto ambiental proyectado para 2027 registra una caída real superior al 84% respecto de 2023, mientras que los recursos destinados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego se reducen un 56%. Un brigadista nacional que ingresa al sistema cobra alrededor de $700.000 mensuales.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvió a encender las alarmas por la situación de los brigadistas forestales y de los trabajadores estatales que intervienen en la prevención y el combate de incendios y otras emergencias climáticas. En un contexto de creciente preocupación por los fenómenos meteorológicos extremos y la llegada del denominado Super Niño, el sindicato reclamó al Gobierno nacional mejores condiciones laborales, una recomposición salarial y mayores recursos para los organismos encargados de proteger los territorios. La organización advirtió que quienes se encuentran en la primera línea de respuesta frente a los incendios desarrollan sus tareas en condiciones cada vez más difíciles, con salarios deteriorados y estructuras estatales debilitadas.

El reclamo se produce en la antesala del Primer Congreso de Prevención, Combate y Restauración, organizado por ATE junto con la Unión de Trabajadores de la Tierra Patagonia (UTT). El encuentro se realizará los días 21 y 22 de noviembre en la Seccional Comarca Andina de ATE y reunirá a trabajadores, brigadistas y organizaciones vinculadas con la protección ambiental. El objetivo será debatir estrategias para fortalecer la prevención de incendios, mejorar la capacidad de respuesta ante las emergencias y reclamar políticas públicas que garanticen recursos suficientes. Además, el congreso buscará visibilizar la realidad de quienes trabajan en el cuidado de los bosques, las áreas protegidas y las comunidades expuestas a los efectos de la crisis climática.

Desde el sindicato señalaron que los incendios registrados en Córdoba, Corrientes, Jujuy, el Delta del Paraná y distintos puntos de la Patagonia demostraron la importancia estratégica de contar con equipos profesionales preparados para intervenir ante situaciones de emergencia. Sin embargo, ATE sostiene que el Estado nacional está reduciendo los recursos destinados a estas áreas justamente cuando aumentan los riesgos ambientales. La organización también destacó el crecimiento de las brigadas comunitarias, integradas por vecinos y vecinas que se capacitan y organizan para proteger sus territorios. Aunque valoró estas iniciativas, advirtió que la participación comunitaria no puede reemplazar la responsabilidad estatal ni las estructuras profesionales necesarias para enfrentar incendios de gran magnitud.

Uno de los datos más preocupantes surge de un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que advierte que el presupuesto ambiental nacional previsto para 2027 presenta una caída real superior al 84% en comparación con 2023. En el caso específico del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, la reducción presupuestaria ronda el 56%. Para ATE, estos números muestran una contradicción entre el aumento de las amenazas ambientales y la disminución de los recursos disponibles para enfrentarlas. La organización considera que el debilitamiento presupuestario compromete tanto las tareas de prevención como la capacidad de intervención cuando los incendios ya están en marcha.

La reducción de los recursos también tiene consecuencias directas sobre la cantidad de trabajadores disponibles. Según los datos difundidos por ATE, la dotación de combatientes de incendios de la Administración de Parques Nacionales pasó de 426 trabajadores en 2023 a 370 en 2026. Esta disminución dificulta alcanzar una cobertura operativa adecuada y genera mayores exigencias para quienes continúan en actividad. En otro relevamiento difundido por el sindicato en octubre, se advirtió que la dotación necesaria para garantizar una respuesta adecuada debería alcanzar los 604 combatientes. La falta de personal, sumada a la sobrecarga laboral, puede provocar agotamiento físico, dificultades para sostener las tareas preventivas y una mayor rotación de trabajadores especializados.

La cuestión salarial constituye otro de los principales puntos del reclamo. Según la información difundida por ATE, un brigadista nacional que ingresa a la Administración Pública percibe alrededor de $700.000 mensuales, mientras que en la Patagonia el ingreso ronda el millón de pesos debido al suplemento por zona desfavorable. Desde el sindicato advierten que estas remuneraciones resultan insuficientes frente a las exigencias físicas, los riesgos y la responsabilidad que implica combatir incendios forestales. Además, alertan que los bajos salarios pueden provocar que trabajadores capacitados durante años por el Estado abandonen sus puestos para incorporarse a actividades privadas que ofrecen mejores condiciones económicas.

La posible pérdida de brigadistas experimentados representa un problema que va más allá de la cantidad de puestos laborales. Cada trabajador que abandona el sistema público implica también la pérdida de conocimientos técnicos, experiencia y capacidades operativas construidas durante años de formación. ATE advierte que esta situación puede debilitar la respuesta estatal frente a incendios cada vez más complejos y numerosos. El sindicato sostiene que la protección de los bosques, las comunidades y las áreas naturales no puede depender exclusivamente de la voluntad de los trabajadores ni de la capacidad económica de cada provincia o municipio. Por el contrario, requiere una política pública sostenida que garantice estabilidad laboral, salarios adecuados, equipamiento y formación permanente.

La organización también viene impulsando iniciativas legislativas para reconocer y proteger las condiciones laborales de los combatientes de incendios y emergencias forestales y rurales. Entre sus planteos se encuentra la necesidad de incorporar más personal, recomponer los ingresos y avanzar en la estabilidad laboral de quienes tienen trayectoria y experiencia en el sector. En septiembre, ATE había participado en un debate en la Cámara de Diputados sobre políticas públicas para fortalecer la prevención y el combate de incendios forestales, donde defendió un proyecto para reconocer esta actividad como un servicio público esencial y garantizar derechos laborales específicos.

La advertencia sindical adquiere especial relevancia ante un escenario climático que podría incrementar la frecuencia y la intensidad de determinados fenómenos extremos. Para ATE, no alcanza con movilizar recursos cuando los incendios ya se encuentran fuera de control: resulta indispensable fortalecer los sistemas de prevención durante todo el año. El reclamo apunta directamente al Gobierno nacional y plantea una discusión sobre las prioridades presupuestarias y el papel del Estado en la protección ambiental. Mientras se aproxima una nueva temporada de incendios, los brigadistas exigen condiciones dignas para desarrollar una tarea esencial. La consigna del sindicato es clara: no puede haber una política eficaz de prevención y combate del fuego sin trabajadores reconocidos, equipos suficientes y financiamiento público adecuado.

Fuente: InfoGremiales

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