Bunge deberá reincorporar a los trabajadores despedidos en Campana tras la intervención del Gobierno bonaerense

Sindicato de Industria Quimica de Zarate
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Publicidad Electrum Digital - Luz y Fuerza Córdoba

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por 15 días y ordenó a la multinacional Bunge retrotraer los despidos, restablecer los puestos laborales y pagar los salarios correspondientes. La medida busca frenar el cierre de una planta industrial que dejó a más de un centenar de trabajadores en la calle. El gremio mantiene el reclamo y la próxima audiencia será el 20 de noviembre.

El conflicto laboral en la planta de Bunge Argentina, ubicada en la ciudad bonaerense de Campana, sumó un capítulo decisivo luego de que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictara la conciliación obligatoria y exigiera a la multinacional dejar sin efecto los despidos de los trabajadores afectados por el cierre del establecimiento. La resolución establece un período de negociación de 15 días y obliga a la compañía a restablecer las condiciones laborales anteriores al inicio del conflicto, en un intento por preservar los puestos de trabajo y evitar que avance la clausura de una instalación industrial con más de cinco décadas de actividad.

La decisión quedó formalizada mediante la Disposición N.º 565/2026 de la Delegación Regional Campana del Ministerio de Trabajo bonaerense. Entre sus principales puntos, la resolución intima a Bunge a reincorporar a la totalidad de los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo, abonar los haberes devengados y garantizar que retomen sus tareas habituales. La disposición comenzó a regir desde las 00 horas del martes 17 de noviembre y advierte que el incumplimiento de las obligaciones impuestas puede derivar en sanciones para la empresa y sus representantes.

La crisis comenzó el pasado 26 de octubre, cuando la compañía comunicó su decisión de cerrar el establecimiento industrial y desvincular a la totalidad de su personal. Según consta en el expediente administrativo, los despidos fueron comunicados sin invocación de causa, una situación que generó un inmediato rechazo por parte del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate-Campana. Desde entonces, los trabajadores iniciaron protestas, movilizaciones y un acampe frente a las instalaciones para exigir la continuidad de la producción y la preservación de sus fuentes laborales.

Las negociaciones desarrolladas entre la empresa y la representación sindical no consiguieron destrabar el conflicto. Durante las audiencias realizadas el 28 de octubre, el 5 de noviembre y el 16 de noviembre, Bunge mantuvo su decisión de cerrar la planta y ratificó los despidos, mientras que el sindicato reclamó la reincorporación definitiva de los trabajadores. Ante la falta de avances y la posibilidad de una profundización de las medidas de fuerza, la autoridad laboral consideró que existía una alteración concreta de la paz social y calificó la situación como de extrema gravedad.

La conciliación obligatoria también establece obligaciones para la representación gremial y los trabajadores, que deberán suspender las medidas de acción directa y garantizar la prestación normal de los servicios durante el período de negociación. De esta manera, el Gobierno provincial busca generar un ámbito institucional para acercar posiciones y evitar que la disputa continúe escalando. Sin embargo, el eje central del conflicto sigue siendo la continuidad de la actividad industrial y la posibilidad de que los trabajadores recuperen sus puestos de manera permanente.

La planta de Campana cuenta con más de 50 años de historia y estaba dedicada a la producción de amoníaco y tiosulfato de amonio, dos insumos fundamentales para la elaboración de fertilizantes utilizados en distintas actividades agrícolas. El establecimiento también tenía participación de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que intervenía con el 17,5% de la producción. El cierre representa, por lo tanto, un impacto que excede las desvinculaciones individuales y alcanza a una cadena productiva vinculada con el abastecimiento de insumos para el sector agropecuario.

Desde la organización sindical cuestionaron los argumentos empresariales y vincularon la decisión de discontinuar la producción con las condiciones generadas por la apertura de importaciones. El secretario general del gremio, Óscar Casco, sostuvo que la compañía pretende reemplazar la fabricación local por la comercialización de productos terminados provenientes del exterior. «Para nosotros es una maniobra. Es traer el producto terminado de afuera y ellos comercializarlo», manifestó en declaraciones a AM750. El dirigente también advirtió sobre las consecuencias sociales que puede generar la desaparición de una fuente de empleo industrial de larga trayectoria en la comunidad de Campana.

La resolución del Ministerio de Trabajo representa un alivio inmediato para las familias afectadas, pero no garantiza todavía la continuidad definitiva de la planta ni la recuperación permanente de la producción. La próxima audiencia fue convocada para el viernes 20 de noviembre a las 11 horas, instancia en la que las partes deberán volver a sentarse a negociar. Mientras tanto, los trabajadores mantienen la expectativa de que la intervención estatal permita revertir el cierre y evitar que una nueva decisión empresarial termine con décadas de actividad industrial y destruya puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires.

Scroll al inicio