Ley de patentes: el Gobierno busca aprobar una adhesión parcial al tratado internacional y crece la disputa con Estados Unidos

MILEI Y TRUMP
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

El proyecto que el Senado trataría el 19 de noviembre contempla la incorporación de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), pero con una reserva sobre el Capítulo II. La modificación responde a los planteos de los laboratorios nacionales y se enfrenta al rechazo de las multinacionales farmacéuticas y de Washington, que reclaman una adhesión sin excepciones.

La discusión por la ley de patentes volvió a instalarse en el centro de la agenda política y económica nacional. El proyecto que llegará al Senado propone que Argentina adhiera al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un sistema internacional que permite simplificar los procedimientos para solicitar protección de invenciones en distintos países. Sin embargo, la iniciativa incorpora una reserva sobre el Capítulo II del acuerdo, una modificación que generó fuertes diferencias entre los laboratorios nacionales, las compañías farmacéuticas multinacionales y el Gobierno de Estados Unidos. Según informó Noticias Argentinas, el texto que se trataría el jueves 19 de noviembre no responde plenamente a las exigencias de Washington ni de las empresas extranjeras, sino que recoge parte de los planteos de la industria farmacéutica local.

El PCT es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al que ya adhirieron 158 países. Su principal objetivo es facilitar la presentación de solicitudes internacionales de patentes mediante un procedimiento unificado. Esto permite que inventores, investigadores y empresas puedan iniciar desde un mismo trámite la búsqueda de protección para sus desarrollos en diferentes mercados. No obstante, la adhesión no significa que una patente sea concedida automáticamente en todos los países: cada Estado conserva la facultad de evaluar las solicitudes y decidir sobre su otorgamiento de acuerdo con su legislación. La discusión argentina se concentra en las condiciones de esa incorporación y en el alcance de las herramientas de evaluación que quedarían disponibles para el sistema local.

El punto más controvertido es la reserva del Capítulo II, que contempla el examen preliminar internacional de las solicitudes de patentes. Para las compañías farmacéuticas extranjeras, esta instancia permite mejorar la calidad de las evaluaciones y reducir la incertidumbre sobre la posibilidad de obtener protección en distintos mercados. La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que representa a filiales locales de empresas como Pfizer, Merck, Roche, Novartis, Bristol Myers Squibb, GSK y Sanofi, junto con la cámara AmCham, enviaron comunicaciones a legisladores para rechazar cualquier modificación del tratado. Su argumento es que la reserva reduciría los beneficios de incorporarse plenamente al sistema internacional y limitaría las herramientas disponibles para las empresas que desarrollan nuevas tecnologías y medicamentos.

En la vereda opuesta se ubican los laboratorios nacionales, agrupados principalmente en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), que impulsaron la incorporación de esa reserva. El sector sostiene que una adhesión sin excepciones podría perjudicar la producción local de medicamentos y favorecer la posición de las multinacionales en el mercado argentino. Una de las principales preocupaciones está vinculada con el patentamiento de principios activos y desarrollos farmacéuticos, ya que una protección más amplia podría limitar la posibilidad de producir versiones genéricas o similares de determinados medicamentos. Para la industria nacional, preservar herramientas regulatorias propias resulta fundamental para sostener la competencia, la fabricación local y el acceso a tratamientos a precios más accesibles.

La discusión también tiene una dimensión económica y diplomática. Las compañías multinacionales anunciaron una inversión de 8.000 millones de dólares en investigación clínica en Argentina entre 2026 y 2032, presentada durante un acto en la Casa Rosada junto al presidente Javier Milei. Ese compromiso fue utilizado por representantes de Estados Unidos como argumento para reclamar una rápida aprobación del tratado. El embajador estadounidense, Peter Lamelas, insistió públicamente en la necesidad de avanzar con la iniciativa, mientras que otros funcionarios de Washington también realizaron gestiones ante legisladores argentinos. Sin embargo, la inversión anunciada está vinculada al marco de propiedad intelectual y su concreción dependerá de las condiciones que finalmente se establezcan, por lo que no debe interpretarse como un desembolso ya realizado ni como una garantía de ejecución automática.

La presión estadounidense se explica, además, por los compromisos asumidos en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), firmado por Milei y Donald Trump el 5 de febrero de 2026. La adhesión al PCT forma parte de los puntos que Washington espera que Argentina cumpla dentro de ese entendimiento bilateral. En las últimas semanas, la diplomacia estadounidense intensificó sus gestiones: Lamelas reclamó públicamente la aprobación, el subsecretario de Estado Christopher Landau visitó Buenos Aires y funcionarios de la oficina comercial USTR mantuvieron contactos en el Congreso. El consejero comercial de la embajada, Joel Reynoso, también expresó la expectativa de su país al afirmar que estaban “muy ansiosos” por la sanción. La discusión legislativa se convirtió así en una cuestión que excede el ámbito farmacéutico y compromete la relación comercial y política entre ambos gobiernos.

El recorrido parlamentario del proyecto estuvo marcado por negociaciones y postergaciones. La iniciativa recibió media sanción de la Cámara de Diputados el 26 de agosto de 2026, con 147 votos afirmativos y 93 negativos, pero las modificaciones introducidas obligaron a que el texto regresara al Senado para su tratamiento definitivo. El debate había generado resistencias desde los primeros meses del año, especialmente por los planteos de los laboratorios nacionales, que advertían sobre los posibles efectos de una adhesión plena. La reserva del Capítulo II terminó siendo una fórmula de negociación para acercar posiciones y conseguir respaldo legislativo. Según los antecedentes publicados por Noticias Argentinas, Uruguay es el único país entre los 158 integrantes del sistema que adoptó previamente una reserva de este tipo, un dato que permite dimensionar el carácter excepcional de la alternativa que se discute en Argentina.

El desenlace de la votación tendrá consecuencias para la política industrial, la investigación científica, la producción farmacéutica y la relación del Gobierno con Estados Unidos. Una adhesión con reserva podría preservar parte de las herramientas que reclaman los laboratorios nacionales, pero también profundizar las diferencias con Washington y las multinacionales, que consideran insuficiente el texto propuesto. En el centro de la disputa aparece una pregunta de fondo: cómo integrar a Argentina a los sistemas internacionales de innovación y protección de patentes sin debilitar su capacidad productiva ni encarecer el acceso de la población a los medicamentos. El Senado tendrá la responsabilidad de definir qué modelo de incorporación se adopta y qué equilibrio se establece entre los compromisos internacionales, la soberanía regulatoria y la defensa de la industria farmacéutica nacional.

Fuente: Noticias Argentinas

Scroll al inicio