La Justicia declaró inconstitucional la fórmula jubilatoria de Alberto Fernández y ordenó recalcular los haberes con el esquema de Macri

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La Cámara Federal de la Seguridad Social cuestionó el mecanismo de movilidad previsional que rigió entre 2021 y 2024 y ordenó aplicar la fórmula aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri para recalcular la jubilación de una demandante. El fallo determinó una pérdida del 46,83% del poder adquisitivo y podría sentar un precedente para miles de reclamos contra la ANSES.

La Justicia volvió a poner en el centro de la discusión la movilidad jubilatoria en Argentina. La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula establecida por la Ley 27.609, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, al considerar que el mecanismo de actualización aplicado entre 2021 y 2024 provocó un deterioro significativo del poder adquisitivo de los haberes previsionales. La resolución se produjo en el marco de una demanda presentada por Carmen Galletta contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado su reclamo.

El fallo lleva las firmas de los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, quienes dispusieron que la jubilación de la demandante sea recalculada utilizando la fórmula de movilidad que estuvo vigente durante la presidencia de Mauricio Macri. La medida comprende el período entre enero de 2021 y junio de 2024 inclusive. Una vez reconstruidos los haberes correspondientes a esos años, deberá aplicarse el mecanismo de actualización mensual vinculado a la inflación que comenzó a regir mediante el Decreto 274/2024.

Uno de los principales argumentos de los magistrados fue la diferencia entre los aumentos otorgados a los jubilados y la evolución de los precios durante el período analizado. Según los datos incorporados al expediente, entre marzo de 2021 y marzo de 2024 la movilidad jubilatoria acumuló un incremento del 553,55%, mientras que la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1.129,07%. Para el tribunal, esa brecha representó una pérdida del 46,83% del poder adquisitivo de la jubilación de la demandante.

La resolución cuestionó especialmente que la fórmula aprobada durante la gestión de Fernández combinara la evolución de los salarios y la recaudación tributaria, sin incorporar directamente la inflación como variable de actualización ni establecer mecanismos de protección frente a una aceleración extraordinaria de los precios. Los jueces consideraron que esa característica terminó perjudicando a los beneficiarios del sistema previsional, particularmente durante los períodos de mayor inflación. También señalaron que los incrementos posteriores vinculados al costo de vida no consiguieron recuperar completamente el terreno perdido, porque se aplicaron sobre una base de haberes que ya había sufrido una fuerte depreciación.

Como mecanismo para recomponer los ingresos de la jubilada, la Cámara ordenó utilizar la fórmula establecida por la Ley 27.426, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese sistema contemplaba actualizaciones trimestrales compuestas en un 70% por la variación del IPC y en un 30% por la evolución de los salarios registrados, medida a través de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). La Justicia consideró que ese esquema debía utilizarse como parámetro para reconstruir los haberes correspondientes al período cuestionado y posteriormente enlazarse con el régimen de actualización por inflación vigente desde 2024.

El pronunciamiento también estableció criterios para determinar las diferencias económicas que eventualmente deberá pagar la ANSES. Durante la etapa de liquidación se deberán contemplar los montos que la beneficiaria ya haya recibido por movilidad, adelantos y otros conceptos, con el objetivo de evitar duplicaciones. Asimismo, se dispuso que los intereses correspondientes a las diferencias retroactivas se calculen utilizando la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central. La Cámara también declaró inconstitucional el tope previsto en el artículo 9, inciso 3, de la Ley 24.463 cuando su aplicación produzca una quita igual o superior al 15% del haber jubilatorio.

Aunque la decisión representa un avance judicial para la demandante, es importante aclarar que no establece un aumento automático para todos los jubilados y pensionados del país. La sentencia tiene efectos directos sobre el expediente de Carmen Galletta, pero constituye un antecedente relevante para otros reclamos previsionales que cuestionan los mecanismos de actualización aplicados durante los últimos años. Miles de jubilados mantienen litigios contra el organismo previsional por diferencias en sus haberes y por el deterioro acumulado de sus ingresos frente a la inflación. La resolución podría fortalecer los argumentos de quienes buscan una recomposición judicial de sus jubilaciones.

El fallo vuelve a exponer una problemática estructural del sistema previsional argentino: la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los adultos mayores frente a los cambios económicos y las distintas fórmulas de movilidad implementadas por los gobiernos. En un escenario en el que los ingresos jubilatorios continúan siendo motivo de preocupación, la decisión judicial reabre el debate sobre las responsabilidades de las distintas administraciones y la necesidad de garantizar mecanismos de actualización que protejan efectivamente los haberes. Mientras tanto, el alcance de este pronunciamiento dependerá de su aplicación concreta y de cómo evolucione su utilización en los numerosos litigios que permanecen en los tribunales.

Fuente: El Destape

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