La historia de una mujer de Tartagal, Salta, que habría sufrido casi dos décadas de violencia de género, volvió a poner en discusión las fallas del sistema de protección judicial. Casada a los 13 años y madre a los 14, Romina Balverdi había denunciado reiteradamente a su expareja. Antes del desenlace fatal, sus hijos también habían pedido ayuda ante el temor de nuevas agresiones. Ahora permanece detenida y crece el reclamo social por su libertad.
La historia de Romina Balverdi expone una realidad que atraviesa a numerosas mujeres víctimas de violencia de género: los pedidos de ayuda que no encuentran respuestas suficientes y las medidas de protección que, en determinadas circunstancias, no consiguen evitar nuevas agresiones. La mujer, oriunda de Tartagal, provincia de Salta, permanece detenida después de haber provocado la muerte de su expareja, Roberto Barraza, durante un episodio ocurrido el pasado 9 de noviembre. Sin embargo, detrás de ese desenlace existe una historia de violencia que, según su defensa y los testimonios de sus familiares, se habría prolongado durante aproximadamente 18 años. El caso generó una fuerte repercusión pública y abrió un debate sobre las responsabilidades institucionales frente a situaciones de violencia sostenida.
La historia personal de Balverdi también permite dimensionar la vulnerabilidad en la que habría transcurrido gran parte de su vida. Según la reconstrucción publicada por Página/12, se casó cuando tenía apenas 13 años y fue madre a los 14. Desde entonces, habría atravesado una relación marcada por episodios de maltrato, amenazas y agresiones. Su abogado defensor sostiene que las situaciones de violencia se extendieron durante años e incluyeron hechos de extrema gravedad, incluso delante de sus hijos. La defensa también afirmó que existían antecedentes de abuso y sometimiento desde su infancia. Se trata de circunstancias que deberán ser incorporadas y evaluadas dentro de la investigación judicial, pero que permiten comprender por qué el caso trascendió la dimensión estrictamente policial para convertirse en una discusión social sobre la violencia contra las mujeres.
Uno de los aspectos centrales del expediente son las denuncias que Balverdi habría realizado contra Barraza durante distintos momentos de la relación. Según su propio testimonio, había intentado recurrir a las autoridades y conseguir protección para ella y sus hijos. En una entrevista anterior al hecho, aseguró que llevaba 16 años sufriendo violencia y recordó que había denunciado a su expareja en 2019 y nuevamente el 8 de abril de 2026. También relató que había intentado alejarse trasladándose a diferentes localidades e incluso viajando a Buenos Aires, pero que no conseguía escapar definitivamente de la situación. “Siempre me encontraron”, habría expresado al describir sus intentos por reconstruir su vida lejos del hombre al que señalaba como su agresor.
El desenlace del caso estuvo precedido por una serie de episodios que, de acuerdo con los familiares de Balverdi, evidenciaron el temor que atravesaba el grupo familiar. La reconstrucción difundida por distintos medios indica que Barraza se presentó en una vivienda donde se encontraban algunos de los hijos de la pareja y habría comenzado a patear la puerta y amenazarlos. Los menores consiguieron registrar parte de la situación con sus teléfonos y se dio intervención a la Policía. Sin embargo, según el relato de la familia, los efectivos se retiraron después de tomar los datos, sin que el conflicto quedara resuelto. Posteriormente, la situación habría continuado en otros domicilios de Tartagal, donde Balverdi intentaba resguardarse de nuevas agresiones. Esta secuencia deberá ser reconstruida y corroborada por la investigación judicial.
Uno de los elementos más conmovedores del caso son los audios que los hijos de Balverdi enviaron a una pastora de la zona antes de la muerte de Barraza. En esos mensajes, un niño de apenas diez años pedía ayuda para proteger a su hermana, una menor con discapacidad, ante el temor de que pudiera quedar expuesta a nuevas situaciones de violencia. La hija mayor también se comunicó con su madre para advertirle sobre el peligro que corría y recomendarle que abandonara Tartagal. Según la información publicada por Infobae, en uno de los registros el niño suplicaba que cuidaran de su hermana. Los mensajes constituyen un testimonio del miedo que atravesaban los menores y se incorporaron a la reconstrucción pública de los acontecimientos previos al episodio fatal. La situación de los cuatro hijos, dos de ellos con discapacidad, también forma parte de los argumentos presentados por la defensa.
El 9 de noviembre, el conflicto terminó con la muerte de Roberto Barraza, quien recibió una herida de arma blanca en el cuello. De acuerdo con la versión de los familiares, el hombre habría perseguido a Balverdi después de una nueva situación de violencia y la habría encontrado en la vivienda de una hermana, donde intentó agredirla nuevamente. En esas circunstancias, la mujer habría utilizado un cuchillo y provocado la lesión que terminó con la vida de su expareja. Barraza, de 58 años, era conocido en la zona por su actividad como dirigente de desocupados. La investigación quedó inicialmente en manos de la Justicia salteña, que deberá determinar con precisión cómo se desarrollaron los acontecimientos, qué ocurrió inmediatamente antes de la agresión y si Balverdi actuó en legítima defensa. La existencia de antecedentes de violencia y las circunstancias concretas del episodio serán elementos centrales para establecer su responsabilidad penal.
Tras el hecho, Balverdi quedó detenida y la defensa comenzó a reclamar que se contemplen los antecedentes de violencia denunciados durante años. Su abogado, Alexis Robert Rivas, sostiene que cuenta con elementos para acreditar las agresiones sufridas por su representada y cuestiona que las intervenciones institucionales anteriores no hayan conseguido garantizar su seguridad. La Justicia rechazó el pedido de eximición de prisión y la mujer continúa privada de su libertad, mientras la defensa busca que se le conceda el arresto domiciliario. Entre los argumentos presentados se encuentran la situación de sus cuatro hijos y las necesidades particulares de los dos menores con discapacidad. La calificación legal provisoria y las circunstancias de la detención deberán seguir su curso en el expediente, sin que ello implique anticipar una resolución sobre la legítima defensa o la responsabilidad penal de la acusada.
Mientras avanza la investigación, el caso comenzó a generar movilizaciones y expresiones de solidaridad en Tartagal. Para este viernes 13 de noviembre está prevista una nueva manifestación frente a la Ciudad Judicial de esa localidad, donde familiares y sectores que acompañan el reclamo exigirán la libertad de Balverdi. La discusión excede la situación procesal de una mujer acusada de provocar una muerte: interpela a las instituciones encargadas de recibir denuncias, disponer medidas de protección y garantizar que las víctimas puedan vivir sin amenazas. ¿Qué ocurre cuando una mujer denuncia durante años y continúa expuesta a su agresor? ¿Qué responsabilidad tienen los organismos que deben intervenir antes de que la violencia termine en una tragedia? La historia de Romina Balverdi vuelve a colocar esas preguntas en el centro de la agenda pública y obliga a discutir un problema que no puede reducirse a un expediente policial. Detrás del caso hay una mujer, cuatro hijos y una cadena de denuncias y pedidos de ayuda cuya respuesta institucional también merece ser investigada.
Fuente: Página/12



