El fiscal Sandro Abraldes solicitó que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados sea condenado por el crimen ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. También reclamó su detención inmediata una vez que finalice la internación involuntaria. La defensa presentará sus alegatos el viernes 13 de noviembre.
El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez ingresó en su etapa decisiva luego de que la Fiscalía solicitara una pena de 18 años y seis meses de prisión para el músico, acusado de asesinar a Cristian Díaz, de 36 años, durante un episodio ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, del barrio porteño de Villa Lugano. El pedido fue formulado por el fiscal general Sandro Abraldes, quien además reclamó que el cantante sea detenido inmediatamente después de una eventual condena, una vez finalizada su internación involuntaria.
Durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, Abraldes sostuvo que las pruebas reunidas durante el proceso permiten atribuirle al músico la responsabilidad por el homicidio. La acusación contempla el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación ilegítima de arma de uso civil. El representante del Ministerio Público Fiscal descartó que el hecho haya ocurrido en legítima defensa y cuestionó la decisión de Álvarez de llevar un arma sin autorización.
Uno de los ejes centrales de la exposición fiscal fue la reconstrucción de los momentos previos al crimen. Según la acusación, el músico y Díaz comenzaron a discutir durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en las inmediaciones de una de las torres del complejo habitacional. En medio del enfrentamiento, Álvarez habría extraído una pistola calibre .25 que llevaba en el bolsillo de su campera y efectuado un disparo contra la cabeza de la víctima. Cuando Díaz cayó al suelo, habría realizado otros tres disparos.
El fiscal respaldó esa reconstrucción con declaraciones testimoniales, peritajes criminalísticos y estudios forenses incorporados al expediente. Según expuso, los especialistas determinaron que los disparos se efectuaron a corta distancia, entre 60 y 80 centímetros, y que las lesiones provocadas por los proyectiles fueron todas de carácter vital. También destacó que la víctima no portaba un arma de fuego y que no existían elementos suficientes para sostener que hubiera representado una amenaza que justificara la reacción del acusado.
Abraldes también puso el foco en la portación ilegal del arma. Durante su exposición señaló que Álvarez no contaba con autorización estatal para tener o transportar armamento y recordó declaraciones públicas anteriores del músico en las que había hablado sobre su costumbre de andar armado. Para la Fiscalía, ese antecedente resulta relevante porque sostiene que la decisión de llevar el arma fue previa al encuentro con Díaz y no una reacción espontánea frente a una situación de peligro.
Otro punto importante del alegato estuvo relacionado con la capacidad del acusado para comprender la criminalidad de sus actos. El fiscal rechazó que existieran elementos suficientes para considerarlo inimputable y recordó los informes de profesionales que intervinieron durante la investigación. También cuestionó que el consumo problemático de sustancias o las dificultades personales del músico puedan, por sí solos, justificar la exclusión de responsabilidad penal.
En relación con la pena solicitada, el representante del Ministerio Público tuvo en cuenta la violencia desplegada, la reiteración de los disparos y la gravedad del hecho. Sin embargo, también mencionó como circunstancia a considerar el arrepentimiento expresado por Álvarez durante el juicio y las disculpas que dirigió a los familiares de la víctima. Al cerrar su exposición, Abraldes remarcó que la vida de Cristian Díaz debía ser protegida por el Estado y que la justicia debía actuar sin establecer diferencias por la popularidad o la trayectoria artística del acusado.
La querella, que representa a familiares de Díaz, había solicitado anteriormente una condena de 11 años y dos meses de prisión. Los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola sostuvieron que el músico comprendía sus acciones al momento del hecho y también descartaron la legítima defensa. A diferencia de la Fiscalía, la parte querellante planteó que, en caso de condena, Álvarez pudiera cumplir la pena bajo arresto domiciliario y contar con salidas laborales para desarrollar actividades vinculadas a la reparación del daño.
El proceso continuará este viernes 13 de noviembre, cuando los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro presenten sus alegatos ante el tribunal. La defensa deberá exponer sus argumentos frente a la acusación y buscará sostener su postura respecto de las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento. Una vez concluidas las exposiciones de las partes, los jueces deberán evaluar las pruebas y determinar si corresponde condenar o absolver al músico. Hasta que exista una sentencia, Álvarez conserva su presunción de inocencia.
Con ayuda de La Nueva Mañana
