Leonardo Bertulazzi, de 74 años, escapó del arresto domiciliario que cumplía en el barrio porteño de San Telmo mientras aguardaba su extradición a Italia, donde fue condenado a 27 años de prisión por su participación en la organización armada Brigadas Rojas y el secuestro del empresario Pietro Costa. El hombre tenía tobillera electrónica y custodia policial permanente, pero logró abandonar el departamento utilizando un sistema de arnés desde un balcón. El Gobierno nacional dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita localizarlo. El episodio abre interrogantes sobre los controles judiciales y policiales que debían garantizar su detención.
La fuga se produjo el martes 10 de noviembre en un departamento ubicado sobre la calle Defensa al 649, en el barrio porteño de San Telmo. Según las primeras reconstrucciones, Bertulazzi utilizó un arnés para descender desde el balcón del inmueble hasta un terreno baldío lindero, logrando escapar sin ser interceptado por los efectivos que tenían a su cargo la vigilancia. El hombre se encontraba bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica y custodia de la Policía Federal Argentina durante las 24 horas. La evasión fue advertida durante el cambio de guardia y puso en marcha un operativo de búsqueda para intentar localizarlo. Las circunstancias del escape generaron fuertes interrogantes sobre el funcionamiento de los mecanismos de control y la responsabilidad de quienes debían garantizar que permaneciera detenido.
La gravedad del episodio llevó al Ministerio de Seguridad Nacional a ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita encontrar al prófugo. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1168/2026, publicada en el Boletín Oficial, a partir de un pedido urgente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini. Las autoridades habilitaron además la difusión de fotografías del ciudadano italiano para facilitar su identificación. Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse de manera gratuita con la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas. La búsqueda se desarrolla en un contexto de cooperación judicial internacional, debido a que Italia reclama su entrega para que cumpla la condena impuesta por sus tribunales.
Bertulazzi no era un detenido común dentro del sistema judicial argentino. Durante la década de 1970 integró una columna de las Brigadas Rojas en la ciudad italiana de Génova, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó atentados, secuestros y asesinatos durante los llamados años de plomo en Italia. El grupo buscaba modificar radicalmente el orden político y social mediante la lucha armada y se convirtió en uno de los principales responsables de la violencia política que atravesó ese país durante aquellos años. Su accionar incluyó ataques contra instituciones, empresarios, dirigentes políticos y representantes del Estado. Las Brigadas Rojas alcanzaron notoriedad internacional por el secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro en 1978, aunque Bertulazzi no participó directamente de ese operativo porque para entonces ya se encontraba detenido.
La condena que pesa sobre el italiano asciende a 27 años de prisión y está vinculada, entre otros delitos, con su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa, ocurrido el 12 de enero de 1977. Costa pertenecía a una familia relacionada con la industria naval italiana y permaneció cautivo hasta fines de marzo de ese año, cuando fue liberado después del pago de un rescate. La Justicia italiana también acreditó la pertenencia de Bertulazzi a una organización armada y su participación en actividades vinculadas con el terrorismo y la subversión del orden democrático. De acuerdo con reconstrucciones periodísticas sobre el caso, parte del dinero obtenido mediante aquel secuestro habría sido utilizado para financiar actividades de la organización. Se trata de una condena dictada por tribunales italianos que las autoridades argentinas buscaban hacer efectiva mediante el procedimiento de extradición.
La historia de Bertulazzi en la Argentina comenzó mucho antes de esta nueva fuga. El italiano llegó al país en 2002 y fue detenido por primera vez al año siguiente, aunque recuperó la libertad después de aproximadamente ocho meses. En 2004 obtuvo el reconocimiento como refugiado político, una condición que durante años impidió avanzar con su entrega a Italia. Con el paso del tiempo logró establecerse en Buenos Aires, obtuvo documentación argentina, declaró un domicilio en San Telmo y llegó a desarrollar actividades comerciales registradas ante los organismos fiscales. Su situación cambió en agosto de 2024, cuando el Gobierno nacional le retiró el estatus de refugiado político y volvió a quedar detenido. Esa decisión permitió reactivar el proceso de extradición que Italia reclamaba desde hacía décadas.
El proceso judicial tuvo avances importantes durante 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló la procedencia de su extradición a Italia. Sin embargo, la entrega no se concretó inmediatamente y Bertulazzi permaneció bajo arresto domiciliario mientras se resolvían distintas instancias y presentaciones vinculadas con su situación procesal. Según las reconstrucciones publicadas, la defensa había presentado recursos para impedir su traslado, mientras las autoridades italianas continuaban reclamando que cumpliera la condena. La fuga se produjo precisamente cuando, de acuerdo con la información difundida por medios nacionales, se estaban ultimando los procedimientos para concretar su entrega. La investigación deberá determinar cómo consiguió evadir la custodia, qué fallas se produjeron en el sistema de monitoreo y si existieron responsabilidades adicionales en el operativo de vigilancia.
El episodio también abre un debate sobre las decisiones judiciales y los mecanismos de control aplicados a personas detenidas que tienen pedidos de extradición pendientes. Bertulazzi contaba con vigilancia policial y monitoreo electrónico, dos herramientas que debían impedir una evasión de estas características. Sin embargo, ninguna logró evitar que abandonara el inmueble y permaneciera fuera del alcance de las autoridades. La Justicia deberá reconstruir la secuencia completa, establecer si el dispositivo electrónico fue manipulado y determinar cómo pudo organizar una salida sin que los controles detectaran inmediatamente sus movimientos. Más allá de la responsabilidad individual del prófugo, la situación expone una falla institucional de gravedad: un hombre condenado en otro país por delitos vinculados con el terrorismo logró escapar mientras se encontraba bajo custodia del Estado argentino.
La fuga de Leonardo Bertulazzi se convirtió así en un nuevo episodio de repercusión internacional para la Argentina, que ahora enfrenta el desafío de localizarlo y completar un procedimiento de extradición que llevaba años de tramitación. El caso no solamente involucra el pasado de una organización armada que marcó una etapa oscura de la historia italiana, sino también el funcionamiento de las instituciones argentinas, la eficacia de los controles judiciales y la coordinación entre las fuerzas de seguridad. Mientras continúa la búsqueda y se ofrece una recompensa millonaria, quedan preguntas que deberán responder la investigación judicial y las autoridades responsables: cómo pudo escapar una persona sometida a vigilancia permanente, por qué no se detectó a tiempo la evasión y quiénes deberán responder por las fallas que permitieron que un detenido con extradición pendiente volviera a quedar prófugo.
Fuente: Minuto Uno
