El gasto primario nacional cayó un 5,5% real interanual en octubre y acumula una reducción del 3,3% en los primeros diez meses de 2026. Las transferencias a las provincias registraron un desplome del 56,5%, mientras que los subsidios económicos retrocedieron un 32,6%. El ajuste vuelve a concentrarse en recursos que impactan sobre las administraciones provinciales, el transporte, la energía y la obra pública.
El Gobierno de Javier Milei profundizó durante octubre el recorte del gasto público para sostener el superávit fiscal. De acuerdo con un informe de la consultora Analytica, procesado por la Agencia Noticias Argentinas, el gasto primario de la Administración Nacional registró una caída real interanual del 5,5% durante ese mes. Con este resultado, la reducción acumulada entre enero y octubre llegó al 3,3% en términos reales. Los números reflejan que, después de una moderación transitoria en septiembre, la política de ajuste volvió a ganar intensidad y tuvo como uno de sus principales objetivos las transferencias destinadas a las provincias.
El rubro más afectado fue precisamente el de las transferencias a los gobiernos provinciales, que sufrió una contracción del 56,5% interanual real en octubre. La reducción profundiza las dificultades financieras de las administraciones locales, que deben afrontar gastos en servicios públicos, salud, educación, seguridad e infraestructura con menores recursos provenientes de la Nación. En un escenario de caída de ingresos y mayores exigencias sobre los presupuestos provinciales, la disminución de estas partidas vuelve a tensar la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores, varios de los cuales vienen reclamando una distribución más amplia de los fondos nacionales.
Los subsidios económicos también estuvieron entre los principales componentes del ajuste. Según el relevamiento, registraron una caída real interanual del 32,6% en octubre. Dentro de ese conjunto, los subsidios destinados a energía retrocedieron un 26,2%, mientras que los vinculados al transporte tuvieron una reducción del 55,8%. El informe atribuye buena parte de esta última variación a la ausencia de transferencias al Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte. La reducción de los aportes estatales a estos sectores tiene consecuencias directas sobre el esquema de financiamiento de servicios esenciales y puede trasladar una mayor proporción de los costos a usuarios y jurisdicciones.
Otra partida que mostró una disminución fue la destinada a CAMMESA, la compañía que administra el mercado mayorista eléctrico y participa del esquema de pagos del sistema energético. Las transferencias a la empresa cayeron un 28,5% real interanual durante octubre. Por su parte, la inversión en obra pública registró una baja del 21,4% en términos reales. Este último dato vuelve a poner en discusión el papel del Estado nacional en el financiamiento de infraestructura estratégica, en momentos en que las provincias y los municipios deben afrontar obras de mantenimiento, conectividad y servicios con recursos propios o mediante mecanismos de financiamiento alternativos.
En el acumulado de los primeros diez meses del año, las transferencias a las provincias mantuvieron la mayor reducción, con una caída real del 61% interanual, según el informe de Analytica. Los programas sociales, por su parte, registraron un descenso acumulado del 22,7%. Dentro de ese universo, uno de los retrocesos más pronunciados correspondió al programa Volver al Trabajo, cuya partida cayó un 54,3%, luego de que sus montos permanecieran congelados hasta junio y el programa fuera posteriormente eliminado. La evolución de estas partidas muestra que el ajuste no se limita a la estructura administrativa del Estado, sino que alcanza mecanismos de asistencia y recursos que inciden sobre distintos sectores de la sociedad.
En contraste con la mayoría de los rubros, la Asignación Universal por Hijo fue la única partida social que registró un incremento real relevante durante octubre. El conjunto de asignaciones familiares y AUH aumentó un 1,5% interanual real, impulsado por una suba del 2,7% en la prestación destinada a titulares de la AUH. Las asignaciones familiares, en cambio, tuvieron una reducción del 0,6%. Analytica vinculó esta diferencia con la evolución de la cantidad de beneficiarios: mientras los titulares de asignaciones familiares disminuyeron un 4,8% interanual, los de la AUH aumentaron un 1%. El dato muestra un comportamiento dispar dentro del sistema de protección social.
El informe también registró que, al cierre de octubre, la deuda flotante acumulada de la Administración Nacional alcanzó los $2,9 billones, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno. Este indicador representa obligaciones devengadas que todavía no fueron canceladas y agrega otro elemento al análisis de las cuentas públicas. En paralelo, el Gobierno busca cumplir las metas fiscales previstas para 2026 y los compromisos asumidos en el programa con el Fondo Monetario Internacional. La reducción del gasto aparece como una de las herramientas centrales para alcanzar esos objetivos, aunque sus efectos se distribuyen de manera desigual entre las distintas áreas del Estado y los niveles de gobierno.
La discusión de fondo vuelve a ser quién absorbe el costo del equilibrio fiscal. Mientras el Ejecutivo presenta el superávit como uno de los pilares de su programa económico, las provincias reciben menos transferencias, se reducen los subsidios al transporte y la energía y continúa la contracción de la inversión pública. El debate no se agota en el resultado de las cuentas nacionales: también involucra la capacidad de los gobiernos locales para sostener servicios, atender demandas sociales y ejecutar obras. Los datos de octubre muestran que el ajuste continúa y que las administraciones provinciales siguen entre los sectores más afectados por la estrategia fiscal del Gobierno nacional.
Fuente: Noticias Argentinas



