El Gobierno de Javier Milei confirmó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante noviembre, pero volvió a mantener congelado el monto que se paga desde marzo de 2024. Tras 32 meses sin modificaciones y con una inflación acumulada superior al 159%, el refuerzo debería ascender a $231.253 para conservar su capacidad de compra original. La diferencia representa una pérdida de $161.253 mensuales para quienes cobran la jubilación mínima y dependen del adicional para complementar sus ingresos.
El Gobierno nacional ratificó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos durante noviembre, pero volvió a descartar cualquier actualización del monto. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 1296/2026, publicado en el Boletín Oficial, y prolonga una política que mantiene congelado el refuerzo previsional desde marzo de 2024. En estos 32 meses, los precios de la economía aumentaron considerablemente mientras el adicional permaneció sin modificaciones, provocando una fuerte reducción de su capacidad para acompañar los gastos cotidianos de las personas mayores. De acuerdo con los cálculos difundidos por la Agencia Noticias Argentinas, el bono perdió alrededor del 70% de su poder adquisitivo original.
La magnitud del deterioro se refleja en la diferencia entre el monto que actualmente reciben los beneficiarios y el que deberían cobrar para conservar el mismo poder de compra que tenía el refuerzo cuando fue implementado. Según las estimaciones publicadas, los $70.000 originales deberían haberse actualizado hasta alcanzar aproximadamente $231.253. Esto significa que existe una diferencia de $161.253 mensuales respecto del valor necesario para mantener la capacidad adquisitiva inicial. La pérdida no se produce por una reducción nominal del beneficio, sino por el efecto acumulado de la inflación sobre una suma que permanece congelada mientras el resto de los precios continúa aumentando.
El impacto también puede observarse en la participación del bono dentro de los ingresos totales de quienes cobran la jubilación mínima. En marzo de 2024, el adicional representaba aproximadamente el 34,2% del ingreso total de un jubilado que percibía el haber mínimo. Para noviembre de 2026, esa proporción caerá al 13,6%, lo que evidencia cómo el refuerzo fue perdiendo peso dentro de los ingresos previsionales. Aunque las jubilaciones reciben actualizaciones mensuales mediante el mecanismo de movilidad vinculado con la inflación, el bono continúa dependiendo de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo y no cuenta con un sistema automático de actualización.
Con el incremento correspondiente a noviembre, la jubilación mínima quedó establecida en $444.158,46. Al sumar el bono completo de $70.000, los beneficiarios que reúnan las condiciones para recibirlo alcanzarán un ingreso bruto de $514.158,46. Sin embargo, si el refuerzo hubiera acompañado la evolución de los precios desde marzo de 2024, el ingreso total sería considerablemente superior. La diferencia entre ambos escenarios muestra que el aumento de los haberes básicos no alcanza para compensar completamente el deterioro del adicional, especialmente entre quienes dependen de ese complemento para afrontar medicamentos, alimentos, servicios y otros gastos esenciales.
El congelamiento del bono también tiene consecuencias sobre el funcionamiento del sistema previsional, porque afecta a millones de personas que reciben jubilaciones y pensiones de menores ingresos. El refuerzo alcanza a jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas por invalidez, pensiones por vejez y otras prestaciones contempladas en la normativa. En los casos de quienes superan el haber mínimo, el beneficio se reduce de manera proporcional hasta alcanzar el límite establecido para cobrar el adicional. De esta forma, el congelamiento no solamente reduce el poder adquisitivo de quienes perciben la mínima, sino que también limita el alcance económico de una herramienta que fue creada para complementar los ingresos más bajos.
La política de mantener el bono sin actualización está relacionada con la decisión del Gobierno de tratarlo como un refuerzo extraordinario y no como parte integrante del haber jubilatorio. Mientras las prestaciones previsionales se ajustan mediante la fórmula de movilidad, el adicional requiere una decisión específica del Ejecutivo para modificar su valor. Esta diferencia permite mantener separado el gasto correspondiente a las jubilaciones del destinado al bono, pero también provoca que los beneficiarios pierdan capacidad de compra cuando el monto permanece fijo durante períodos prolongados de inflación. El resultado es un esquema en el que los haberes básicos aumentan, aunque una parte del ingreso de los jubilados más vulnerables continúa deteriorándose.
La situación también vuelve a poner en discusión el impacto de las políticas de ajuste fiscal sobre los adultos mayores. Desde el Gobierno se sostiene que el mantenimiento de los refuerzos previsionales debe evaluarse en función de las posibilidades presupuestarias y del equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, las cifras de la pérdida acumulada muestran las dificultades que enfrentan quienes dependen de estos ingresos para sostener sus necesidades básicas. A esto se suma que el bono no integra formalmente el haber jubilatorio y, por lo tanto, tampoco se computa para el cálculo del aguinaldo. La falta de actualización tiene así consecuencias que exceden el monto mensual y repercuten sobre otros componentes de los ingresos anuales de los beneficiarios.
La continuidad del bono de $70.000 durante noviembre garantiza que los jubilados y pensionados alcanzados por la medida sigan recibiendo un complemento, pero no resuelve el deterioro acumulado durante los últimos dos años y ocho meses. La discusión sobre su actualización vuelve a colocar en el centro de la agenda la situación económica de las personas mayores y la suficiencia de los ingresos previsionales frente al costo de vida. Con una pérdida estimada del 70% de su poder adquisitivo, el refuerzo que originalmente buscaba aliviar la situación de los sectores más vulnerables representa hoy una proporción mucho menor de sus ingresos. Mientras el Gobierno mantiene el monto congelado, millones de jubilados continúan afrontando sus gastos cotidianos con un complemento que quedó muy por detrás de la evolución de los precios.
Fuente: La Nueva Mañana
