La principal empresa avícola del país atraviesa una grave crisis financiera y laboral. En el marco de su pedido de concurso preventivo, declaró un pasivo superior a los $536.000 millones, mientras miles de trabajadores enfrentan salarios adeudados, falta de aportes y despidos. Desde el Sindicato de la Alimentación rechazaron las acusaciones empresariales y responsabilizaron a la conducción de la compañía por el desmanejo económico-financiero.
La crisis de Granja Tres Arroyos sumó un nuevo capítulo con la revelación de una deuda laboral e indemnizatoria de $62.448 millones, en un contexto en el que la empresa busca reorganizar sus obligaciones ante la Justicia comercial. De acuerdo con la documentación judicial citada por InfoGremiales, el pasivo total de la compañía supera los $536.000 millones al cierre de 2025. La situación expone la dimensión de los compromisos pendientes con trabajadores y acreedores, mientras la firma atraviesa dificultades para sostener el funcionamiento de sus establecimientos y cumplir con sus obligaciones salariales.
La deuda laboral comprende remuneraciones pendientes, aguinaldos, vacaciones, aportes y obligaciones vinculadas con las indemnizaciones. Según la información difundida, la empresa recurrió durante meses al pago fraccionado de los salarios y luego interrumpió los desembolsos en distintas unidades productivas. Para los trabajadores, el deterioro financiero se tradujo en atrasos prolongados, incertidumbre sobre el cobro de sus haberes y dificultades para afrontar gastos básicos. El conflicto dejó de ser una discusión exclusivamente contable para convertirse en una emergencia que compromete los ingresos y las condiciones de vida de numerosas familias.
Uno de los datos más graves del conflicto es la ratificación de 1.250 despidos en tres plantas de la provincia de Buenos Aires. Según el recuento de la cartera laboral bonaerense, las desvinculaciones se distribuyen entre 700 trabajadores de Capitán Sarmiento, 500 de Esteban Echeverría y 50 de Pilar. Las cesantías quedaron firmes tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, luego de que las negociaciones entre la empresa y la representación sindical concluyeran sin un acuerdo. Los despidos se suman a otras reducciones de personal y cierres registrados durante el proceso de deterioro de la compañía.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) rechazaron los argumentos que atribuyen la crisis al accionar gremial. En un pronunciamiento difundido bajo el título “Granja Tres Arroyos y la mentira patronal”, la organización sostuvo que la situación no es consecuencia de la actividad sindical, sino del “desmanejo económico-financiero” de la empresa. El gremio cuestionó que se responsabilice a los trabajadores por el conflicto mientras persisten incumplimientos salariales y previsionales. La disputa enfrenta así dos explicaciones sobre el origen de la crisis, en medio de un escenario en el que las consecuencias recaen de manera directa sobre el personal.
Entre los incumplimientos denunciados figuran salarios y aguinaldos impagos, vacaciones adeudadas, falta de aportes a la obra social y cuotas alimentarias establecidas judicialmente que no habrían sido depositadas. El sindicato también cuestionó el plan de pagos dispuesto unilateralmente por la compañía, al señalar que solo se habría abonado una cuota y media. Estas denuncias profundizan la preocupación por las condiciones en las que quedaron quienes todavía mantienen un vínculo laboral con la firma y quienes fueron despedidos sin haber percibido la totalidad de sus acreencias.
La crisis también golpeó con fuerza a Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, donde la planta La China dejó de funcionar en mayo. De los 930 empleados que quedaban en el establecimiento, 480 recibieron telegramas de despido en dos tandas, según el informe de InfoGremiales. Walter Bárbara, un trabajador con 31 años de antigüedad, relató que le adeudaban salarios desde abril, además de aportes y aguinaldos. Por su parte, Sergio Vereda, secretario general del Sindicato de la Carne, advirtió sobre el impacto social del conflicto y señaló que hay familias que no cuentan con ingresos suficientes para pagar el alquiler o comprar alimentos.
Las consecuencias exceden las puertas de las plantas industriales. En las localidades donde Granja Tres Arroyos sostenía una parte importante de la actividad económica, la pérdida de empleos repercute sobre comercios, servicios y otros sectores que dependen del consumo de los trabajadores. Los atrasos salariales reducen la circulación de dinero y agravan las dificultades de las familias para sostener sus gastos cotidianos. En ese contexto, la asistencia alimentaria y las iniciativas solidarias impulsadas por organizaciones sindicales y comunitarias aparecen como respuestas inmediatas ante una crisis que también afecta a las economías locales.
Mientras se aguarda la definición judicial sobre la apertura formal del concurso preventivo, los trabajadores reclaman el pago de los salarios adeudados y las indemnizaciones correspondientes. La CGT impulsa una mesa de trabajo con la Cámara de Frigoríficos Avícolas para analizar alternativas que permitan recuperar la actividad y preservar fuentes laborales. Sin embargo, el futuro de los establecimientos y la posibilidad de cobrar las deudas continúan rodeados de incertidumbre. El caso de Granja Tres Arroyos vuelve a poner en primer plano una cuestión central: detrás de los pasivos millonarios y las disputas empresariales hay miles de trabajadores que necesitan respuestas concretas para recuperar sus ingresos y defender sus derechos.
Fuente: InfoGremiales
