La Libertad Avanza no consiguió reunir los respaldos necesarios para avanzar con el dictamen en Diputados. Las diferencias giran en torno al financiamiento universitario, las obras públicas, la reducción de impuestos y las partidas sociales. El debate podría trasladarse a noviembre.
El tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados quedó demorado luego de que La Libertad Avanza (LLA) no lograra alcanzar un acuerdo con los bloques aliados para firmar el dictamen de mayoría. Las negociaciones continúan, pero las diferencias sobre distintos puntos centrales del proyecto impidieron que el oficialismo cumpliera con el cronograma previsto. La discusión es clave para el Gobierno nacional, que busca aprobar la denominada ley de leyes y establecer las previsiones de gastos y recursos para el próximo ejercicio.
El oficialismo mantuvo conversaciones con representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y el bloque Argentina Federal, aunque los encuentros no alcanzaron para cerrar un consenso. Entre los temas que generan mayores diferencias se encuentran la continuidad de las obras públicas, los cambios impositivos y el financiamiento de las universidades nacionales. La falta de entendimiento obligó a postergar la firma del despacho y abrió un nuevo período de negociaciones entre los legisladores que acompañan habitualmente algunas iniciativas del Ejecutivo y la bancada libertaria.
Uno de los principales reclamos de los bloques dialoguistas está relacionado con la reducción de impuestos que impactan sobre los consumidores. Entre las propuestas planteadas figuran una baja del impuesto a los combustibles y la reducción del IVA aplicado a los huevos y sus derivados, del 21% al 10,5%. Los sectores que impulsan estos cambios buscan incorporar modificaciones al proyecto antes de acompañarlo, mientras que el oficialismo debe evaluar hasta dónde está dispuesto a modificar su propuesta presupuestaria para conseguir los apoyos necesarios.
Las obras públicas constituyen otro punto de conflicto. Los bloques aliados reclaman mecanismos que garanticen los plazos y las tarifas de los trabajos en rutas nacionales, en un escenario en el que la continuidad de los proyectos de infraestructura forma parte de las discusiones parlamentarias. También piden sostener la actualización de las asignaciones sociales. Por su parte, el PRO incorporó a la negociación el reclamo por los fondos de coparticipación que corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, una cuestión que el oficialismo considera posible resolver mediante conversaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
El financiamiento de las universidades nacionales aparece entre los puntos más sensibles del debate. El proyecto del Poder Ejecutivo contempla una partida de $7,3 billones para el sector, mientras que los rectores reclaman elevar los recursos hasta los $11 billones. La diferencia entre ambas cifras mantiene abierto el conflicto en torno a los fondos destinados al sistema universitario público y plantea una de las principales definiciones que deberán abordarse durante las próximas semanas. La resolución de este punto puede resultar determinante para el posicionamiento de los legisladores que todavía no comprometieron su apoyo al presupuesto.
En materia de discapacidad, el oficialismo y sus aliados acordaron eliminar cuatro artículos del proyecto vinculados con esa área. Además, analizarán la posibilidad de reforzar las partidas para cumplir con la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, que todavía debe ser tratada por el Senado. Este entendimiento representa uno de los avances registrados durante las conversaciones, aunque no fue suficiente para destrabar el conjunto de las negociaciones. Las partidas sociales continúan formando parte de los reclamos que los bloques aliados pretenden resolver antes de acompañar el texto definitivo.
La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita al menos 129 legisladores presentes para alcanzar el quórum y habilitar el tratamiento del proyecto en el recinto. Por eso, la estrategia oficialista depende de sumar apoyos de distintos espacios. En las negociaciones aparecen la UCR, el PRO, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires, Argentina Federal, Producción y Trabajo y representantes de Provincias Unidas. De acuerdo con las estimaciones difundidas durante el debate, un eventual acuerdo podría reunir alrededor de 138 legisladores entre propios y aliados, aunque esa cifra depende de que las conversaciones se traduzcan efectivamente en respaldos.
La firma del dictamen podría trasladarse al 11 o al 17 de noviembre, mientras que las fechas consideradas para debatir el proyecto en el recinto son el 18 o el 25 de ese mes. Si el tratamiento se concreta el 25, el Gobierno deberá convocar a sesiones extraordinarias para avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027. Hasta entonces, el oficialismo tendrá que resolver las diferencias con sus aliados en materia de impuestos, infraestructura, universidades y políticas sociales. El resultado de esas negociaciones definirá el calendario legislativo y el alcance de los cambios que finalmente puedan incorporarse al proyecto presentado por el Ejecutivo.
Fuente: La Nueva Mañana
