La administración de Javier Milei modificó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y limitó el alcance de las penalidades contra compañías vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas. Los cambios se conocieron después de que funcionarios de Donald Trump expresaran preocupación por el impacto sobre empresas y fondos estadounidenses.
El Gobierno nacional modificó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para reducir el universo de empresas que podrían recibir sanciones por su participación en actividades de explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. La nueva redacción restringe las penalidades a determinados actores directamente vinculados con esas operaciones y excluye a parte de los inversores financieros indirectos. Según informó Política Argentina, los cambios se produjeron después de las advertencias de Estados Unidos sobre las posibles consecuencias que la iniciativa podía tener para compañías de ese país.
La iniciativa original buscaba establecer sanciones contra empresas y otros actores económicos relacionados con la explotación de recursos naturales que la Argentina considera ilegal en el área de Malvinas. El proyecto adquirió relevancia en el contexto de las actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas, particularmente por el desarrollo del proyecto Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas. La propuesta pretendía ampliar la responsabilidad más allá de las compañías operadoras, alcanzando también a proveedores, accionistas e intermediarios financieros vinculados con esos emprendimientos.
Las modificaciones introducidas por el Ejecutivo limitaron el alcance de las sanciones a operadores directos, licenciatarios, determinados proveedores y accionistas directos de los proyectos involucrados. También quedaron excluidos los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión que no tengan capacidad de decisión sobre los activos. En el caso de los proveedores, la nueva redacción exige demostrar que los bienes o servicios suministrados eran indispensables para la actividad cuestionada y que conocían, o no podían desconocer, el destino de esas prestaciones.
La discusión se desarrolló en paralelo con las gestiones diplomáticas de Washington. El 22 de octubre, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, se refirió públicamente al seguimiento que su país realizaba sobre el proyecto. Durante una conferencia de prensa junto al canciller argentino Pablo Quirno, señaló que Estados Unidos estaba atento a los intereses de sus empresas. Aunque afirmó que Washington respetaba el proceso legislativo argentino, sus declaraciones confirmaron que el posible impacto de las sanciones formaba parte de la agenda bilateral.
De acuerdo con las publicaciones periodísticas, las preocupaciones estadounidenses estaban relacionadas con la posibilidad de que la redacción inicial alcanzara a grandes fondos financieros con participaciones indirectas en compañías vinculadas con la explotación de recursos en el Atlántico Sur. Entre los nombres mencionados durante el debate apareció BlackRock, debido a sus inversiones en empresas internacionales. La amplitud de la versión original también había generado interrogantes sobre otras compañías estadounidenses con intereses en distintos sectores económicos. La modificación del proyecto redujo esa exposición al excluir a determinados actores sin intervención directa en las operaciones cuestionadas.
Desde el Gobierno rechazaron que los cambios representaran una concesión política a la administración de Donald Trump y los presentaron como ajustes técnicos para precisar el alcance de los artículos. Sin embargo, la secuencia entre las advertencias de Washington y la posterior reformulación del texto se convirtió en uno de los principales ejes de la discusión pública. Página/12 ya había informado sobre las dificultades para avanzar con la iniciativa y sobre las gestiones estadounidenses para evitar que el proyecto derivara en sanciones contra compañías de ese país.
Las modificaciones no se limitaron al capítulo sobre Malvinas. Según la información publicada, el oficialismo también aceptó cambios en otros artículos del proyecto, entre ellos la incorporación de una comisión bicameral de seguimiento parlamentario para controlar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. Además, se ajustó la redacción de las sanciones previstas para quienes actúen por cuenta o financiamiento de un Estado extranjero con el propósito de alterar procesos electorales o manipular la opinión pública, con exclusiones expresas para el periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.
El oficialismo busca reunir los respaldos necesarios para avanzar con el tratamiento legislativo, en medio de diferencias con bloques aliados y sectores de la oposición. Algunos legisladores reclamaron dividir el proyecto para separar las disposiciones relacionadas con Malvinas de las reformas vinculadas con defensa, inteligencia y seguridad interior. La discusión mantiene abierto el debate sobre cómo establecer mecanismos de protección de los recursos argentinos y, al mismo tiempo, delimitar las responsabilidades de las empresas e inversores que participan directa o indirectamente en actividades cuestionadas por el Estado nacional.
Fuente: Política Argentina
