A cuatro años del régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele, cerca de 93.000 personas fueron detenidas y apenas poco más de 10.500 recibieron condenas, según datos de la Fiscalía. Organizaciones de derechos humanos denuncian arrestos arbitrarios, muertes bajo custodia y graves restricciones al derecho a la defensa, mientras el Gobierno evalúa liberar de manera condicional a miles de detenidos.
Casi el 90% de las personas detenidas en El Salvador bajo el régimen de excepción impulsado por Nayib Bukele todavía no recibió una condena judicial. El dato fue presentado por el fiscal general, Rodolfo Delgado, ante el Congreso y refleja la dimensión del sistema de detenciones desplegado desde marzo de 2022, cuando el Gobierno inició su ofensiva contra las pandillas. Según el balance oficial, de las aproximadamente 93.000 personas arrestadas durante estos cuatro años, poco más de 10.500 cuentan con una condena. La cifra reabrió el debate sobre el funcionamiento de la Justicia salvadoreña, las garantías constitucionales suspendidas y las consecuencias de una política de seguridad que el Ejecutivo defiende por su impacto en la reducción de los homicidios.
La estrategia de Bukele se apoya en el régimen de excepción, una herramienta que permite suspender determinadas garantías y ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad para combatir a las organizaciones criminales. El Gobierno sostiene que las medidas fueron fundamentales para reducir la violencia de las pandillas y recuperar territorios que durante años estuvieron bajo su control. Sin embargo, el prolongado mantenimiento de estas disposiciones y la magnitud de las detenciones despertaron cuestionamientos de organismos internacionales y organizaciones humanitarias. Entre las principales críticas figuran la prolongación de la prisión preventiva, la falta de información sobre los expedientes y las dificultades para que los detenidos puedan acceder a una defensa efectiva.
Los datos de la Fiscalía también muestran que el proceso judicial avanza a un ritmo muy inferior al de las detenciones. Delgado informó que se registraban 13 condenas a prisión perpetua por delitos como pertenencia a organizaciones consideradas terroristas, homicidios y feminicidios, además de 244 absoluciones y diez sobreseimientos. El funcionario aclaró que las cifras corresponden a casos que llegaron a la etapa de juicio y sostuvo que espera que el número de condenas aumente. No obstante, el balance oficial no detalla todos los delitos atribuidos a las personas procesadas ni permite conocer, por sí solo, cuántos detenidos tienen pruebas suficientes en su contra. La diferencia entre el volumen de arrestos y el de condenas mantiene en el centro de la discusión la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Las denuncias más graves provienen de organizaciones que acompañan a familiares y personas detenidas. Socorro Jurídico Humanitario estimó que una parte importante de los arrestados no tendría vínculos con las pandillas, mientras que el propio Gobierno reconoció haber liberado a unas 8.000 personas detenidas durante la ofensiva. Funcionarios salvadoreños describieron esos casos como parte de un “margen de error” en las capturas. Para las organizaciones de derechos humanos, sin embargo, las excarcelaciones no resuelven el problema de fondo: quienes permanecen detenidos necesitan que sus casos sean revisados individualmente, con acceso a pruebas, defensa legal y decisiones judiciales independientes. Las denuncias también incluyen incomunicación, malos tratos y más de 500 muertes bajo custodia estatal desde el inicio del régimen, según registros citados por organizaciones humanitarias.
Un informe publicado en octubre por Human Rights Watch advirtió que los tribunales salvadoreños comenzaron a realizar juicios masivos en los que cientos de personas pueden ser procesadas en una misma audiencia. La organización señaló que abogados defensores denunciaron dificultades para acceder a los expedientes, cuestionar las pruebas de la Fiscalía y mantener conversaciones confidenciales con sus clientes. También documentó casos en los que las acusaciones se apoyaban en informes policiales, testimonios reservados y evidencias que la defensa no habría podido impugnar adecuadamente. Estas prácticas, según la entidad, comprometen el derecho al debido proceso y aumentan el riesgo de condenar a personas sin pruebas suficientes. El informe reclamó mecanismos independientes para revisar las detenciones y liberar a quienes hayan sido privados de su libertad sin fundamentos creíbles.
En paralelo, Bukele anunció que evalúa una liberación anticipada y condicional para alrededor de 5.000 personas consideradas colaboradoras ocasionales de las pandillas. De acuerdo con el mandatario, los posibles beneficiarios serían seleccionados según su grado de colaboración y podrían incorporarse al programa penitenciario “Cero Ocio”, que contempla trabajo en obras públicas como parte de los beneficios del sistema carcelario. La iniciativa fue presentada en medio de los cuestionamientos por la cantidad de detenidos que todavía no recibieron sentencia. Sin embargo, organizaciones humanitarias advirtieron que la decisión de quién puede recuperar la libertad no debería quedar exclusivamente en manos de una comisión gubernamental, sino que debe contar con controles judiciales independientes y criterios transparentes.
Otro punto de controversia es la forma en que se define la supuesta colaboración con las pandillas. Los críticos del régimen sostienen que en comunidades sometidas durante años a la intimidación criminal, algunas personas pudieron verse obligadas a cumplir exigencias de las organizaciones para evitar represalias. Por eso, consideran insuficiente clasificar a los detenidos únicamente a partir de presuntos vínculos o de declaraciones de terceros sin evaluar cada caso y sus circunstancias. El Gobierno, en cambio, presenta la ofensiva como una respuesta necesaria frente a estructuras responsables de asesinatos, extorsiones y otras formas de violencia. La discusión enfrenta así dos dimensiones que no deberían ser incompatibles: la protección de la población frente al crimen organizado y la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar con respeto por las garantías legales.
A cuatro años de la puesta en marcha del régimen de excepción, El Salvador enfrenta el desafío de resolver miles de causas penales sin convertir la detención prolongada en una condena anticipada. La reducción de la criminalidad constituye uno de los principales argumentos con los que Bukele defiende su política de seguridad, pero los cuestionamientos sobre la independencia judicial, la calidad de las pruebas y las condiciones de encarcelamiento siguen abiertos. El número de personas que aún esperan una resolución judicial evidencia la magnitud del problema y la necesidad de revisar los procedimientos. Para las organizaciones de derechos humanos, garantizar la seguridad no puede implicar que se abandone el derecho a la defensa; para el Gobierno, el desafío será demostrar que el sistema puede distinguir entre responsables de delitos e inocentes sin debilitar la lucha contra las pandillas.
Fuente: Página 12
