El canciller cubano, Bruno Rodríguez, y el embajador estadounidense Mike Waltz intercambiaron acusaciones durante el debate en la Asamblea General de Naciones Unidas. La Habana denunció presiones de Washington sobre otros países para modificar sus votos contra el embargo, mientras el Gobierno de Donald Trump pidió rechazar la resolución que exige levantar las sanciones.
El conflicto entre Cuba y Estados Unidos volvió a ocupar el centro de la escena internacional durante una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El martes 27 de octubre, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, y el embajador estadounidense ante el organismo, Mike Waltz, protagonizaron un duro intercambio de acusaciones durante el debate sobre el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a la isla. La discusión se produjo antes de la votación de una resolución impulsada por Cuba para reclamar el fin de las restricciones, en un escenario marcado por la escalada de tensiones entre ambos gobiernos.
El cruce comenzó durante la intervención de Waltz, quien cuestionó al Gobierno cubano y realizó acusaciones contra el expresidente Fidel Castro por el supuesto envío de personas homosexuales, cristianas y afrodescendientes a campos de concentración. La delegación cubana respondió con gritos y golpes sobre las mesas, mientras Rodríguez pidió al presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, que llamara al orden al representante estadounidense. La tensión escaló hasta el punto de que la autoridad de la sesión amenazó con suspender el debate si no cesaban las interrupciones.
Cuando finalmente pudo intervenir, Rodríguez acusó a Estados Unidos de mentir y de ejercer presiones sobre los Estados miembros para condicionar sus posiciones en la votación. El canciller sostuvo que las acciones de Washington atentaban contra la dignidad de Cuba y del conjunto de los países representados en Naciones Unidas. Waltz, por su parte, rechazó las denuncias y pidió a las delegaciones que no respaldaran la resolución cubana. El representante estadounidense argumentó que apoyar el texto significaría avalar al Gobierno de La Habana, al que responsabilizó por el sufrimiento de su población. Las acusaciones cruzadas reflejaron la profundidad de las diferencias entre ambos países y la disputa por el respaldo diplomático internacional.
La controversia se inscribe en una campaña diplomática que Cuba denuncia como una estrategia de presión de la administración de Donald Trump. Según Rodríguez, funcionarios estadounidenses habrían advertido a distintos gobiernos sobre posibles consecuencias en materia de visados, aranceles, cooperación y relaciones económicas si respaldaban la resolución. Reuters informó que el canciller cubano había formulado estas acusaciones antes de la sesión, mientras que Washington defendió su posición contra el texto. Las denuncias de La Habana forman parte de la disputa política en curso y deben distinguirse de las medidas concretas que puedan ser documentadas de manera independiente.
La votación de este año constituye la trigésima cuarta ocasión en que Cuba presenta ante la Asamblea General una resolución para reclamar el levantamiento del embargo. En 2025, la iniciativa obtuvo 165 votos favorables, 12 abstenciones y siete votos en contra: Estados Unidos, Israel, Argentina, Paraguay, Ucrania, Macedonia del Norte y Hungría. Aunque el proyecto ha recibido un respaldo amplio durante décadas, la atención está puesta en la posición que adoptarán los países que modificaron recientemente sus alineamientos diplomáticos, especialmente en América Latina y el Caribe. Argentina y Paraguay aparecen entre los gobiernos cuya postura vuelve a estar bajo observación.
El embargo estadounidense entró formalmente en vigor el 3 de febrero de 1962, durante la presidencia de John F. Kennedy, y se convirtió en uno de los principales ejes de la confrontación entre Washington y La Habana. El Gobierno cubano sostiene que las restricciones provocan graves perjuicios económicos y, en el informe presentado ante la ONU, calculó un impacto de 8.056 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Según las cifras oficiales cubanas, las pérdidas acumuladas durante más de seis décadas superarían los 178.700 millones de dólares. Se trata de estimaciones presentadas por las autoridades de la isla, que atribuyen al embargo una parte sustancial de las dificultades económicas que enfrenta el país.
La crisis cubana también está atravesada por problemas internos, dificultades productivas y decisiones económicas que afectan la capacidad del país para sostener sus servicios básicos. A esas debilidades se sumaron nuevas restricciones estadounidenses y las dificultades para acceder a combustibles, que agravaron los cortes de electricidad y los problemas de abastecimiento de agua y otros servicios. Washington sostiene que su política busca presionar al Gobierno cubano por sus prácticas políticas y la situación de los derechos humanos, mientras La Habana afirma que las sanciones castigan a la población y limitan sus posibilidades de recuperación. La disputa internacional se desarrolla, por lo tanto, sobre un escenario humanitario y económico complejo, con responsabilidades y explicaciones enfrentadas.
La resolución debatida en Naciones Unidas tiene carácter no vinculante: expresa la posición de la Asamblea General, pero no obliga jurídicamente a Estados Unidos a levantar las sanciones. La decisión efectiva sobre el embargo depende de las autoridades estadounidenses y, en aspectos centrales, del Congreso de ese país. Por eso, aunque el resultado de la votación permite medir el respaldo internacional a la demanda cubana, no implica por sí solo un cambio en la política de Washington. El debate también evidencia los límites de la diplomacia multilateral cuando una resolución obtiene apoyo mayoritario, pero el Estado al que está dirigida mantiene su posición.
El enfrentamiento entre Rodríguez y Waltz expuso la creciente tensión bilateral en vísperas de una nueva votación sobre el embargo. Cuba busca sostener el respaldo que obtiene desde hace más de tres décadas y denuncia una ofensiva estadounidense para reducirlo, mientras la administración Trump intenta sumar votos contra la resolución y cuestiona al sistema político cubano. La votación prevista para el miércoles 28 de octubre será una nueva señal del posicionamiento de la comunidad internacional frente a las sanciones, aunque sus consecuencias concretas dependerán de las decisiones posteriores de Washington y de la evolución de las relaciones entre ambos países.
Fuente: Página 12
