Este viernes 30 de octubre se realizará la 13.ª Marcha por el Derecho a la Salud Mental, bajo la consigna “La salud mental está que arde”. La movilización partirá a las 18 desde Colón y General Paz, con reclamos por mayor presupuesto, condiciones dignas de atención y defensa de la Ley Nacional de Salud Mental.
La ciudad de Córdoba volverá a movilizarse en defensa del derecho a la salud mental. Este viernes 30 de octubre, a las 18, se realizará la 13.ª Marcha por el Derecho a la Salud Mental, que tendrá como punto de partida la esquina de las avenidas Colón y General Paz. La convocatoria reúne a organizaciones sociales, trabajadores y trabajadoras del sector, instituciones académicas, personas usuarias de los servicios de salud y familiares, bajo una consigna que busca visibilizar la situación de quienes necesitan atención y de los equipos que sostienen cotidianamente las tareas de cuidado.
“La salud mental está que arde” es el lema elegido para esta edición. Desde las organizaciones convocantes señalan que el malestar social, la sobrecarga de quienes cuidan, la precarización laboral y el deterioro de las políticas públicas forman parte de una problemática que requiere respuestas estatales sostenidas. La movilización también cuestiona las iniciativas nacionales orientadas a modificar la Ley 26.657 y advierte sobre el riesgo de regresar a modelos de atención centrados en el encierro, las internaciones y la intervención policial, en lugar de fortalecer los abordajes comunitarios y el acompañamiento interdisciplinario.
La primera Marcha por la Salud Mental se realizó en 2014. Desde entonces, la convocatoria se convirtió en un espacio para reclamar la aplicación efectiva de los derechos reconocidos por la legislación vigente y poner en discusión la distancia entre las normas y las condiciones concretas de atención. El documento difundido por sus organizadores sostiene que la Ley Nacional de Salud Mental puso en el centro los derechos humanos, la interdisciplina, la atención comunitaria y la participación de las personas usuarias. Para las organizaciones, las dificultades del sistema no se resuelven restringiendo derechos, sino garantizando recursos, dispositivos de atención y condiciones de vida dignas.
Uno de los ejes centrales del reclamo es el financiamiento de las políticas públicas. Según los datos difundidos por los convocantes, en Córdoba el presupuesto previsto para salud mental durante 2026 representa aproximadamente el 4,99% del total destinado a Salud, mientras que la ejecución durante el primer trimestre habría alcanzado el 3,90%. Las organizaciones comparan esas cifras con el 10% establecido como referencia en la Ley Nacional de Salud Mental y denuncian que la insuficiencia de recursos se refleja en guardias sobrecargadas, demoras para conseguir turnos, interrupciones de tratamientos por falta de medicación y equipos territoriales con personal insuficiente. Estas cifras corresponden a los datos consignados en el documento de la convocatoria.
La situación de quienes trabajan en el sistema de atención también ocupa un lugar destacado en la movilización. Desde el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental advierten sobre la precarización laboral, los salarios insuficientes, el pluriempleo y la falta de equipos interdisciplinarios completos. El reclamo apunta a incorporar más personal, garantizar condiciones laborales dignas y evitar que la responsabilidad de responder a una demanda creciente recaiga exclusivamente sobre trabajadores que, según denuncian, desarrollan sus tareas con recursos limitados. La convocatoria sostiene que cuidar la salud mental de la población exige, al mismo tiempo, cuidar a quienes brindan esa atención.
Los organizadores también vinculan la salud mental con las condiciones materiales de existencia. La pobreza, la indigencia, las dificultades para afrontar alquileres y tarifas, y los salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas aparecen señalados como factores que profundizan el sufrimiento social. El documento de la marcha incorpora además una perspectiva de género y denuncia obstáculos para acceder a una atención integral, especialmente cuando intervienen situaciones de violencia patriarcal, discriminación y exclusión de personas travestis, trans y no binarias. En ese marco, las organizaciones comunitarias, las familias y las redes barriales son reconocidas como espacios que sostienen tareas de cuidado frente a respuestas institucionales que consideran insuficientes.
Otro de los puntos centrales es la exigencia de alternativas comunitarias para atender situaciones de crisis. Las organizaciones reclaman equipos interdisciplinarios en los territorios, centros de atención disponibles las 24 horas en hospitales generales, guardias capacitadas, centros de día y casas de convivencia. También cuestionan que las crisis vinculadas con la salud mental sean tratadas prioritariamente como problemas de seguridad o de orden público. Desde esa perspectiva, sostienen que el sufrimiento psíquico requiere acompañamiento sanitario y social, con dispositivos capaces de intervenir de manera oportuna y respetuosa de los derechos de las personas.
La 13.ª Marcha por el Derecho a la Salud Mental se desarrollará en un contexto de discusión sobre el alcance de la legislación nacional, el financiamiento del sistema y las responsabilidades de los distintos niveles del Estado. La convocatoria busca reunir a quienes defienden una atención pública, accesible, integral y comunitaria, y reclamar que las políticas de prevención y cuidado cuenten con recursos suficientes. La cita será este viernes 30 de octubre, a las 18, en Colón y General Paz, bajo una consigna que sintetiza la preocupación de los sectores convocantes: “La salud mental está que arde”.
Fuente: La Nueva Mañana
