El referente de la organización indígena Resistencia Diaguita, Roberto Aramayo, reivindicó el fortalecimiento de los parlamentos comunitarios como herramientas de autodeterminación política, defensa territorial y construcción de decisiones colectivas. El planteo cuestiona la relación histórica de los partidos tradicionales con los pueblos originarios y reclama que el Estado cumpla las normas nacionales e internacionales que reconocen sus derechos.
Los pueblos originarios continúan enfrentando dificultades para ejercer plenamente sus derechos políticos, culturales y territoriales en la Argentina. En una columna publicada el 26 de octubre en Página/12, Roberto Aramayo, referente de la organización indígena Resistencia Diaguita, sostuvo que el Pueblo Nación Diaguita atraviesa una realidad marcada por el abandono estatal y la utilización de las necesidades comunitarias con fines electorales. Desde su perspectiva, el Parlamento Diaguita no debe entenderse como un espacio dedicado únicamente a formular reclamos, sino como una estructura política capaz de construir decisiones propias y defender la continuidad de las comunidades en sus territorios ancestrales.
Aramayo cuestionó el vínculo que, según su interpretación, los partidos políticos tradicionales establecieron históricamente con las comunidades indígenas. En su análisis, durante los períodos electorales los pueblos originarios suelen ser considerados una base de votos, mientras que sus demandas pierden centralidad una vez terminadas las campañas. El autor describió esa relación como una forma de clientelismo que aprovecha las necesidades materiales de las comunidades y debilita sus posibilidades de organización autónoma. Frente a ese escenario, planteó la necesidad de fortalecer las instituciones propias para que las decisiones políticas no dependan exclusivamente de intermediarios partidarios ni de compromisos que, según denunció, muchas veces no se cumplen.
La propuesta del Parlamento Diaguita se apoya en la organización comunitaria y en mecanismos de deliberación colectiva. Aramayo destacó el papel de las asambleas y del consenso como formas de definir prioridades, establecer mandatos y construir una representación legítima. Bajo esa concepción, las autoridades comunitarias deben responder a las decisiones de sus integrantes y no reemplazarlas por acuerdos externos. El principio de “mandar obedeciendo”, mencionado en la columna, expresa esa idea de una conducción subordinada a la voluntad colectiva. El objetivo, sostiene el referente, es que las comunidades puedan intervenir en los asuntos que afectan su presente y su futuro sin perder autonomía frente a los poderes políticos y económicos.
El reclamo de autodeterminación no supone, según el planteo del autor, aislar a los pueblos originarios de las instituciones estatales. Por el contrario, busca establecer relaciones con los gobiernos y otros organismos desde una posición de igualdad, con reconocimiento de las autoridades propias y respeto por las decisiones comunitarias. La diferencia central está en las condiciones de ese diálogo: las comunidades no deberían ser convocadas únicamente para legitimar decisiones ya tomadas, sino participar efectivamente cuando se discuten medidas que puedan afectar sus territorios, sus formas de vida o sus derechos colectivos. En ese sentido, el Parlamento Diaguita aparece en la columna como una herramienta de representación política y de negociación institucional.
Uno de los ejes jurídicos del artículo es el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y establece garantías vinculadas con su identidad, educación y posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Aramayo reclamó que esas disposiciones se cumplan de manera efectiva y no queden limitadas a declaraciones formales. La distancia entre el reconocimiento normativo y su aplicación concreta constituye, desde su perspectiva, una deuda histórica del Estado argentino. El referente sostiene que la protección territorial resulta indispensable para preservar la vida comunitaria, las prácticas culturales y la continuidad de las generaciones futuras.
La columna también invoca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece obligaciones estatales respecto de los pueblos indígenas, incluida la consulta previa, libre e informada a través de sus instituciones representativas ante medidas que puedan afectarlos directamente. Para Aramayo, ese marco debe ser respetado independientemente de la orientación política del gobierno de turno. El autor relacionó sus cuestionamientos con los retrocesos y las disputas en torno a las políticas de relevamiento y protección territorial indígena, y mencionó la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena como parte de ese debate. Sus afirmaciones expresan la posición de la organización y su lectura sobre el incumplimiento de derechos; la determinación de responsabilidades en casos concretos requiere analizar las normas vigentes, las decisiones administrativas y los antecedentes judiciales correspondientes.
En su planteo, el conflicto territorial está vinculado también con los intereses económicos que avanzan sobre espacios habitados o utilizados tradicionalmente por comunidades indígenas. Aramayo advirtió que la falta de reconocimiento efectivo de los derechos territoriales puede facilitar disputas por la tierra y profundizar la vulnerabilidad de las poblaciones originarias. Por eso, la defensa del territorio no aparece solamente como una cuestión de propiedad, sino como una condición para sostener la autonomía política, la identidad cultural y las formas comunitarias de organización. Desde esta perspectiva, el fortalecimiento del Parlamento Diaguita busca generar una estructura colectiva capaz de intervenir frente a decisiones estatales, conflictos judiciales y proyectos que puedan comprometer la permanencia de las comunidades en sus espacios ancestrales.
El mensaje final de Aramayo apunta a modificar la relación entre el Estado, los partidos políticos y los pueblos originarios. Su propuesta exige que las comunidades sean reconocidas como sujetos políticos con autoridades propias y capacidad de decidir sobre los asuntos que las afectan. El Parlamento Diaguita se presenta así como una apuesta por la autodeterminación, la organización colectiva y la defensa jurídica del territorio frente al clientelismo y el despojo denunciados por el referente. El desafío consiste en traducir esos principios en mecanismos concretos de participación, cumplimiento de las normas y protección de los derechos indígenas, para que el reconocimiento constitucional y los compromisos internacionales tengan efectos reales en la vida cotidiana de las comunidades.
Fuente: Página 12
