La Cámara de la Industria del Calzado y el sindicato UTICRA coordinarán acciones para exigir respuestas al Gobierno nacional ante la caída del consumo, el avance de las importaciones y la pérdida de puestos de trabajo. El sector advierte sobre cierres de fábricas y prepara una movilización para la primera quincena de noviembre.
La crisis de la industria argentina del calzado profundiza la preocupación entre empresarios y trabajadores, que resolvieron unir fuerzas para reclamar medidas al Gobierno de Javier Milei. La Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) coinciden en que la combinación de caída del consumo, apertura de importaciones y dificultades para competir amenaza la continuidad de numerosas empresas y miles de empleos. Frente a este escenario, ambos sectores buscarán abrir una instancia de diálogo con las autoridades nacionales y exigir respuestas concretas para sostener la producción.
El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Horacio Moschetto, describió la gravedad de la situación y advirtió que las dificultades exceden a las fábricas. La crisis también alcanza a los comercios, distribuidores y proveedores de insumos que integran la cadena productiva. Según señaló, el sector atraviesa un deterioro que compromete su continuidad y confirmó que se prepara una movilización conjunta para la primera quincena de noviembre, con fecha y lugar todavía por definir al momento de la publicación de Página/12.
Entre los principales reclamos aparece la conformación de una mesa de trabajo con el Gobierno nacional para discutir medidas que permitan recuperar la actividad. Empresarios y representantes sindicales apuntan contra la caída de las ventas, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el atraso cambiario, el contrabando y el ingreso de productos importados que compiten con la producción local. En un comunicado conjunto, plantearon la necesidad de establecer condiciones de competencia más equilibradas y herramientas de contingencia que permitan preservar las empresas y los puestos de trabajo argentinos.
Desde el sector empresario sostienen que la apertura comercial, en un contexto de mercado interno debilitado, profundiza las dificultades de las fábricas nacionales. La menor demanda reduce los ingresos de las empresas, mientras que los costos de producción y las condiciones de competencia presionan sobre su rentabilidad. El problema no se limita a las grandes marcas: también afecta a pequeñas y medianas empresas que dependen de las ventas locales y cuentan con menos recursos para atravesar períodos prolongados de retracción económica.
La crisis ya dejó consecuencias en distintas localidades industriales del país, donde el cierre de plantas y la reducción de la actividad golpearon el empleo formal. Ciudades como Chivilcoy, Las Flores y Coronel Suárez registraron el impacto de cierres de establecimientos vinculados a la producción de calzado. Cuando una fábrica deja de funcionar, el perjuicio se extiende a los trabajadores y sus familias, pero también a los comercios y a las economías regionales que dependen de esos salarios. En muchos casos, quienes pierden un empleo registrado deben buscar ingresos en changas o actividades informales.
La decisión de empresarios y trabajadores de impulsar un reclamo conjunto tiene antecedentes en otras crisis económicas argentinas. Página/12 recuerda las movilizaciones del sector durante 2001, en un contexto de recesión y deterioro de la actividad industrial, y las dificultades atravesadas durante el gobierno de Mauricio Macri. Para los representantes de la industria, la experiencia demuestra que la pérdida de capacidad productiva puede dejar consecuencias duraderas, incluso cuando cambia el escenario económico. Por eso, sostienen que el reclamo actual busca evitar que el deterioro avance hasta comprometer de manera irreversible la producción nacional.
Otro de los planteos apunta a la necesidad de políticas públicas específicas para las pequeñas y medianas empresas, controles frente al contrabando y mecanismos que permitan competir bajo reglas comerciales claras. El sector también reclama instrumentos para sostener la demanda y evitar que los costos financieros, tributarios y de servicios agraven la situación. En 2023, un proyecto de promoción de la industria del calzado obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero perdió estado parlamentario antes de completar su tratamiento en el Senado, según el repaso publicado por el medio.
La convocatoria conjunta vuelve a poner en discusión el impacto del rumbo económico sobre la industria nacional y el empleo. La movilización prevista para noviembre buscará que el Gobierno reciba a los representantes del sector y evalúe medidas de emergencia. Mientras las fábricas enfrentan una demanda debilitada y una competencia creciente de productos importados, empresarios y trabajadores advierten que el futuro de la actividad depende de decisiones que permitan sostener la producción, recuperar las ventas y proteger el trabajo argentino.
Fuente: Pagina 12
