Referentes de la Comunidad Lule de Finca Las Costas se reunieron con la jueza María Guadalupe Villagrán luego de las protestas contra las intimaciones para demoler viviendas. Según informaron los representantes comunitarios, las medidas quedarían suspendidas mientras se analiza la situación de las familias y el posible impacto ambiental de las construcciones. El conflicto vuelve a exponer la disputa entre la protección de la reserva hídrica, los derechos territoriales indígenas y el avance de emprendimientos privados en la zona.
La Comunidad Lule de Finca Las Costas, en la provincia de Salta, afirmó que no habrá demoliciones de las viviendas de las familias intimadas por las autoridades provinciales. La información se conoció después de una reunión entre referentes comunitarios y la jueza civil y comercial María Guadalupe Villagrán, quien interviene en el amparo ambiental presentado por la provincia para preservar la reserva hídrica. El encuentro se produjo luego de las manifestaciones realizadas frente a la Ciudad Judicial, donde las familias reclamaron que se detuvieran las medidas que amenazaban sus hogares. Según los representantes de la comunidad, la magistrada se comprometió a considerar los derechos de las personas involucradas antes de avanzar con nuevas decisiones.
La controversia se originó cuando la Secretaría de Ambiente de Salta notificó a 24 familias para que demolieran construcciones, ampliaciones o accesorios realizados después de 2020 en un sector de la Reserva Natural de Uso Múltiple Finca Las Costas. Las intimaciones establecían un plazo para cumplir con la medida, bajo advertencia de ejecución forzosa. Las familias cuestionaron la decisión y señalaron que las viviendas responden, en distintos casos, a la necesidad de albergar a nuevos integrantes de sus hogares. La Comunidad Lule sostiene que el conflicto no puede analizarse únicamente desde la cuestión ambiental, sino que también debe contemplar su presencia histórica en el territorio y el reconocimiento de sus derechos.
La causa judicial se remonta a una medida cautelar dictada en 2020, cuando se ordenó no realizar nuevas construcciones en el área en disputa. El expediente forma parte de una controversia más amplia sobre la conservación de la reserva, la ocupación del territorio y las responsabilidades por la degradación ambiental. En la resolución más reciente, Villagrán solicitó a la Secretaría de Ambiente que informara si las construcciones señaladas pertenecían a integrantes de la comunidad indígena y qué riesgo de contaminación podían representar. De acuerdo con Página/12, la jueza también advirtió que las notificaciones enviadas a las familias no identificaban con suficiente claridad cuáles eran las construcciones alcanzadas por las intimaciones, lo que podía generar confusión sobre el alcance de las medidas.
Uno de los puntos centrales de la disputa es la situación territorial de la comunidad. Las familias reclaman que se reconozca su vínculo histórico con Finca Las Costas, mientras que la provincia sostiene que deben preservarse las condiciones ambientales de una reserva considerada importante para el abastecimiento de agua potable. La Comunidad Lule cuestiona, sin embargo, que las restricciones recaigan sobre sus integrantes mientras se habilitan usos privados de terrenos ubicados en el mismo entorno. Entre los antecedentes señalados por Página/12 figura la cesión de tierras al club de rugby Tigres, autorizada por la Legislatura provincial a pedido del Gobierno de Gustavo Sáenz. Para los referentes comunitarios, esa diferencia de criterios alimenta las denuncias de un trato desigual.
Las responsabilidades por la contaminación de la cuenca también forman parte de la discusión. La comunidad rechaza que se la señale como principal responsable del deterioro ambiental y sostiene que los desarrollos inmobiliarios cercanos tienen una incidencia importante. En el expediente se incorporó un informe de la firma Dynamik SAS que, según la nota de Página/12, también mencionó la extracción comercial de áridos por parte de empresas que aparentemente no contarían con autorización de la Secretaría de Minería. La jueza, además, señaló que todavía deben aclararse cuestiones vinculadas con las plantas de tratamiento de efluentes de los desarrollos inmobiliarios y la expansión de la red cloacal en sectores de San Lorenzo Chico y zonas aledañas. La determinación de las fuentes de contaminación requiere, por lo tanto, información técnica y controles sobre las distintas actividades que se desarrollan en el área.
La resolución judicial también contempla la intervención de organismos vinculados con los derechos de los pueblos originarios. Villagrán solicitó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), al Registro Provincial de Comunidades Indígenas y al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta que aporten información sobre la comunidad, su padrón y el relevamiento territorial. Estos elementos pueden resultar relevantes para establecer la situación de las familias alcanzadas por las intimaciones y analizar el conflicto desde una perspectiva que incluya tanto la protección ambiental como los derechos indígenas. Por el momento, la información difundida no implica que se haya resuelto definitivamente la controversia sobre la propiedad y el uso de las tierras.
La posible suspensión de los plazos para demoler las viviendas representa un alivio inmediato para las familias intimadas, pero no significa que el conflicto esté cerrado. La causa ambiental continúa abierta y las autoridades judiciales deberán analizar la situación de las construcciones, su eventual impacto sobre la reserva y la condición de quienes las habitan. La discusión también exige esclarecer si las reglas de protección ambiental se aplican de manera equivalente a las familias de la comunidad, a los emprendimientos inmobiliarios y a otras actividades económicas que operan en la zona. La falta de definiciones sobre estos puntos mantiene la incertidumbre para quienes viven en el territorio.
El caso de Finca Las Costas vuelve a poner en tensión dos cuestiones que no deberían ser tratadas como incompatibles: la conservación de una fuente de agua y el respeto de los derechos de las comunidades que habitan el territorio. La protección ambiental necesita controles efectivos, información verificable y responsabilidades claras para todos los actores involucrados. A la vez, cualquier decisión que afecte viviendas y condiciones de vida debe considerar la situación concreta de las familias y garantizar procedimientos comprensibles. Mientras se esperan nuevas definiciones judiciales, la Comunidad Lule permanece alerta y sostiene su reclamo territorial. La continuidad del diálogo y el esclarecimiento de las responsabilidades ambientales serán claves para avanzar hacia una solución que no deje toda la carga del conflicto sobre un solo sector.
Fuente: Página 12
