El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, procesó al exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert en una causa por presunto lavado de activos vinculada con una transferencia de 200.000 dólares recibida en 2020. La resolución incluye un embargo de 1.000 millones de pesos y la prohibición de salir del país. La investigación apunta a la compra de vehículos de alta gama y a operaciones financieras que, según la acusación, habrían buscado dar apariencia legal al dinero. La defensa sostiene que los fondos correspondían a un contrato de servicios profesionales.
La situación judicial de José Luis Espert sumó un nuevo capítulo con la decisión del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, de dictar su procesamiento por presunto lavado de activos. La causa investiga el origen y el destino de una transferencia de 200.000 dólares que el exlegislador recibió en enero de 2020 de una empresa vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. El magistrado dispuso, además, un embargo por 1.000 millones de pesos y la prohibición de salida del país. La resolución representa un avance procesal relevante, aunque no equivale a una condena: la responsabilidad penal deberá definirse en las siguientes etapas del expediente y la decisión puede ser revisada por instancias judiciales superiores.
El origen de la investigación se encuentra en el vínculo comercial que Espert mantuvo con Machado, empresario que fue extraditado a Estados Unidos y admitió ante la Justicia de ese país delitos vinculados con fraude y lavado de dinero. Según la hipótesis fiscal, la transferencia recibida por el exdiputado provino de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma relacionada con la estructura empresarial investigada en torno a Machado. Espert explicó que el dinero correspondía a honorarios por un contrato de asesoramiento con Minas del Pueblo, una compañía minera radicada en Guatemala. El acuerdo contemplaba, según los documentos incorporados al expediente, una suma total de un millón de dólares, aunque el exlegislador sostuvo que únicamente recibió los 200.000 dólares bajo investigación.
La fiscalía cuestionó la autenticidad y la ejecución de ese contrato. Entre los elementos señalados figuran registros migratorios que, de acuerdo con la acusación, indican que Espert no viajó a Guatemala para desarrollar las tareas de asesoramiento ni visitar los yacimientos mencionados. Los investigadores también pusieron en duda que existieran servicios profesionales concretos que justificaran el pago. Sobre esa base, la fiscalía sostuvo que el acuerdo habría funcionado como una simulación destinada a encubrir el origen de los fondos. La defensa, en cambio, afirmó que la transferencia respondió a un contrato real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan. La controversia sobre la naturaleza de ese vínculo constituye uno de los puntos centrales que deberá resolver la Justicia.
Otro eje de la causa es el destino que habrían tenido los 200.000 dólares. Según la reconstrucción fiscal, una parte de los fondos se utilizó para adquirir un automóvil BMW y posteriormente un vehículo Lexus de alta gama, valuado en alrededor de 130.000 dólares. La investigación también analizó operaciones relacionadas con un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda. El expediente busca establecer si esas adquisiciones y movimientos patrimoniales permitieron incorporar al circuito formal recursos cuyo origen, según la hipótesis acusatoria, era ilícito. Los investigadores examinaron transferencias bancarias, documentación contable y certificaciones sobre el origen de los fondos para reconstruir las operaciones. El alcance de cada una de esas maniobras y su vinculación con el dinero investigado deberán determinarse a partir de la prueba reunida.
La resolución judicial también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, procesado como presunto partícipe necesario, con un embargo de 700 millones de pesos. Además, fue procesada Varianza S.A., sociedad constituida por Espert y su esposa, María Mercedes González, sobre la que se dispuso un embargo de 500 millones de pesos. Según la fiscalía, la estructura societaria habría sido utilizada para registrar ingresos y justificar operaciones patrimoniales. Los investigadores analizaron la actividad comercial de la firma, sus facturas y los documentos encontrados en dispositivos informáticos incorporados al expediente. La acusación sostiene que las certificaciones contables fueron relevantes para respaldar algunas de las operaciones cuestionadas, mientras que la responsabilidad de cada uno de los involucrados deberá establecerse conforme avance el proceso.
La causa también contempla un retiro de 80.000 dólares en efectivo que, según los registros analizados por los investigadores, Espert habría realizado pocos días después de que se iniciara el expediente penal en octubre de 2025. La fiscalía incorporó ese movimiento a su reconstrucción de las operaciones financieras y patrimoniales del exlegislador. El procesamiento se suma a medidas cautelares anteriores que restringieron la disposición de determinados bienes y fondos vinculados con Espert y su esposa. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois y cobró mayor relevancia pública durante la campaña legislativa de 2025, cuando se conocieron detalles sobre la transferencia y la relación entre Espert y Machado. El escándalo llevó entonces al dirigente libertario a abandonar su candidatura.
El caso tiene una dimensión política que trasciende la situación individual del exdiputado. Espert fue una figura importante del espacio libertario y mantuvo una relación política cercana con Javier Milei, quien lo respaldó públicamente hasta que la controversia por sus vínculos con Machado se volvió insostenible durante la campaña electoral. La causa judicial puso bajo escrutinio los mecanismos de financiamiento, la transparencia patrimonial y los controles sobre los dirigentes que ocupan cargos públicos. Sin embargo, el procesamiento debe analizarse dentro de sus límites jurídicos: establece que el juez encontró elementos suficientes para avanzar con la imputación, pero no determina por sí mismo una culpabilidad definitiva. La defensa puede cuestionar la resolución y solicitar que sea revisada por la Cámara Federal de San Martín.
Con la decisión de Mirabelli, el expediente entra en una etapa en la que serán centrales la revisión de las pruebas, los planteos de las defensas y el eventual control de la Cámara. El juez consideró que existían elementos para sostener, en esta instancia, la hipótesis de que los fondos recibidos por Espert fueron incorporados a operaciones destinadas a darles apariencia de legalidad. El exlegislador mantiene su postura de que el dinero respondió a servicios profesionales acordados con una empresa guatemalteca. La resolución no cierra la investigación ni equivale a una sentencia firme. Mientras se tramitan las apelaciones y las medidas judiciales, el caso vuelve a poner en discusión la relación entre poder político, financiamiento privado y rendición de cuentas, en una causa cuyo desenlace dependerá de la valoración judicial de las pruebas.
Fuente: La Política Online
