El presidente uruguayo reabrió el debate sobre una reforma institucional que busca reorganizar la administración de los recursos vinculados al sistema judicial. La iniciativa forma parte de los compromisos de su gobierno, pero enfrenta cuestionamientos sobre su diseño y las garantías de independencia judicial. Orsi también reclamó avanzar en la cobertura de vacantes en distintos tribunales y sostuvo que la prioridad es preservar el funcionamiento de la Justicia.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, volvió a defender la discusión sobre la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante el acto por los 200 años de la Administración de Justicia, realizado el lunes 19 de octubre en Montevideo. El mandatario sostuvo que la propuesta debe seguir analizándose y recordó que la necesidad de crear una cartera de este tipo estuvo presente en los planteos de casi todos los partidos durante la última campaña electoral. Sin embargo, aclaró que todavía debe definirse cuál es la fórmula institucional más adecuada y remarcó que la prioridad es cuidar el sistema judicial existente.
Durante sus declaraciones, Orsi señaló que la discusión sobre una nueva cartera debe centrarse, entre otros aspectos, en la administración de los recursos y en la organización de las instituciones vinculadas al sistema judicial. El presidente afirmó que algunos sectores proponen determinadas herramientas mientras que otros pueden plantear alternativas, y dejó en manos del Poder Legislativo la definición sobre el camino a seguir. De esta manera, el gobierno mantiene abierta la iniciativa, pero reconoce que su concreción requiere una discusión política e institucional que todavía no está resuelta.
La propuesta no surgió con las declaraciones de esta semana. Durante la campaña electoral de 2024, Orsi había defendido la creación de un Ministerio de Justicia como una herramienta para mejorar el soporte institucional del sistema y coordinar áreas relacionadas con la administración de justicia, la rehabilitación y la defensa pública. En junio de 2025, el mandatario volvió a respaldar la idea durante un seminario internacional sobre el tema. En esas instancias, el oficialismo sostuvo que una nueva cartera podría contribuir a organizar funciones administrativas, sin asumir las atribuciones jurisdiccionales que corresponden a los jueces.
El proyecto adquirió mayor definición política el 2 de marzo de 2026, cuando Orsi anunció ante la Asamblea General que había decidido enviar al Parlamento una iniciativa para crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La propuesta contempla reorganizar competencias que actualmente están distribuidas entre distintos organismos del Estado. Entre las alternativas discutidas se encuentra el eventual traslado del Instituto Nacional de Rehabilitación, hoy dependiente del Ministerio del Interior, hacia la nueva cartera. Sin embargo, el diseño definitivo y el alcance de sus atribuciones continúan sujetos a la discusión política y legislativa.
Uno de los principales obstáculos es la necesidad de reunir los votos suficientes para aprobar la creación del ministerio. Aunque la propuesta figuró en programas de distintos partidos durante la campaña electoral, el respaldo político no se tradujo automáticamente en un acuerdo parlamentario. Sectores de la oposición expresaron reparos sobre la posibilidad de que una nueva estructura gubernamental influya en el funcionamiento de la Justicia o abra la puerta a una mayor intervención política. Desde el oficialismo, en cambio, se sostiene que la finalidad sería ordenar responsabilidades administrativas y fortalecer el sistema, preservando la independencia de los magistrados.
El debate también está atravesado por las necesidades presupuestarias del Poder Judicial y por las vacantes que deben cubrirse en diferentes organismos. En el acto del bicentenario, Orsi reconoció la existencia de reclamos por mayores recursos para la Justicia y consideró necesario seguir buscando soluciones. Al referirse a la designación de un nuevo fiscal de Corte, actualmente subrogada por Mónica Ferrero, señaló que esa definición no constituye una urgencia inmediata. En cambio, puso el acento en la necesidad de alcanzar acuerdos entre los partidos políticos para cubrir los puestos vacantes en distintos tribunales y en la Corte Electoral.
La discusión sobre el Ministerio de Justicia se vincula, además, con otros cambios que el gobierno impulsa en materia judicial. En marzo, Orsi recibió una propuesta de reforma integral del Código del Proceso Penal elaborada por un grupo asesor técnico. El documento plantea modificaciones en aspectos relacionados con las garantías procesales, la situación de las víctimas, las medidas cautelares y los mecanismos de impugnación. En abril, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, consideró que el proyecto constituía una base para el debate parlamentario. Se trata de una iniciativa diferente de la creación del ministerio, aunque ambas forman parte de la agenda de reformas institucionales del Ejecutivo.
Por ahora, la creación de la nueva cartera sigue siendo una propuesta en discusión y no una reforma aprobada. El gobierno deberá definir el diseño del organismo, precisar sus competencias y construir los acuerdos parlamentarios necesarios para avanzar. La controversia pone en tensión dos cuestiones centrales: la posibilidad de reorganizar la administración estatal para mejorar los recursos y servicios vinculados a la Justicia, y la necesidad de establecer garantías claras que impidan cualquier interferencia política en las decisiones judiciales. Las próximas negociaciones determinarán si el planteo de Orsi logra convertirse en una reforma concreta o continúa como uno de los debates institucionales abiertos en Uruguay.
Fuente: Ámbito
