Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino muestran que el empleo asalariado registrado del sector privado continuó cayendo tras la aprobación de la reforma laboral. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 265.765 puestos, mientras que el retroceso se profundizó durante los últimos meses. El balance vuelve a poner en discusión la promesa oficial de que flexibilizar las condiciones de contratación impulsaría la creación de trabajo formal.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei fue presentada como una herramienta para facilitar las contrataciones, reducir los costos empresariales y estimular la generación de empleo registrado. Sin embargo, los datos difundidos sobre la evolución del mercado de trabajo muestran que la caída de los puestos asalariados privados continuó durante los primeros meses posteriores a la aprobación de la normativa. La tendencia negativa ya estaba presente antes de la reforma, por lo que el desafío es analizar tanto la evolución previa como los resultados registrados desde su entrada en vigencia.
De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) citados por Primereando, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 265.765 puestos de trabajo asalariado registrado en el sector privado. La cifra refleja el retroceso acumulado durante buena parte de la gestión libertaria y no debe confundirse con la cantidad de empleos destruidos exclusivamente después de la sanción de la reforma laboral. Para ese período más acotado, un informe del Monitor de la Reforma Laboral estimó que se perdieron alrededor de 36.000 puestos formales durante los primeros cuatro meses de aplicación de la ley.
El deterioro también se reflejó en la comparación mensual. En julio de 2026, el empleo asalariado privado registrado cayó en 12.716 puestos respecto de junio, una variación del 0,2%. Según la información difundida por Primereando, ese mes fue el de mayor retroceso desde noviembre de 2025 y extendió a 14 meses consecutivos la tendencia negativa. La persistencia de la caída plantea interrogantes sobre la capacidad de la economía para generar nuevos puestos formales y absorber a quienes pierden su empleo.
El economista Martín Barrionuevo señaló que durante los primeros 18 meses del gobierno de Milei se perdieron 105.646 empleos privados y que en los 15 meses siguientes se destruyeron otros 160.119. También advirtió sobre la extensión territorial del fenómeno: según los datos citados en la publicación, 22 de las 24 jurisdicciones registraron una caída acumulada del empleo privado. Neuquén y Río Negro aparecieron como excepciones, en un contexto en el que la actividad vinculada con Vaca Muerta tiene un peso importante en sus economías.
La pérdida de empleo registrado tiene consecuencias que van más allá de la cantidad de puestos disponibles. Cuando una persona deja un trabajo formal y no consigue otro en condiciones similares, puede verse obligada a aceptar ocupaciones informales, trabajar por cuenta propia o recurrir al monotributo para continuar generando ingresos. Estas alternativas no son equivalentes entre sí: el trabajo independiente puede ser una elección, pero también puede funcionar como respuesta a la falta de oportunidades laborales estables. La evolución de estos indicadores resulta clave para determinar si la caída del empleo asalariado está siendo compensada por otras formas de ocupación.
Los primeros balances sobre la reforma laboral también registraron el cierre de empresas. Un informe del Monitor de la Reforma Laboral, elaborado por el Instituto Argentina Grande junto con otras organizaciones y centros de estudios, estimó que durante los primeros cuatro meses de aplicación de la norma cerraron 6.905 empresas y se perdieron unos 36.000 puestos formales. El relevamiento advirtió que el retroceso alcanzó a distintas actividades económicas y que las pequeñas y medianas empresas concentraron una parte importante de las bajas. Estas cifras describen una evolución preocupante, aunque por sí solas no permiten atribuir cada cierre o despido exclusivamente a la legislación laboral.
El debate sobre los resultados de la reforma se produce en un escenario económico atravesado por dificultades de consumo y actividad. Para que una modificación de las reglas laborales se traduzca en nuevas contrataciones, las empresas también necesitan perspectivas de ventas, financiamiento y demanda que justifiquen ampliar sus plantillas. Si la actividad se contrae o los comercios y las industrias reducen su producción, la reducción de costos de contratación no garantiza por sí misma la creación de empleo. Por eso, el seguimiento de los indicadores laborales debe complementarse con datos sobre producción, consumo, salarios y evolución de las empresas.
Los datos disponibles no permiten afirmar que toda la caída del empleo haya sido causada por la reforma laboral, ya que el retroceso comenzó antes de su aprobación y responde a múltiples factores económicos. Sin embargo, tampoco muestran, hasta julio de 2026, una reversión sostenida de la pérdida de puestos asalariados privados. La promesa de que la flexibilización impulsaría el trabajo formal enfrenta así una prueba concreta: demostrar que las nuevas reglas contribuyen a generar empleos estables, mejorar las condiciones de contratación y ampliar las oportunidades laborales, en lugar de convivir con una prolongada contracción del mercado de trabajo.
Fuentes: Primereando
