El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció una denuncia penal contra Javier Milei, Luis Caputo y otros funcionarios nacionales por la presunta malversación de fondos destinados a prevenir inundaciones. Según los datos presentados por la administración bonaerense, al cierre del primer trimestre de 2026 el Fondo Hídrico tenía $339.993 millones, de los cuales el 85,49% estaba colocado en Letras del Tesoro. La disputa estalla ante la preocupación por el fenómeno de El Niño y vuelve a enfrentar dos modelos de gestión de la obra pública.
El gobierno de Axel Kicillof anunció que denunciará penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a los funcionarios que pudieran tener responsabilidad en el manejo del Fondo de Infraestructura Hídrica. El anuncio fue realizado por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, durante una conferencia de prensa en La Plata, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el titular de ARBA, Cristian Girard. La acusación apunta a la presunta falta de ejecución de recursos que tienen un destino específico: financiar obras para prevenir inundaciones y recuperar tierras productivas. La Provincia sostiene que el Gobierno nacional dispone de fondos que deberían traducirse en infraestructura, pero que no se estarían utilizando en la proporción necesaria para cumplir ese objetivo.
El dato más contundente presentado por la administración bonaerense es el saldo de $339.993 millones que registraba el Fondo Hídrico al cierre del primer trimestre de 2026. Según la información difundida oficialmente, $290.676 millones, equivalentes al 85,49% de esos recursos, estaban colocados en Letras del Tesoro. Katopodis cuestionó que el dinero recaudado para obras hidráulicas permanezca invertido en instrumentos financieros mientras distintas regiones necesitan intervenciones para reducir los riesgos de inundación. La Provincia interpreta esa situación como una desviación de las prioridades que establece la finalidad del fondo. La calificación de esas operaciones como irregulares deberá ser evaluada por la Justicia, que tendrá que determinar si existieron incumplimientos normativos o responsabilidades penales.
El Fondo Hídrico se financia, entre otros recursos, con una asignación equivalente al 4,31% de la recaudación del Impuesto a los Combustibles. La administración bonaerense sostiene que esos ingresos deben destinarse a obras de infraestructura para prevenir inundaciones y recuperar tierras productivas, por lo que reclama que se cumpla efectivamente con la finalidad prevista. Según los datos presentados por la Provincia, entre 2024 y 2026 se asignaron aproximadamente $402.931 millones, mientras que el gasto de capital destinado a obras alcanzó los $147.834 millones, cerca del 36,7% de los recursos considerados. La diferencia entre los fondos recaudados y el gasto ejecutado constituye uno de los principales argumentos de la denuncia. El Gobierno nacional deberá explicar cómo administró esos recursos, qué compromisos asumió y cuáles fueron los criterios para definir su aplicación.
La presentación judicial buscará que se investiguen posibles delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Se trata de figuras penales planteadas por la Provincia, no de delitos cuya comisión haya sido acreditada. La investigación deberá establecer si los fondos fueron administrados conforme a las normas vigentes, si hubo decisiones ilegales y si puede atribuirse responsabilidad individual a los funcionarios involucrados. Katopodis anunció que la presentación se realizaría ante los tribunales federales y adelantó que la Provincia pretende sumar a otros actores institucionales al reclamo. El conflicto podría así ampliar su alcance más allá de Buenos Aires y convertirse en una discusión nacional sobre el financiamiento de las obras hidráulicas.
La preocupación bonaerense se profundiza ante los riesgos asociados al fenómeno climático de El Niño y las condiciones de humedad del suelo registradas en distintos puntos del territorio provincial. Las lluvias intensas pueden agravar las inundaciones en zonas vulnerables, afectar viviendas, deteriorar caminos, comprometer explotaciones agropecuarias y generar pérdidas económicas de difícil recuperación. En ese contexto, la Provincia sostiene que la ejecución de obras hidráulicas resulta fundamental para reducir la exposición de las comunidades y de la producción. Katopodis advirtió que los próximos meses podrían presentar una situación compleja y responsabilizó políticamente al Gobierno nacional por la falta de inversiones que, según afirma, podrían haberse realizado con los recursos disponibles. El riesgo climático vuelve urgente la discusión, aunque la magnitud de los daños futuros dependerá de la evolución meteorológica y de las condiciones particulares de cada cuenca.
Para dimensionar lo que podría hacerse con los fondos cuestionados, el gobierno bonaerense presentó una comparación con tres proyectos de infraestructura. Según sus cálculos, el saldo del Fondo Hídrico permitiría financiar unas 40 obras equivalentes a la adecuación del cauce del río Areco, ocho intervenciones similares a la reconstrucción del Canal Maldonado en Bahía Blanca o tres proyectos como el mejoramiento del tramo medio del río Luján. Las cifras buscan mostrar la diferencia entre mantener recursos en instrumentos financieros y destinarlos a infraestructura preventiva. La Provincia también reclama autorizaciones nacionales para acceder a créditos internacionales destinados a obras en las cuencas de los arroyos San Francisco y Las Piedras y en el Nodo Bragado, vinculado con la cuenca del río Salado. Según Katopodis, otros distritos obtuvieron avales para financiamiento externo mientras Buenos Aires continúa esperando la autorización de proyectos prioritarios.
La disputa se inscribe en un enfrentamiento más amplio entre la administración de Kicillof y el Gobierno de Milei por el papel del Estado en la obra pública. Desde el inicio de la gestión libertaria, la paralización o revisión de proyectos nacionales se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto con gobernadores e intendentes. Para la Provincia, la falta de inversiones hidráulicas no representa únicamente una discusión presupuestaria, sino un problema que puede comprometer la seguridad de las poblaciones, la producción agropecuaria y la recuperación de territorios afectados por inundaciones. El Gobierno nacional, por su parte, sostiene una política de ajuste del gasto y revisión de las erogaciones estatales. La controversia por el Fondo Hídrico obliga a discutir un punto concreto: cómo compatibilizar la administración financiera de los recursos públicos con el cumplimiento de las finalidades específicas para las que se recaudan.
El anuncio de la denuncia penal coloca ahora el manejo del Fondo Hídrico bajo una nueva presión política y judicial. Si la presentación avanza, la Justicia deberá examinar los movimientos financieros, la ejecución presupuestaria, las obligaciones legales y las decisiones de los funcionarios responsables. Mientras tanto, la Provincia reclama que los recursos se conviertan en obras antes de que las lluvias agraven los problemas existentes. El caso también abre una discusión sobre la transparencia en el uso de los fondos afectados y la necesidad de contar con información pública que permita conocer cuánto se recauda, cuánto se invierte y qué proyectos se ejecutan. La frase de Katopodis, “Obras hídricas no, timba financiera sí”, sintetiza la acusación política bonaerense. La responsabilidad penal, sin embargo, deberá establecerse a partir de pruebas y resoluciones judiciales, no solamente de las denuncias cruzadas entre gobiernos.
Fuente: Política Argentina
