El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, por operaciones financieras vinculadas con las reservas de oro que, según observaciones de la Auditoría General de la Nación, habrían generado un resultado negativo de US$ 1.023 millones. La presentación también incorpora al funcionario Nicolás Ferro y solicita secuestrar servidores, correos institucionales y documentación para investigar la participación del Deutsche Bank, entidad en la que Caputo y Bausili trabajaron anteriormente. La Justicia deberá determinar si existieron irregularidades y eventuales responsabilidades penales.
Las operaciones financieras realizadas con las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) quedaron nuevamente bajo la lupa judicial. El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, y solicitó que se allane la sede del organismo para acceder a documentación y comunicaciones institucionales. La presentación busca reconstruir cómo se instrumentaron las operaciones, quiénes intervinieron en las decisiones y cuáles fueron los costos asociados. El planteo adquiere especial relevancia porque involucra recursos estratégicos del Estado y operaciones financieras cuyo resultado fue cuestionado a partir de observaciones de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El monto que concentra la controversia asciende a US$ 1.023 millones, cifra que la AGN habría identificado como resultado negativo de determinadas operaciones financieras vinculadas con el oro durante 2025. Según la información difundida sobre la auditoría, el resultado se relaciona con contratos de derivados financieros cuyo valor dependía de la cotización internacional del metal. La distinción es importante: el monto cuestionado corresponde a esas operaciones específicas y no necesariamente al resultado global de toda la posición del Banco Central en oro. La investigación deberá establecer cómo se calcularon los resultados, cuáles fueron las condiciones contractuales y qué efectos tuvieron las operaciones sobre las reservas y las cuentas de la institución.
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es la presunta participación del Deutsche Bank como contraparte de las operaciones. La entidad financiera alemana tiene antecedentes profesionales vinculados con los actuales responsables de la política económica: Caputo trabajó en el sector financiero internacional y Bausili ocupó cargos jerárquicos en ese banco antes de incorporarse al Gobierno. Ese antecedente, por sí solo, no demuestra la existencia de un delito ni acredita un conflicto de intereses. Sin embargo, el denunciante reclama que se investigue cómo se seleccionó a la entidad, qué procedimientos se utilizaron para contratarla y si existieron beneficios indebidos para alguna de las partes. La cuestión central será determinar si las decisiones se adoptaron conforme a las normas aplicables y si hubo algún interés particular que pudiera haber condicionado la operatoria pública.
Para avanzar en esa dirección, Dalbón solicitó el allanamiento del Banco Central y el secuestro o la obtención de copias forenses de los servidores y las casillas de correo institucionales vinculadas con las operaciones. El pedido comprende comunicaciones de la Presidencia, del Directorio y de las áreas relacionadas con mercados, reservas y asuntos jurídicos, además de registros de acceso y modificaciones de archivos. Según el argumento presentado ante la Justicia, la evidencia fundamental sería documental y electrónica, por lo que resulta necesario preservar los registros que permitan reconstruir la toma de decisiones. El objetivo es acceder a contratos, confirmaciones, actas, informes de riesgo y comunicaciones con las contrapartes para establecer cómo se autorizaron las transacciones y quiénes participaron en ellas.
La ampliación de la denuncia también incorpora a Nicolás Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias e integrante del Directorio del BCRA. La presentación procura determinar qué intervención tuvo en las decisiones relacionadas con las operaciones y si participó en su aprobación, supervisión o ratificación. Además, solicita que la autoridad monetaria detalle el procedimiento de selección de las contrapartes, las invitaciones y ofertas recibidas, la metodología de valuación de los contratos y el costo integral de las transacciones. Ese desglose debería contemplar comisiones, honorarios, márgenes, diferenciales, primas y las identidades de los destinatarios de cada pago. La información permitiría evaluar si los costos se correspondieron con las condiciones de mercado y si los mecanismos de contratación respetaron las exigencias de transparencia y control.
El Deutsche Bank también quedó en el centro de los requerimientos probatorios. Dalbón pidió que la entidad informe si celebró operaciones con el Banco Central durante 2024 y 2025 y que aporte los contratos, las confirmaciones, las comisiones percibidas y las garantías constituidas. La presentación busca conocer, además, si se realizaron pagos a terceros, retrocesiones o cualquier otra transferencia relacionada con esas transacciones, con identificación de sus beneficiarios. Estos elementos podrían resultar relevantes para reconstruir el circuito económico completo de las operaciones. No obstante, los pedidos de información constituyen medidas solicitadas por el denunciante y no implican que la Justicia haya confirmado la existencia de pagos irregulares o de personas beneficiadas indebidamente.
El caso también reabre la discusión sobre el control de las reservas y la transparencia en la gestión de los recursos públicos. El oro constituye un activo estratégico para la autoridad monetaria y su utilización en operaciones financieras exige mecanismos adecuados de evaluación, registro y supervisión. El Banco Central defendió públicamente su gestión y cuestionó la interpretación de la AGN sobre los resultados de las operaciones, al sostener que debe considerarse el desempeño integral de la posición en oro. Por eso, uno de los puntos que deberá esclarecerse es la diferencia entre el resultado negativo atribuido a determinados contratos y el balance global que la institución informó sobre sus tenencias. Contrastar los informes, examinar los contratos y reconstruir los flujos de fondos será fundamental para establecer si existió un perjuicio atribuible a decisiones irregulares o si los resultados responden a una estrategia de cobertura financiera.
La denuncia coloca a las autoridades económicas ante una exigencia política e institucional: explicar con documentación cómo se administraron las reservas y bajo qué criterios se eligieron las contrapartes de las operaciones. La investigación deberá determinar si hubo irregularidades, eventuales conflictos de intereses o conductas que puedan constituir delitos, sin confundir las sospechas planteadas en una denuncia con responsabilidades ya acreditadas. Por ahora, el allanamiento y las medidas solicitadas forman parte de una presentación judicial cuyo resultado dependerá de las decisiones del juzgado competente y de las pruebas que se incorporen. Lo que está en juego excede una disputa entre funcionarios y denunciantes: se trata de esclarecer cómo se gestionaron activos públicos de enorme valor, qué costos afrontó el Banco Central y si los mecanismos de control fueron suficientes para proteger los intereses del Estado argentino.
Fuente: Política Argentina
