El Juzgado Nacional del Trabajo N.º 17 dispuso el pago de los sueldos adeudados hasta el 30 de junio a los trabajadores que continúan reclamando tras el cierre de la planta de San Fernando. Los fondos provendrán de activos de la empresa embargados a pedido del sindicato. El SUTNA considera que la resolución respalda su denuncia de lockout patronal y anticipó nuevas acciones judiciales para reclamar la reapertura de la fábrica.
A casi ocho meses del anuncio de cierre de la histórica fabricante de neumáticos FATE, el conflicto laboral sumó un nuevo capítulo judicial. El Juzgado Nacional del Trabajo N.º 17 ordenó que se abonen los salarios devengados hasta el 30 de junio a los trabajadores que mantienen el reclamo desde el cierre de la planta ubicada en San Fernando, provincia de Buenos Aires.
La resolución establece que los pagos se realicen con fondos de la propia empresa que fueron embargados a partir de gestiones impulsadas por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), encabezado por Alejandro Crespo. La medida representa un avance económico para los trabajadores que continúan en conflicto, aunque no resuelve la disputa de fondo sobre el cierre de la fábrica y las desvinculaciones laborales.
Desde el sindicato interpretaron el fallo como un respaldo a su planteo de que lo ocurrido en FATE no fue simplemente una serie de despidos, sino un lockout patronal: el cierre de la planta por decisión empresarial mientras los trabajadores sostienen que debían continuar percibiendo sus salarios. Esa es la posición del gremio, cuya controversia con la empresa sigue abierta en distintos ámbitos judiciales.
El reclamo por los salarios posteriores al cierre
El conflicto comenzó el 18 de febrero de 2026, cuando FATE anunció el cierre de su planta y la desvinculación de su personal. Desde entonces, trabajadores y representantes sindicales mantuvieron medidas de protesta y permanencia en las instalaciones para reclamar el pago de los haberes, cuestionar las desvinculaciones y exigir la reapertura de la fábrica.
Según el SUTNA, la decisión judicial reconoce que deben abonarse salarios correspondientes a un período posterior al cierre. La organización sostuvo que, si se hubiera tratado de despidos legítimos en los términos que plantea la empresa, no correspondería pagar esos haberes posteriores. El alcance jurídico definitivo de la controversia, sin embargo, depende de las resoluciones que se adopten en los expedientes en curso.
El sindicato también vinculó el conflicto con un compromiso que, según afirma, la empresa había asumido de no despedir trabajadores a cambio de recibir beneficios estatales. Ese punto forma parte de los argumentos gremiales y constituye uno de los elementos que la organización busca hacer valer en su reclamo.
El SUTNA anticipó una apelación
Aunque valoró la decisión, el sindicato advirtió que el monto dispuesto no cubriría la totalidad de lo que considera adeudado. Entre sus cuestionamientos, señaló que el juzgado dejó afuera componentes vinculados con la antigüedad contemplada en el convenio colectivo, aplicó descuentos sobre los salarios y rechazó la actualización de los montos por inflación.
Por ese motivo, el gremio anunció que apelará la resolución para intentar modificar esos criterios. Además, anticipó que presentará una nueva acción judicial para reclamar el pago de los salarios posteriores al 1.º de julio, la declaración del carácter ofensivo del supuesto lockout y la reapertura de la planta.
El fallo no alcanza a los trabajadores que firmaron acuerdos de retiro voluntario. Desde el SUTNA cuestionaron esas desvinculaciones y afirmaron que se produjeron bajo fuertes presiones económicas y sociales, después de semanas sin percibir salarios y con la fábrica cerrada. Se trata de una interpretación sindical que no debe confundirse con una determinación judicial sobre la validez de cada acuerdo individual.
Una disputa que continúa en los tribunales
La resolución sobre los salarios se conoce en un escenario judicial complejo. En septiembre, la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó la restitución del predio a la empresa, al considerar agotadas las instancias de conciliación que se habían desarrollado en el ámbito laboral. Esa decisión se refiere a la ocupación de las instalaciones y no resuelve por sí misma la controversia sobre los salarios ni determina la legalidad de las desvinculaciones.
A comienzos de octubre, además, se conoció que 24 trabajadores y representantes sindicales serían sometidos a juicio por la ocupación de la planta. El proceso penal constituye otra dimensión del conflicto, que combina reclamos laborales, disputas por el uso del inmueble y actuaciones judiciales en distintas jurisdicciones.
De este modo, el pago ordenado por el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 17 no implica el cierre del caso ni una orden de reapertura de la fábrica. Se trata de una resolución sobre salarios adeudados hasta una fecha determinada, mientras continúan las diferencias entre la empresa y el sindicato acerca de las consecuencias del cierre.
La pelea por el futuro de una histórica fábrica de neumáticos
FATE, perteneciente al grupo empresario de la familia Madanes Quintanilla, atribuyó el cierre a dificultades para sostener la actividad en las condiciones económicas y productivas existentes. Entre los factores mencionados en la cobertura del conflicto figuran la competencia de neumáticos importados, los costos locales, la demanda interna y las dificultades para mantener la producción y las exportaciones.
El SUTNA, por su parte, sostiene que la resistencia de los trabajadores permitió mantener el reclamo activo y avanzar en las medidas judiciales vinculadas con los salarios. Para el gremio, el objetivo central sigue siendo la reapertura de la planta y la defensa de los puestos de trabajo.
A ocho meses del anuncio de cierre, la orden de pagar los haberes hasta el 30 de junio representa un avance para los trabajadores alcanzados por la medida, pero deja pendientes nuevas disputas sobre los montos, los períodos posteriores y la situación de la fábrica. La continuidad de las acciones judiciales determinará los próximos pasos de un conflicto que todavía no tiene una solución definitiva.
Fuente: InfoGremiales
