El Poder Ejecutivo formalizó un programa de desvinculación optativa enfocado en reducir la dotación de personal en la Administración Pública Nacional. El esquema contempla indemnizaciones graduadas según la antigüedad, con topes de hasta 20 haberes, en el marco de la meta oficial de achicamiento del Estado y consolidación del superávit fiscal.
La administración del presidente Javier Milei dio un nuevo paso decisivo en su estrategia de reestructuración profunda del aparato estatal tras oficializar un novedoso régimen de retiro voluntario dirigido a los trabajadores de la Administración Pública Nacional (APN). La medida, promovida desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado conducido por Federico Sturzenegger, busca acelerar la reducción de la plantilla de empleados públicos mediante un sistema de compensaciones económicas extraordinarias que prometen abonar hasta un máximo equivalente a 20 sueldos según la trayectoria del agente.
El plan de desvinculación optativa está diseñado para abracar a los empleados que revistan en la planta permanente de los ministerios, secretarías, organismos descentralizados y entes autárquicos del Estado nacional. Según se especifica en los lineamientos técnicos de la medida, el monto final de la indemnización estará directamente atado a los años de servicio prestados dentro de la administración pública, estableciendo un escalonamiento de cuotas mensuales y consecutivas destinadas a amortiguar la transición del trabajador hacia el sector privado.
Para aquellos agentes con mayor trayectoria en el Estado —que superen determinado piso de años de aportes—, la propuesta económica contempla un tope de resarcimiento fijado en 20 haberes brutos, calculados sobre la mejor remuneración normal y habitual percibida durante el último año. El esquema financiero contempla el pago del beneficio en cuotas fijas mensuales, garantizando además el mantenimiento de la cobertura de la obra social por un período determinado tras la firma del acuerdo de rescisión laboral.
No obstante, el programa establece excepciones claras y explícitas sobre quiénes no podrán adherirse a esta herramienta de retiro. Quedaron excluidos del beneficio el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, los integrantes del cuerpo diplomático, las autoridades superiores del Poder Ejecutivo, así como también aquellos agentes que se encuentren bajo procesos sumariales administrativos pendientes de resolución o que hayan iniciado formalmente los trámites para acceder a la jubilación ordinaria.
Desde la perspectiva del Gobierno, la iniciativa se encuadra de manera coherente con la política de ajuste fiscal y optimización del gasto público encarada desde el inicio de la gestión libertaria. Portavoces oficiales argumentan que la medida busca racionalizar el gasto en servicios personales del Estado sin acudir de forma directa a la vía de las cesantías de personal contratado, permitiendo una redistribución de recursos operativos hacia áreas prioritarias del presupuesto nacional.
Por el contrario, la medida desató un inmediato y contundente rechazo por parte de los principales gremios estatales. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) denunciaron que el programa de retiros voluntarios actúa en la práctica como un mecanismo de “presión e inducción al despido”, en un contexto económico signado por la caída de la actividad en el sector privado y el desempleo en ascenso, lo que reduce las posibilidades reales de reinserción laboral para los trabajadores indemnizados.
Representantes sindicales advirtieron además que este retiro masivo de agentes calificados provocará un severo vaciamiento técnico en áreas sensibles del Estado, afectando la operatividad de programas sociales, fiscalizaciones sanitarias, controles de auditoría y servicios comunitarios clave. Paralelamente, los gremios no descartan realizar presentaciones en la sede administrativa y judicial para verificar la legalidad de las partidas presupuestarias utilizadas para el financiamiento de estas compensaciones.
Con la apertura formal de las inscripciones, los diferentes organismos públicos comenzarán a recepcionar las solicitudes de los trabajadores interesados en sumarse al régimen. La efectividad de este nuevo plan dependerá tanto del nivel de adhesión que logre cosechar entre el personal de planta como de la capacidad del mercado laboral privado para absorber a un volumen significativo de profesionales y administrativos que dejarán de formar parte de la nómina del Estado nacional.
Fuente: Ámbito Financiero
