Una presentación judicial acusa a la ministra de Seguridad de la Nación de incurrir en los delitos de discriminación, incitación a la violencia colectiva e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acción legal se originó a raíz de sus controvertidas publicaciones en redes sociales tras las recientes protestas estudiantiles frente al Congreso.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, enfrenta un severo frente judicial luego de ser denunciada penalmente ante la Justicia Federal por la presunta comisión de los delitos de discriminación, incitación a la violencia e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. La presentación judicial, formalizada tras las multitudinarias manifestaciones en defensa de la educación pública y el presupuesto universitario, recayó tras el correspondiente sorteo en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, donde se solicitaron medidas urgentes para preservar los registros digitales.
El núcleo fundamental de la acusación se centra en las declaraciones públicas y las publicaciones que la funcionaria nacional difundió a través de sus canales oficiales de redes sociales durante y después de los despliegues de las Fuerzas Federales. En dichos mensajes, la titular de la cartera de Seguridad vinculó de manera generalizada a la totalidad de la comunidad universitaria —compuesta por estudiantes, docentes y autoridades académicas— con focos de agresión, tildándolos de buscar “imponer el caos” y actuar bajo la intencionalidad deliberada de cometer delitos.
Según argumenta el escrito presentado ante la sede penal, este tipo de estigmatización desde la máxima cúpula de la seguridad del Estado excede la libertad de expresión y configura una incitación abierta al odio y la hostilidad colectiva contra un sector social específico. Los denunciantes sostienen que catalogar a los manifestantes pacíficos y a la comunidad universitaria bajo calificativos delictivos no solo busca deslegitimar el reclamo por el financiamiento de las casas de altos estudios, sino que convalida y legitima eventuales abusos o la violencia por parte de los efectivos policiales durante la contención de las marchas.
El expediente enfatiza la vulneración de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, remarcando que las expresiones vertidas por una autoridad del Poder Ejecutivo promueven la persecución de un colectivo social en razón de sus opiniones políticas y su pertenencia institucional. En la denuncia se remarca que la retórica estatal difamatoria afecta de forma directa el libre ejercicio del derecho constitucional a la protesta social, sumando una barrera de intimidación pública contra docentes, investigadores y alumnos universitarios.
Paralelamente, la acusación vuelve a poner en el foco institucional la conducción política del Ministerio de Seguridad respecto del uso de las Fuerzas Federales de Seguridad y la aplicación del protocolo antipiquetes. De acuerdo con el planteo judicial, los discursos agresivos vertidos por las autoridades de la cartera actúan en la práctica como un aval implícito para el accionar desproporcionado de las fuerzas de seguridad en la vía pública, lo cual configura además un incumplimiento grave de las responsabilidades funcionales estipuladas por la Ley de Seguridad Interior.
Por su parte, desde el entorno del Ministerio de Seguridad y del Gobierno nacional salieron al cruce de las acusaciones ratificando la postura oficial expuesta en las plataformas digitales. Voceros del área sostienen que los planteos de la funcionaria se limitaron exclusivamente a condenar los actos vandálicos y los incidentes violentos protagonizados por grupos focalizados en las inmediaciones del Congreso Nacional, rechazando categóricamente que se trate de una persecución sistemática hacia la comunidad educativa.
La presentación judicial concluye con un enfático pedido a la Fiscalía interviniente para que dicte medidas cautelares sobre las cuentas oficiales de la ministra en la red social X y otras plataformas tecnológicas, ordenando la preservación intacta de la evidencia digital para evitar eventuales borrados o modificaciones. Asimismo, los querellantes solicitaron la pronta citación para ratificar la denuncia en sede judicial y que se libre oficio a las autoridades competentes para certificar la veracidad del material probatorio adjuntado.
La apertura de esta causa abre una importante instancia de revisión sobre los límites éticos y penales de las manifestaciones públicas emitidas por altos funcionarios estatales en contextos de alta conflictividad social. La resolución que tome la Justicia Federal en los próximos días sentará un precedente clave respecto de la responsabilidad penal de los ministros de Estado a la hora de calificar públicamente las demandas de los movimientos sociales y estudiantiles.
Fuente: Ámbito Financiero
