Tras declaraciones oficiales que reivindican el trabajo independiente no registrado como una elección de libertad, los últimos relevamientos del INDEC exponen una realidad crítica: los asalariados informales perciben menos de la mitad del ingreso de un empleo registrado y quedan marginados de la cobertura médica y la protección social.
En los últimos meses ha emergido desde el Poder Ejecutivo nacional una particular narrativa que busca resignificar el fenómeno del empleo no registrado. Lejos de presentarlo como una distorsión estructural de la economía o una vulneración de derechos, tanto el presidente Javier Milei como las principales autoridades de la Secretaría de Trabajo han comenzado a encuadrar la informalidad como una muestra de “libertad de contratación” y preferencia de los propios trabajadores por contar con un esquema independiente sin las cargas ni obligaciones del empleo formal en relación de dependencia.
Sin embargo, los datos duros elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) contrastan de forma contundente con la visión de la Casa Rosada. De acuerdo con las últimas mediciones de ingresos, la brecha salarial entre el sector registrado y el no registrado alcanzó niveles récords: un trabajador informal promedia percepciones mensuales que no llegan a cubrir ni el 50% de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) o del haber promedio del mercado formal.
A la disparidad de ingresos se suma la pérdida automática de los derechos de la seguridad social, siendo la falta de obra social o medicina prepaga una de las consecuencias más inmediatas para las familias que caen en este sector. El desplome de la cobertura médica obligó a un caudal creciente de personas a volcarse masivamente al sistema de salud pública, tensionando las guardias y hospitales de las principales provincias en un contexto donde los costos de los medicamentos y las cuotas de las prepagas continúan fuera del alcance del sueldo informal.
En paralelo, la brecha entre el discurso oficial y las necesidades de la población se refleja diariamente en las calles. En diversos puntos del país se han multiplicado las postales de largas filas de postulantes para vacantes laborales mínimas: desde las más de mil personas congregadas para trabajar en una parrilla en Berazategui, hasta las cinco cuadras de cola registradas en la ciudad de Córdoba o las más de 2.000 personas que se presentaron esta semana en Moreno para cubrir apenas treinta puestos en un bazar.
Asimismo, las herramientas impulsadas por la gestión libertaria para encauzar la formalización bajo un régimen más flexible han tenido un alcance sumamente acotado. Según datos oficiales aportados por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso, la figura del “trabajador independiente con colaboradores” —creada para permitir que un cuentapropista incorpore hasta tres trabajadores sin generar relación de dependencia laboral— acumula apenas 14.000 inscriptos desde su implementación.
Analistas del mercado de trabajo señalan que la baja adhesión a las nuevas figuras de contratación responde a la falta de incentivos reales para el empleador y a la desconfianza del trabajador, quien percibe que el traspaso hacia esquemas ultrarreflexibles solo formaliza la desprotección sin garantizar una mejora de ingresos. La mayoría de quienes integran la economía informal declaran no haber “elegido” el cuentapropismo, sino haber sido expulsados de puestos formales tras cierres de comercios o reducciones de personal en la industria.
El testimonio de miles de argentinos refleja el impacto cotidiano de esta transición forzada. Historias como las de ex-empleados registrados que hoy subsisten combinando changas, jardinería o pintura para arañar un haber mensual mínimo visibilizan la fragilidad del esquema: la pérdida de la certidumbre de un haber mensual fijo se traduce en una vivencia de “salto al vacío”, donde el horizonte económico se agota en la subsistencia diaria.
Con un desempleo en ascenso y un consumo interno que no termina de despegar, el debate sobre el futuro del empleo en la Argentina enfrenta dos visiones irreconciliables. Mientras el Gobierno apuesta a la desregulación total como motor de una futura reactivación, la realidad económica actual muestra a millones de trabajadores informales atrapados entre la pérdida de derechos básicos, ingresos de indigencia y la urgencia de conseguir un empleo estable que la economía aún no logra generar.
Fuente: Ámbito Financiero
