El diputado bonaerense Manuel Passaglia presentó un pedido de enjuiciamiento contra el juez Alejandro López, quien absolvió al dirigente de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a otros seis acusados por el conflicto con la empresa Rey Distribución. La iniciativa busca investigar si hubo mal desempeño en la fundamentación del fallo, mientras la decisión judicial continúa generando fuertes cruces políticos y sindicales.
El fallo que absolvió al dirigente de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a otros seis imputados por una protesta frente a la empresa Rey Distribución, en San Pedro, sumó un nuevo capítulo judicial y político. El diputado bonaerense Manuel Passaglia, del bloque Hechos y exintendente de San Nicolás, anunció que presentó un pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez Alejandro López, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás. La presentación busca que se investigue si el magistrado incurrió en mal desempeño al fundamentar la absolución.
La iniciativa se conoció después de que López considerara que los hechos juzgados, ocurridos en febrero de 2021, se encuadraron en el ejercicio legítimo del derecho de huelga y no configuraron los delitos atribuidos a los acusados. Cabaleyro, referente local del Sindicato de Camioneros, y otros seis imputados habían enfrentado acusaciones relacionadas con extorsión y turbación de la posesión. La fiscalía había solicitado diez años de prisión para el dirigente, mientras que la querella de la familia propietaria de la empresa reclamaba una pena mayor.
Passaglia cuestionó públicamente la interpretación del magistrado y sostuvo que el derecho a reclamar no puede justificar que una empresa quede impedida de funcionar. En declaraciones difundidas por InfoGremiales, el legislador afirmó que el juez reconoció la existencia de un bloqueo, pero lo consideró legítimo por estar vinculado con una protesta sindical. A partir de esa lectura, reclamó que se examine cómo se fundamentó jurídicamente la decisión y si existieron irregularidades que justifiquen una investigación disciplinaria.
El pedido de jury no equivale a una revocación de la absolución ni significa que el juez haya sido encontrado responsable de una falta. El procedimiento tiene por objeto determinar si existen motivos para evaluar su desempeño como magistrado. La denuncia apunta a la fundamentación jurídica del fallo y a la interpretación de antecedentes judiciales utilizados para respaldar la decisión. La distinción es importante: cuestionar una sentencia o sostener que su razonamiento es equivocado no demuestra, por sí solo, que exista una causal de destitución.
El conflicto original se remonta a una protesta sindical realizada en los accesos de Rey Distribución, una pequeña empresa de San Pedro. La causa investigó la obstrucción de la actividad empresarial y las acusaciones formuladas contra los trabajadores y dirigentes involucrados. En su resolución, López entendió que la protesta debía analizarse dentro del marco del derecho de huelga. La parte querellante y sectores políticos críticos de la decisión sostienen, en cambio, que el bloqueo afectó derechos de terceros y que ese aspecto debía tener una consideración penal diferente.
La presentación de Passaglia profundiza así una disputa sobre los límites de la acción sindical y la protección de la actividad económica. Para quienes cuestionan la absolución, el ejercicio de la huelga no puede justificar cualquier modalidad de protesta, especialmente cuando impide el ingreso o la salida de una empresa. Desde sectores gremiales, en cambio, se advierte que la intervención penal no debe utilizarse para criminalizar medidas de fuerza vinculadas con reclamos laborales. El análisis jurídico exige distinguir entre la legitimidad de la huelga y las conductas concretas que se hayan probado durante un conflicto.
El caso también adquirió dimensión política por los antecedentes de enfrentamiento entre Passaglia y el Sindicato de Camioneros en San Nicolás. El exintendente había cuestionado anteriormente las medidas de fuerza realizadas por el gremio y ahora impulsa una investigación disciplinaria contra el magistrado que absolvió a Cabaleyro. La controversia se desarrolla en un contexto de debate nacional sobre las reformas laborales, la libertad sindical y el alcance de los derechos de protesta, cuestiones que enfrentan interpretaciones diferentes entre dirigentes políticos, representantes empresariales y organizaciones de trabajadores.
La presentación deberá ser evaluada por los órganos competentes de la provincia de Buenos Aires, que determinarán si corresponde avanzar con el procedimiento. Por separado, las partes también pueden recurrir la sentencia por las vías judiciales previstas. Hasta que exista una resolución sobre el pedido de jury, López continúa siendo el juez que dictó la absolución y no corresponde presentar la denuncia como una sanción o una destitución consumada. El caso vuelve a colocar en el centro de la discusión el equilibrio entre el derecho de huelga, la actividad empresarial y los mecanismos de control sobre las decisiones judiciales.
Fuente: InfoGremiales
