El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, convocó a profundizar las protestas en las provincias contra los legisladores que no bajaron al recinto para habilitar el debate sobre la derogación del decreto. La sesión fracasó con 121 diputados presentes, ocho menos de los necesarios, y desató fuertes cuestionamientos sindicales.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) endureció su postura contra el Gobierno nacional y apuntó directamente contra los diputados que no dieron quórum para debatir la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. Durante una jornada de paro de 24 horas y movilización frente al Congreso, el sindicato reclamó la anulación de la norma impulsada por el gobierno de Javier Milei y llamó a trasladar las protestas a las provincias de los legisladores ausentes.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue uno de los principales impulsores de la convocatoria. Tras la caída de la sesión, sostuvo que las organizaciones sindicales y los sectores movilizados debían ir a buscar a los diputados en sus distritos y manifestarse frente a sus domicilios. “Si no hay quórum, tiene que haber escrache”, afirmó el dirigente, quien reclamó que los representantes elegidos por espacios opositores expliquen por qué no participaron del debate parlamentario.
Aguiar también lanzó acusaciones contra los legisladores ausentes y atribuyó sus decisiones a supuestos acuerdos políticos con el oficialismo. “Si no hay quórum es porque hay pacto, porque cobraron”, expresó. Se trata de afirmaciones realizadas por el dirigente sindical, que no fueron acompañadas en la información consultada por pruebas que acrediten la existencia de pagos ilegales. Sus declaraciones profundizaron la controversia en torno a la responsabilidad política de quienes impidieron que comenzara la sesión.
La convocatoria de ATE se produjo luego de que la Cámara de Diputados no lograra reunir el número necesario para abrir el recinto y tratar el rechazo al DNU 70/23. Según los registros difundidos sobre la sesión del 15 de octubre, se presentaron 121 legisladores, cuando el reglamento exige un mínimo de 129 para alcanzar el quórum. La ausencia de ocho diputados más de los presentes habría sido suficiente para habilitar el inicio del debate, pero la oposición no consiguió reunirlos.
El sindicato cuestiona el decreto porque considera que sus disposiciones afectan derechos laborales y modifican un amplio conjunto de normas legales. ATE sostiene que el DNU alcanza la vigencia y el contenido de 81 leyes y argumenta que su dictado no reúne las circunstancias excepcionales previstas por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Por ese motivo, la organización viene reclamando su derogación y considera que la falta de debate parlamentario prolonga un conflicto institucional y social.
La protesta se desarrolló en distintas partes del país, con modalidades que incluyeron paros, asambleas, radios abiertas, cortes de ruta y movilizaciones. ATE informó que durante la jornada se mantuvieron guardias mínimas en hospitales y servicios de emergencia, así como prestaciones esenciales vinculadas con la atención de niños, adolescentes y personas mayores. También se contemplaron servicios mínimos en áreas como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el PAMI y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
El llamado a manifestarse frente a los domicilios de los diputados abrió, además, una discusión sobre las formas de ejercer presión política y reclamar rendición de cuentas a los representantes electos. Mientras Aguiar sostiene que la movilización debe continuar en las provincias, sus acusaciones contra los legisladores forman parte de la confrontación política y sindical que rodea al decreto. El reclamo público a los funcionarios y la protesta social son formas de participación, pero cualquier acción debe desarrollarse sin amenazas, hostigamiento ni intimidación personal.
Con la sesión frustrada, el DNU 70/23 no fue derogado en esa jornada y el conflicto quedó abierto. ATE anticipó que continuará impulsando medidas de fuerza y movilizaciones para exigir el tratamiento de su rechazo. La disputa también deja planteado un interrogante sobre el papel de los bloques opositores y de los legisladores que deciden no participar de una sesión: sus ausencias pueden impedir un debate, aunque las razones y responsabilidades políticas de cada caso deben analizarse a partir de información verificable.
Fuente: InfoGremiales
