La movilización en defensa de la universidad pública terminó con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes en las inmediaciones del Congreso. Referentes de distintos espacios de la oposición cuestionaron el operativo de seguridad, mientras el Gobierno responsabilizó por los incidentes a grupos de manifestantes.
La quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el jueves 15 de octubre frente al Congreso de la Nación, estuvo marcada por momentos de tensión e intervenciones de las fuerzas de seguridad. La movilización reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades universitarias que reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Durante el acto central se registraron incidentes en las inmediaciones del Parlamento y el operativo policial incluyó gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes.
Los episodios provocaron una rápida reacción de dirigentes opositores, que cuestionaron el accionar de las fuerzas de seguridad y responsabilizaron al Gobierno nacional por la respuesta ante la protesta. Las críticas se concentraron en el uso de elementos de dispersión en una jornada convocada para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas. Las circunstancias de los incidentes y las responsabilidades por los enfrentamientos fueron objeto de interpretaciones contrapuestas entre los manifestantes, la oposición y el oficialismo.
El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, expresó sus dudas sobre el origen de los incidentes y cuestionó el papel de la Policía durante la movilización. “¿Por qué cuando no está la Policía nunca hay problema? ¿No será porque esto está armado por la propia Policía?”, planteó ante la prensa. Sus declaraciones apuntaron a poner en discusión el desarrollo del operativo y la intervención de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso.
Desde el Frente de Izquierda, la diputada nacional Myriam Bregman también repudió la actuación policial. A través de sus redes sociales, sostuvo que el uso de la represión estatal frente a las protestas constituye una práctica autoritaria y defendió el derecho a manifestarse. Su pronunciamiento se sumó a los cuestionamientos de otros referentes opositores, que señalaron que el reclamo universitario debía poder desarrollarse sin que la intervención de las fuerzas de seguridad terminara desplazando el eje de la movilización.
El diputado nacional Esteban Paulón vinculó los incidentes en las calles con la discusión que se desarrollaba dentro del Congreso. El legislador cuestionó que, mientras sectores opositores buscaban avanzar con el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, en las inmediaciones del Parlamento se utilizaban gases, balas de goma y camiones hidrantes para dispersar a manifestantes. En ese marco, acusó al Gobierno de incumplir la ley y reprimir a quienes exigían su cumplimiento.
También se pronunció Roy Cortina, presidente del Partido Socialista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien calificó de “vergonzosa” la represión durante la quinta Marcha Federal Universitaria. El dirigente sostuvo que los episodios no detendrían el reclamo y exigió al presidente Javier Milei que cumpliera con la legislación vigente. Por su parte, el diputado radical Pablo Juliano afirmó que integrantes del personal de la Cámara de Diputados también habían quedado expuestos a los gases durante los acontecimientos.
Desde el Gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, rechazó los hechos de violencia y sostuvo que algunos manifestantes habían arrojado objetos contundentes e intentado superar el vallado del Palacio Legislativo. La funcionaria defendió la intervención policial y afirmó que quienes agredieran a efectivos o cometieran delitos debían responder ante la Justicia. De esta manera, mientras la oposición puso el foco en la represión y en el derecho a la protesta, el oficialismo justificó el operativo como una respuesta a los incidentes registrados.
La movilización volvió a colocar en el centro de la discusión el financiamiento de las universidades nacionales y la obligación del Estado de garantizar el funcionamiento del sistema público de educación superior. El documento conjunto difundido por organizaciones universitarias reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió sobre sus consecuencias para los salarios y las becas. Los incidentes ocurridos frente al Congreso sumaron un nuevo foco de conflicto a una disputa que combina reclamos presupuestarios, decisiones institucionales y el debate sobre los límites de la intervención de las fuerzas de seguridad ante una manifestación pública.
Fuente: Infonews
