Empleados de la planta 2 de la ex Cresta Roja, actualmente operada por Wade, vinculada al grupo Granja Tres Arroyos, bloquearon los tres accesos al establecimiento de El Jagüel para reclamar el pago de salarios e indemnizaciones. Según denunciaron los trabajadores, los registros de ARCA muestran que las indemnizaciones de alrededor de 450 despedidos figuran como abonadas, pese a que aseguran no haber recibido el dinero. La situación, sostienen, también les genera dificultades para acceder a prestaciones sociales. El conflicto se profundiza tras el vencimiento de la conciliación obligatoria y en medio de una crisis que golpea a la industria avícola.
La crisis laboral en la ex Cresta Roja sumó un nuevo capítulo el martes 13 de octubre, cuando trabajadores de la planta 2 de El Jagüel, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, bloquearon los tres portones de acceso al establecimiento. La medida comenzó alrededor de las cinco de la mañana y fue impulsada para reclamar una respuesta ante los despidos, la falta de pago de cuatro meses de salarios y las indemnizaciones que, según los empleados, continúan pendientes. La protesta se desarrolló en una de las instalaciones operadas por Wade, firma vinculada a Granja Tres Arroyos, en medio de un escenario de fuerte deterioro de la actividad y creciente incertidumbre sobre el futuro de los puestos de trabajo. Los manifestantes buscaron visibilizar su situación y exigir que la empresa dé respuestas concretas a quienes quedaron afectados por las desvinculaciones.
Uno de los aspectos más graves denunciados por los trabajadores es la presunta diferencia entre la información que figura en los registros oficiales y el dinero que aseguran haber recibido. Según relató un encargado del sector de empaque a El Diario Sur, las indemnizaciones de aproximadamente 450 personas despedidas aparecen registradas como pagadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), aunque los trabajadores sostienen que no cobraron las sumas correspondientes. La denuncia plantea una situación que requiere aclaración por parte de la empresa y de los organismos competentes, ya que la información registrada podría no coincidir con la situación económica real de los afectados. Hasta tanto se conozcan las explicaciones y la documentación pertinente, se trata de un señalamiento formulado por los empleados y no de una irregularidad acreditada mediante una resolución definitiva.
La situación denunciada tendría consecuencias que van más allá de la falta de ingresos inmediatos. Los trabajadores explicaron que, al figurar como si hubieran cobrado indemnizaciones o continuaran percibiendo ingresos y realizando aportes, encuentran obstáculos para tramitar determinadas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). De acuerdo con sus testimonios, los registros les atribuyen una situación económica que no se corresponde con el dinero que efectivamente recibieron. Esto agrava la incertidumbre de las familias que quedaron sin empleo y que necesitan acceder a mecanismos de protección social mientras buscan una nueva fuente de ingresos. Para los afectados, resolver las diferencias administrativas resulta urgente, porque la falta de salarios e indemnizaciones se combina con dificultades para acceder a beneficios que podrían ayudarlos a atravesar el período de desempleo.
Durante la protesta, los manifestantes también denunciaron movimientos de mercadería dentro de la planta. Un trabajador aseguró que algunos responsables del establecimiento intentaban retirar pollos almacenados en las cámaras frigoríficas para comercializarlos y que los empleados decidieron impedir la salida de esos productos. El bloqueo de los accesos buscó presionar para obtener respuestas sobre las deudas salariales y las indemnizaciones, aunque los propios trabajadores reconocieron que todavía no habían definido cuánto tiempo permanecerían en el lugar. La medida refleja el nivel de tensión alcanzado en el conflicto y la desconfianza que expresan los empleados frente a la falta de soluciones. Las afirmaciones sobre el movimiento de mercadería corresponden a los testimonios difundidos durante la protesta y no deben interpretarse, por sí solas, como una comprobación judicial de un posible vaciamiento.
Los empleados también cuestionaron la falta de respuestas de sus representantes sindicales. Según relató uno de los trabajadores, habían intentado comunicarse con los delegados sin obtener contestaciones que permitieran despejar la incertidumbre sobre el conflicto. Ante esa situación, los afectados resolvieron presentarse en la planta y avanzar con el bloqueo de los portones. El malestar expuesto durante la protesta pone de manifiesto que, además de la deuda salarial y las desvinculaciones, existe una demanda de acompañamiento y representación para enfrentar el proceso. En un conflicto que involucra a cientos de personas, el acceso a información clara sobre los reclamos, las negociaciones y las alternativas legales resulta fundamental para que los trabajadores puedan conocer sus derechos y decidir los pasos a seguir.
La protesta se produjo después del vencimiento del período de conciliación obligatoria que había enmarcado las negociaciones entre la empresa y la representación sindical. En los primeros días de octubre, InfoGremiales informó que Granja Tres Arroyos había ratificado 1.250 despidos distribuidos entre las plantas de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar, luego de una instancia de negociación que terminó sin acuerdo. La firma argumentó que debía adecuar su estructura al nivel de actividad disponible y preservar la continuidad de la explotación, mientras los trabajadores y el sindicato cuestionaron las consecuencias de las desvinculaciones y reclamaron el pago de los salarios adeudados. El fin de la conciliación dejó el conflicto en una etapa de mayor incertidumbre, con los despidos ratificados y sin una salida consensuada entre las partes.
La crisis laboral se desarrolla, además, en paralelo a un complejo escenario financiero y judicial para el grupo avícola. El 2 de octubre, InfoGremiales informó que el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 21 dispuso medidas cautelares sobre bienes del grupo Granja Tres Arroyos y ordenó la indisponibilidad de más de 13,5 millones de dólares depositados en el Banco de Comercio, además de requerir explicaciones sobre otros fondos informados en el expediente. La decisión se adoptó en medio de denuncias sobre el destino de activos y de cuestionamientos por las dificultades de la compañía para cumplir regularmente con sus obligaciones laborales. El magistrado también requirió información sobre el pago de salarios y cargas sociales. Estas actuaciones no equivalen a una sentencia definitiva sobre las denuncias, pero muestran que la situación de los trabajadores se encuentra atravesada por una disputa judicial sobre las finanzas y el futuro de la empresa.
Para los trabajadores de El Jagüel, el impacto de la crisis se traduce en una pérdida concreta de ingresos y en la dificultad de planificar el futuro familiar. Cuatro meses de salarios adeudados representan una carga difícil de sostener para quienes dependen de su empleo para pagar alquileres, alimentos, servicios y otros gastos esenciales. La falta de indemnizaciones agrava esa situación, especialmente cuando la desvinculación laboral se produce sin que los afectados cuenten con los recursos que esperan recibir para afrontar el período de transición. A eso se suma la presunta inconsistencia en los registros administrativos denunciada por los empleados, que podría complicar el acceso a prestaciones sociales. Por ese motivo, el conflicto requiere respuestas sobre distintas cuestiones: el pago efectivo de las obligaciones laborales, la situación de los despidos, la regularización de los registros y las condiciones para que las personas afectadas puedan acceder a los beneficios que les correspondan.
El bloqueo de la planta de El Jagüel expone, en definitiva, la profundidad de una crisis que no se limita a una discusión empresarial, sino que afecta de manera directa a cientos de trabajadores y sus familias. Los empleados reclaman cobrar los salarios y las indemnizaciones que aseguran que se les adeudan, mientras esperan explicaciones sobre los registros de ARCA y las dificultades para tramitar prestaciones de ANSES. El conflicto se suma a las desvinculaciones registradas en otras instalaciones del grupo y a las actuaciones judiciales sobre su situación financiera. Para destrabarlo será necesario que la empresa brinde información verificable, que se esclarezcan las diferencias administrativas denunciadas y que se determinen los mecanismos para cumplir con las obligaciones laborales pendientes. Mientras no haya respuestas concretas, la incertidumbre sobre los ingresos y el futuro laboral seguirá siendo el principal problema para quienes quedaron en medio de la crisis.
Fuente: InfoGremiales
