Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) rechazaron el traslado de 40 especialistas del área de Metrología Legal a la Secretaría de Industria y Comercio. Según denunciaron, deberán analizar más de 9.400 expedientes en seis meses, sin capacitación previa y con la posibilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial. El personal advirtió que el cambio de funciones y la reducción de controles sobre productos importados pueden comprometer el rigor técnico y la seguridad de la población. La protesta se realizó en la sede central del organismo, en medio de cuestionamientos a la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional.
La tensión en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial se profundizó luego de que las autoridades comunicaran el traslado de 40 trabajadores especializados en Metrología Legal a las oficinas de la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía. La medida, que generó un rechazo unánime entre los técnicos afectados, fue cuestionada por modificar las condiciones en las que desarrollaban sus tareas y por apartarlos de la estructura especializada del organismo. Según informó InfoGremiales, los trabajadores fueron notificados de que deberán incorporarse a las oficinas de la Secretaría que conduce Pablo Lavigne para colaborar en la evaluación de reglamentos técnicos aplicables a productos importados. La decisión provocó preocupación dentro del INTI, donde los empleados consideran que la reorganización puede debilitar capacidades técnicas construidas durante años de trabajo especializado.
Los trabajadores afectados pertenecían a la ex Dirección de Metrología Legal, disuelta mediante la Resolución 213/2025. Hasta el año pasado, sus tareas incluían la verificación de instrumentos que tienen impacto directo en la seguridad pública y en la vida cotidiana, como surtidores de combustible, radares y alcoholímetros. Estos controles requieren conocimientos específicos, procedimientos técnicos y criterios de evaluación que permitan determinar si los instrumentos cumplen con las normas correspondientes. Por eso, el traslado generó cuestionamientos entre los empleados, que sostienen que sus capacidades profesionales no deberían utilizarse sin una planificación adecuada ni separarse del respaldo institucional y técnico del INTI. El conflicto, de esta manera, excede una discusión administrativa sobre destinos laborales y abre interrogantes sobre la organización de los controles y el aprovechamiento de la experiencia de los especialistas.
Uno de los principales argumentos comunicados a los trabajadores para justificar el cambio fue la acumulación de expedientes pendientes en la Secretaría de Industria y Comercio. De acuerdo con lo que les informaron, el área tiene más de 9.400 casos sin resolución y busca que sean analizados en un plazo de seis meses. La magnitud de esa tarea encendió las alarmas entre los técnicos, que cuestionaron la posibilidad de cumplir con semejante volumen de evaluaciones sin una capacitación previa específica. Según su planteo, el objetivo de acelerar los trámites no debería desplazar la necesidad de realizar análisis rigurosos y respaldados por conocimientos especializados. El personal considera que el cumplimiento de plazos administrativos no puede convertirse en el único criterio para evaluar productos que deben satisfacer requisitos técnicos y de seguridad antes de su comercialización.
La preocupación aumentó cuando, según los testimonios recogidos por el medio, las autoridades indicaron que los trabajadores podrían utilizar herramientas de inteligencia artificial para analizar los expedientes. Los especialistas rechazaron la propuesta por considerar que no se explicaron los procedimientos, los criterios técnicos ni los mecanismos de supervisión que se aplicarían a esas evaluaciones. La inteligencia artificial puede servir como herramienta de apoyo para ordenar documentación o identificar información, pero no reemplaza automáticamente la validación técnica, la responsabilidad profesional ni los ensayos que puedan resultar necesarios para comprobar que un producto cumple con los requisitos establecidos. Para los trabajadores, incorporar estas herramientas sin capacitación y sin un protocolo claro abre interrogantes sobre la calidad de las evaluaciones y la responsabilidad por eventuales errores.
El cuestionamiento central también está relacionado con el cambio en el sistema de control de los productos importados. De acuerdo con la información publicada, los técnicos deberán intervenir en evaluaciones posteriores al ingreso de las mercaderías, en lugar de participar en un esquema de control previo. Este enfoque se vincula con las modificaciones implementadas por el Gobierno nacional para simplificar la importación y la aplicación de reglamentos técnicos. Un informe del Centro Despachantes de Aduana había señalado que, desde fines de febrero de 2025, la Aduana dejó de fiscalizar determinadas mercaderías y documentación vinculadas con esos reglamentos, mientras la Secretaría de Industria y Comercio desarrolló mecanismos de fiscalización posterior. El debate consiste en determinar cómo garantizar el cumplimiento de las normas cuando la verificación se realiza después de que los productos ingresaron al mercado y qué capacidad de respuesta existe frente a eventuales incumplimientos.
La protesta también puso en evidencia un conflicto interno sobre la forma en que se comunicó e implementó la decisión. Según el relato de los trabajadores, la notificación fue realizada durante una reunión encabezada por el director operativo del INTI, Daniel Loiacono, junto con delegados de la Junta Interna de ATE en el organismo. Los empleados afirmaron que el secretario general de ATE INTI, Francisco Dolmann, les transmitió que debían cumplir con la nueva tarea y que no tenían alternativa, en una decisión que habría sido presentada como “una cuestión política”. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia difundida por los trabajadores y no equivalen a una determinación independiente sobre las responsabilidades de cada funcionario o dirigente. Frente a lo ocurrido, empleados de distintos sectores convocaron una asamblea multisectorial para expresar su rechazo al traslado y cuestionar el modo en que se modificaron sus funciones.
La concentración realizada el martes 13 de octubre frente a la sede central del INTI, ubicada sobre la avenida General Paz, buscó visibilizar tanto el conflicto laboral como las posibles consecuencias institucionales de la reorganización. Los trabajadores calificaron la medida como compulsiva y cuestionaron que se los aparte de su ámbito de especialización para asumir tareas que consideran insuficientemente definidas. También expresaron preocupación por el futuro de las capacidades técnicas del organismo, cuya función incluye asistir a la industria, desarrollar tecnología y brindar servicios de medición, ensayo y evaluación. En este contexto, el reclamo no se limita a las condiciones laborales de los 40 empleados involucrados: plantea qué recursos humanos y técnicos necesita el Estado para sostener controles confiables y responder cuando existen dudas sobre la seguridad o el cumplimiento normativo de los productos que circulan en el país.
El conflicto en el INTI abre, en definitiva, una discusión sobre los límites de la desregulación, la función de los organismos técnicos y el equilibrio entre agilizar las importaciones y proteger a los consumidores. Las autoridades deberán explicar cómo se garantizarán la capacitación, la trazabilidad de las evaluaciones, la supervisión profesional y los mecanismos para corregir eventuales incumplimientos. Al mismo tiempo, el reclamo de los trabajadores pone en el centro la importancia de preservar el conocimiento especializado acumulado en el Estado y de evitar que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas se convierta en un sustituto de los procedimientos técnicos necesarios. Mientras los empleados exigen revisar el traslado y las condiciones de trabajo, sigue pendiente una respuesta que permita conocer cómo se organizará el nuevo esquema de evaluación y qué garantías ofrecerá para asegurar que los productos importados cumplan con los requisitos aplicables.
Fuente: InfoGremiales
