El barco chileno Danstar tiene previsto iniciar en noviembre una ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. Informes de inteligencia chilenos advierten sobre un posible incidente si la embarcación es interceptada por fuerzas argentinas, mientras el Gobierno nacional sostiene su reclamo de soberanía sobre el archipiélago y sus recursos naturales.
La relación entre Argentina y Chile enfrenta un nuevo foco de tensión por la próxima navegación del buque comercial Danstar, que tiene previsto transportar mercadería desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas. La iniciativa, impulsada por la empresa Easter Island Naviera, busca establecer una conexión marítima regular para abastecer al archipiélago con alimentos, materiales de construcción, maquinaria y otros productos. La travesía, prevista para noviembre, despertó preocupación en sectores políticos y de inteligencia chilenos ante la posibilidad de que surjan diferencias con las autoridades argentinas durante el recorrido.
De acuerdo con información publicada por el medio chileno BioBioChile y retomada por medios argentinos, fuentes de inteligencia de ese país calificaron como un posible “evento crítico” una eventual interceptación del buque. La preocupación se concentra en el momento en que la embarcación abandone el estrecho de Magallanes y continúe su navegación por aguas bajo jurisdicción argentina. Sin embargo, se trata de un escenario hipotético: hasta el momento no se informó que el barco haya sido detenido ni que exista una decisión oficial argentina de impedir su viaje.
El Danstar, de bandera chilena y propiedad de Easter Island Naviera, tiene una capacidad de carga de aproximadamente 1.389 toneladas. La empresa pretende que Punta Arenas se convierta en un punto de abastecimiento para las islas, con una ruta que compita con conexiones comerciales existentes. La fecha exacta de salida se mantiene bajo reserva, según los reportes periodísticos, y la opción de realizar la travesía por el mar de Drake fue descartada. El recorrido elegido atravesaría el estrecho de Magallanes antes de continuar hacia el Atlántico Sur.
El conflicto tiene una dimensión jurídica vinculada con las normas argentinas que regulan la navegación hacia las islas. El Decreto 256/2010 establece que los buques que se dirijan desde puertos continentales argentinos a las Malvinas, o que naveguen por aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino, deben solicitar autorización previa. La norma forma parte de la política argentina destinada a reafirmar sus derechos soberanos sobre el archipiélago. No obstante, su aplicación a una embarcación chilena que parte de Punta Arenas plantea cuestiones de derecho internacional marítimo que requieren considerar también los tratados vigentes entre ambos países.
Uno de esos instrumentos es el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que establece garantías para la libre navegación de buques de todas las banderas en las aguas jurisdiccionales vinculadas con el estrecho de Magallanes. A esto se suman los acuerdos limítrofes del siglo XIX que reconocen la soberanía chilena sobre ese paso marítimo. Especialistas citados por Infobae señalaron que una eventual interceptación de un buque mercante que navegue legalmente podría generar cuestionamientos jurídicos y diplomáticos. Por eso, el escenario no depende solamente de la posición argentina sobre Malvinas, sino también de las obligaciones internacionales que regulan la navegación.
La controversia se produce en un contexto de endurecimiento de la posición argentina frente a las actividades económicas y petroleras vinculadas con las islas. El Gobierno de Javier Milei viene cuestionando los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos promovidos por empresas que operan con licencias británicas en la zona en disputa, entre ellos el desarrollo conocido como Sea Lion. La Cancillería sostiene que esas actividades avanzan sobre recursos naturales que considera argentinos y ha reclamado que terceros países no faciliten operaciones que contribuyan a consolidarlas. El posible abastecimiento comercial desde Chile se incorpora así a una discusión regional más amplia.
En paralelo, legisladores argentinos de distintos espacios enviaron comunicaciones a gobiernos de la región para solicitar que no permitan que sus puertos, aeropuertos e infraestructura logística sean utilizados para facilitar actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales en Malvinas. La iniciativa se apoya en resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y llaman a buscar una solución negociada. El planteo refleja la intención de ampliar el respaldo internacional al reclamo argentino, aunque no significa que todo intercambio comercial con las islas constituya automáticamente una actividad petrolera.
¿Qué puede pasar cuando el Danstar inicie el viaje? Por ahora, hay varios escenarios posibles: que la navegación se realice sin incidentes; que Argentina formule una protesta diplomática o reclame el cumplimiento de las normas que considera aplicables; o que se produzca una controversia si las autoridades intentan intervenir sobre el buque. Este último escenario es el que genera mayor preocupación en las fuentes citadas por la prensa chilena, pero no existe confirmación de que vaya a ocurrir. La evolución del caso dependerá de las decisiones de ambos gobiernos, del recorrido definitivo y de cómo se interpreten las normas internacionales aplicables. El desafío será sostener las posiciones soberanas sin desencadenar una crisis bilateral que afecte la relación entre dos países vecinos.
Con ayuda de La Nueva Mañana
